Los representantes de los 8.600 marroquíes con permisos de trabajo en Ceuta y Melilla se reunieron el lunes en el Parlamento de Marruecos para exigir la apertura de las fronteras del país con las dos ciudades españolas, cerradas desde hace ocho meses.
La representante de la Oficina Sindical de los Trabajadores Transfronterizos en Melilla, Atika Jatta, explicó a Efe que se reunió con sus colegas de Ceuta, con las comisiones de Exteriores y del Interior de la Cámara de Representantes marroquí.
"Es la primera vez que una autoridad marroquí nos recibe y se compromete a estudiar y hallar una solución a nuestro caso. Nos dieron un poco de esperanza", subrayó Jatta, que lleva ochos meses sin poder entrar en Melilla.
Añadió que se entrevistó también con representes del partido gubernamental Justicia y Desarrollo (PJD y de las dos formaciones opositoras Autenticidad y Modernidad (PAM) y Progreso y Socialismo (PPS).
Jatta, trabajadora doméstica en Melilla desde hace siete años, explicó que todos estos partidos se comprometieron a presionar para que haya una solución lo antes posible, sin dar ningún calendario.
La mayoría de estos empleados "legales" son trabajadoras domésticas que cada día entran y salen de las dos ciudades sin derecho a la residencia, pero también hay en sus filas muchos hombres que trabajan en la hostelería, la construcción y la fontanería, entre otros oficios.
Además de los daños directos para cada trabajador y sus familias, Jatta destaca las perdidas que esto supone para las provincias marroquíes vecinas de Ceuta y Melilla, pues el mínimo que puede ganar un transfronterizo al mes son 500 euros, que gastan íntegramente en Marruecos.
El representante de los trabajadores marroquíes en Ceuta, Maruan Chakib, explicó a Efe que durante esas reuniones propuso varias soluciones a los diputados, que incluyen la posibilidad de buscar un medio para que los afectados residan de forma provisional en las dos ciudades españolas.
Los trabajadores damnificados intentaron durante los últimos meses celebrar protestas por su situación, pero fueron prohibidas por las autoridades marroquíes.
Asimismo, enviaron misivas a varias instituciones ejecutivas del país, pero solo el Parlamento respondió positivamente.
La decisión del Gobierno marroquí de cerrar las fronteras terrestres del país con Ceuta y Melilla, que no ha ido acompañada de soluciones colectivas para los damnificados, ha afectado también a miles de contrabandistas (18.000 según el gobierno marroquí), que se han quedado sin medios de vida.
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