Tragsa se hará cargo de la gestión del Centro de Menores de La Purísima

La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, anunció este miércoles que en el plazo de un mes y medio la empresa Tragsa se hará cargo del Centro de Menores de La Purísima tras los fallidos contratos de emergencia “del anterior Gobierno” con la empresa Arquisocial.

Mohamed empezó su intervención, recordando que la situación contractual del Centro de Menores de La Purísima “viene heredada del anterior Gobierno. Al llegar al Gobierno nos encontramos con un contrato de emergencia, contemplado en el artículo 120 de la Ley de Contratación del Sector Público que implicaba la guardia y gestión integral a menores en el centro educativo y residencial de menores”.

Los problemas comenzaron cuando el 8 de enero del año 2021 concluyó la prórroga de un año concedida a la empresa Arquisocial: “dicha decisión fue adoptada unilateralmente por parte de la consejera de Hacienda del anterior Gobierno, ya que la prórroga debería haber sido de dos años. Tras concluir esta ampliación, se procedió a una orden por parte de esta consejera a fecha 3 de mayo del 2021 y se adjudicó a la misma empresa otro contrato de emergencia”.

Según dictaba la orden, el convenio se establecía en los mismos términos económicos y jurídicos que el contrato anterior, por lo tanto “quiero aclarar que este Gobierno no ha ratificado ningún contrato, ni prórroga sobre este servicio tras la contratación de emergencia. De esta forma, quiero negar algunas de las declaraciones que se pronunciaban en este sentido. Este contrato no fue formalizado por el Gobierno anterior, no hubo ningún convenio como tal”.

Pese a ello se solicitaron dos expedientes de contratación: uno por procedimiento abierto, y el segundo negociado, pero ambos quedaron desiertos. “Fruto de la no formalización y debido al escrito de la contratación de emergencia, la Intervención General procedió a paralizar los pagos por parte de la Ciudad Autónoma a la empresa”.

Ante este escenario, subrayó la consejera Randa Mohamed, “hemos tenido que trabajar en varias direcciones para solventar este problema”.

De esta forma, en 2023 se elaboró un expediente al cual se incorporó el Recurso Especial en Materia de Contratación, el cual no se pudo llevar a cabo como consecuencia de un informe emitido por el secretario general de la Ciudad Autónoma y del propio interventor que “determinan la posible nulidad de este contrato y del anterior de emergencia, ya que se estipulaban las mismas cláusulas que en el anterior acuerdo al de emergencia y este contrato se había prolongado con unas formas de legalidad dudosa para abonar la deuda. Además queríamos hacer frente a esta deuda a través de un expediente de responsabilidad contractual que, en estos momentos, se encuentra en fase de fiscalización. Por otra parte, queríamos facilitar un nuevo contrato que lo necesitamos para este año, en el cual podamos incluir el 25 por ciento del plus de residencia que es lo que reclaman los trabajadores aparte de cobrar conforme al cuarto convenio colectivo estatal”.

Finalmente, a esta licitación se presentó una única empresa, pero debido a los elevados requisitos de solvencia económica y financiera que se exigían, la licitación quedó desierta y paralelamente el expediente.

Tras este acontecimiento, el pasado año Arquisocial interpuso una demanda ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo por impago de la Administración y fue en mayo de este año cuándo el Gobierno de la Ciudad Autónoma abonó una cuantía de 6.100.000 euros por orden judicial.

A esta cantidad hay que sumar la que la empresa debe a los trabajadores, también por sentencia judicial, 750.000 euros, aunque todavía no se ha procedido al pago. “Entendemos que esta deuda que tiene la empresa saliente del servicio y la responsabilidad subsidiaria de la empresa entrante, en caso de que no se haga cargo la anterior, hace que las empresas sean reticentes a la hora de licitar y hacerse cargo de este servicio”.

Sobre el servicio que se ofrece desde el Centro de Menores de La Purísima, la consejera de Políticas Sociales, incidió en que “las deficiencias en la prestación de este servicio, así como la inseguridad de los trabajadores revierten en la desmotivación de los empleados por lo cual este mes de agosto la mesa de contratación declaró desierto el expediente de contratación que sacamos y esta situación incrementa la preocupación”.

Debido a las “anomalías en el servicio ofertado”, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido la prestación de este servicio a través de un medio propio: “y es cuando en ese momento iniciamos los contactos con la empresa Tragsa. Fruto de esta reunión estamos en condiciones de anunciar que Tragsa se hará cargo de la prestación del servicio de guardia y gestión integral de menores en el centro de La Purísima”.

A través de la sociedad estatal Tragsa, el Gobierno persigue tres objetivos prioritarios: en primer lugar conocer de primera mano las necesidades de los menores; adaptar los sueldos de los trabajadores al cuarto convenio colectivo; y mejorar las condiciones laborales de los mismos, poniendo a su disposición el material necesario para desempeñar un buen trabajo.

“Además estamos en un proceso avanzado para la asunción de este servicio y ultimando los flecos necesarios para que desde el minuto uno en que Tragsa se haga cargo de este servicio, dispongamos de las partidas correspondientes para que el personal cobre conforme al convenio y además hacernos cargo del plus de residencia”.

Aunque la consejera prefiere no adelantar fechas sobre la puesta en marcha de la nueva empresa sí adelantó que “prevé que en el plazo de un mes y medio” esté en funcionamiento.

Por otra parte, el Gobierno actual tendrá que hacerse cargo de los 3 millones de euros que el anterior ejecutivo debía a Arquisocial.

Sobre la posibilidad de que Arquisocial pueda denunciar a la Ciudad por adjudicar el servicio a otra empresa, Mohamed aclaró que “está más que justificada nuestra decisión, ya que la situación de la empresa es irregular al no cobrar por un servicio que realiza. Entendemos que la deuda no hace más que engordar y no podemos seguir así. Además al tratarse de un contrato de emergencia se puede cancelar en cualquier momento. Es completamente legal”.

Respecto a la dieta que perciben los menores, Randa Mohamed confirmó que “estimamos que se incremente en 15 euros, pasando de los 25 euros actuales a los 40 euros. Una cifra que servirá para mejorar las condiciones de los usuarios”.

En estos momentos, el centro cuenta con 80 menores y 149 trabajadores con lo cual no se prevé un incremento en la plantilla.

Conferencia Sectorial de Inmigración e Infancia

Ayer se celebró un pleno de la Conferencia Sectorial de Inmigración e Infancia para hablar sobre el reparto de menores en las diferentes comunidades autónomas.

Randa Mohamed mostró su enfado porque “últimamente el Ministerio de Juventud e Infancia ha optado por celebrar las convocatorias a través de correo electrónico, lo que demuestra que no está abierto al diálogo. Cada comunidad votamos, independientemente de si aprobamos, o no, el reparto de los menores, la cuantía económica que se le concede a Ceuta y Canarias porque nosotros no vamos a enviar menores. Se les aportará una cuantía para hacerse cargo de los viajes. Fue lo único que se abordó, pero claro no obtenemos respuesta por parte del Ministerio de Juventud e Infancia desde julio”.

Mohamed reiteró que la única comunicación es vía e-mail y reivindicó que “hace falta una cantidad superior a los cuatro millones y medio anuales de euros porque no es suficiente para ninguno de los centros que mantenemos en la actualidad”.