Tres detenidos por explotar a extranjeros, uno víctima de accidente laboral

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un empresario y a dos de sus empleados, y ha imputado a un tercero, por los supuestos delitos de explotación laboral a varios extranjeros en situación irregular y bloqueados en Melilla por el cierre fronterizo debido a la pandemia, uno de los cuales sufrió un grave accidente laboral.

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que esta actuación es fruto de una investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que tuvo conocimiento de la posible situación de explotación laboral en una empresa de bricolaje.

Junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Policía comprobó cómo al menos 5 ciudadanos extranjeros en situación irregular en España y sin permiso de trabajo estaban prestando sus servicios para dicha empresa, además de otros dos en situación regular que trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Las víctimas eran un tunecino residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y cuatro marroquíes bloqueados en Melilla por el cierre fronterizo, cuya "extrema situación de necesidad personal y económica" era aprovechada por los ahora detenidos.

Estos trabajadores extranjeros realizaban labores de transporte y montaje de los muebles adquiridos por los clientes y, según su testimonio, tenían una jornada laboral de 11 horas diarias, con un descanso de 20 minutos con una remuneración de 20 euros por cada montaje de muebles y sin acceso a sus derechos laborales por su situación administrativa irregular.

Uno de los trabajadores sufrió un grave accidente laboral, concretamente un corte en un brazo mientras montaba en un domicilio particular unos muebles de cocina adquiridos en dicha empresa, por el que requirió intervención quirúrgica y que le ha dejado graves secuelas al causarle la retracción del miembro afectado.

La explotación laboral de esta víctima era "especialmente reprochable a los detenidos", ya que conocían su situación de extrema vulnerabilidad y necesidad, dado que de sus ingresos dependía su familia de ocho miembros en Marruecos.

Además, los explotadores se desentendieron completamente del accidentado para que no fuera vinculado con la empresa por las autoridades, "llegando incluso posteriormente a coaccionarle con llamadas telefónicas, visitas y seguimientos, para que desistiera de la denuncia que había interpuesto contra ellos", según la Policía.

Los tres detenidos y el imputado son de nacionalidad española y marroquí y están acusados de supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores por dar empleo a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones en las que ven restringidos los derechos reconocidos a los trabajadores en disposiciones legales o convenios colectivos, y por delito de coacciones.