Trabajadores marroquíes de Melilla planean pedir 100 millones de indemnización

Los alrededor de dos mil marroquíes de la provincia de Nador que trabajaban de forma legal antes del cierre en 2020 de la frontera en la ciudad española de Melilla, cuyos visados se han visto fuertemente restringidos tras su reapertura hace unas semanas, se plantean pedir al Gobierno español 100 millones de euros de indemnización.
Recurrir a la justicia para reclamar esta indemnización es uno de los caminos que barajan los trabajadores, que denuncian haberse encontrado con muchos obstáculos para poder volver a ser contratados por sus antiguos empleadores españoles debido a trabas burocráticas y monetarias impuestas, dicen, por España.
Antes del cierre por la pandemia de los pasos fronterizos entre Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África, había en esta última 1.847 marroquíes con contratos españoles en vigor, pero tras más de dos años de clausura solo quedan 80.
Estas 80 personas, explica a Efe Atika Jatta, representante del sindicato Unión Marroquí del Trabajo (UMT), residían ya en Melilla antes de la reapertura, y el resto se encuentran en Nador esperando a que sus antiguos empleadores les vuelvan a contratar.
Pero los empleadores españoles, denuncia, se han encontrado con un cambio por parte de España, que les pide ahora, según su versión, hacer más trámites burocráticos y pagar más Seguridad Social para contratarles, con lo que acaban desistiendo.
Ningún antiguo trabajador de Melilla, dice Jatta, ha conseguido un visado especial para entrar en la ciudad española desde que el 31 de mayo se abrió la frontera para los trabajadores transfronterizos con los contratos en regla.
Más de mil de ellos son mujeres que hacían labores de cuidado de personas y limpiaban casas de españoles, las cuales vieron sus contratos acabar de forma abrupta en 2020 sin recibir ninguna compensación por despido.
Estos trabajadores han protagonizado ya varias protestas para pedir que se les deje pasar a Melilla a arreglar sus papeles, como ocurría antes de 2020, cuando todos los habitantes de la región de Nador y también de la de Tetuán (contigua a Ceuta) tenían derecho a entrar en las ciudades españolas durante el día sin necesidad de visado, una exención que no se ha vuelto a aplicar.
Si no funcionan sus protestas, indica Jatta, recurrirán a los tribunales para exigir una compensación por despido y por los años cotizados a la Seguridad Social española, para lo que ya tienen previsto reunirse la semana que viene con abogados internacionales.