Tres años de investigaciones

Durante la campaña electoral vimos cómo el PP se vio contra las cuerdas cada vez que el resto de partidos le acosaban sacándole los trapos sucios (y los colores) en temas de corrupción. Los bárcenas, los correa y los granados han hecho mucho daño al partido de Rajoy.

Antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria las comunidades autónomas del Levante, las que más cancha dieron al ladrillo, vieron desfilar por los juzgados a la mayoría de sus alcaldes, acusados de firmar convenios urbanísticos a cambio de recalificaciones de terrenos y cobros de comisiones.
Ha habido sentencias, pero a la cárcel entraron muy pocos políticos. Inahibilitados para ejercer un cargo público quedaron tres o cuatro, pese a que los periódicos reprodujeron escuchas telefónicas y conversaciones en las que los ediles se repartían “algo” diciendo: “Para ti, para mí y para nadie más”.
De aquella época la opinión pública se quedó con los fuegos artificiales de un espectáculo mediático que no tuvo castigo de los jueces, porque una cosa es la falta de ética y otra el delito. Tampoco las urnas dictaron sentencia.
Ayer nuestra ciudad fue escenario de una nueva operación de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil.
El viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, declaró en la Comandancia de la Benemérita durante cerca de siete horas, acusado de un presunto delito de cohecho y prevaricación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado que se trata de una pieza separada de la ‘Operación Tosca’ que, a su vez, es una fase aparte de la ‘Operación ‘Ópera’. Ambas investigan una supuesta trama de corrupción a la hora de adjudicar contratos públicos en Melilla.
Llevamos tres años siendo testigos de una megaoperación que lleva más de 23 detenidos y una veintena de imputados y que sigue sin resolverse.
No es por meterle prisa a los jueces, pero en el punto en que está este país, los tribunales deberían ayudarnos a ir cerrando capítulos. Una justicia lenta no colabora en la devolución de la confianza en los representantes de los españoles.
La corrupción no tiene color político. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Debemos respetar la presunción de inocencia, pero también debemos ser firmes con el que mete la mano donde no debería.