El Gobierno de Melilla informó ayer sobre los nuevos ingresos, la forma y los métodos de entrada a la ciudad por parte de los menores extranjeros no acompañados (menas), principalmente marroquíes migrantes precoces, durante febrero.
El pasado mes, y de acuerdo con el informe del GRUMEN, llegaron a Melilla un total de 61 menores extranjeros de nuevo ingreso. Por la información recabada por parte de los intérpretes oficiales en las instalaciones de la Policía Local, se sabe la forma de entrada de 33 de ellos.
Así, ocho dijeron haberlo hecho portando documentación marroquí, entrando solos o acompañados de un familiar u otro individuo adulto; 11 aprovecharon las aglomeraciones de los porteadores del comercio atípico; cuatro accedieron en el interior de vehículos, de los que se dedican a comercio atípico, en los bajos de los mismos o en huecos de los camiones; nueve emplearon cualquier desajuste o aglomeración de la frontera; y un menor llegó nadando.
El número de ingresos en centros de acogida de la ciudad asciende a 347: a los 61 menores que llegaron a Melilla en febrero hay que sumar los 286 que fueron reingresados durante ese mismo periodo de tiempo.
En una nota de prensa, el consejero Daniel Ventura afirma que “ya ha quedado patente que ni el ministro del Interior, ni el Gobierno de la Nación ni los grupos políticos de la oposición de esta ciudad han aportado nada a la solución del fenómeno de los menores inmigrantes económicos”, al tiempo que apostilla que “no han demostrado sentido de Estado”.
En ese sentido, sostiene que la oposición “conoce perfectamente el fenómeno pero ninguno aprueba las modificaciones legales para un nuevo modelo de atención de estos menores”, algo que se produce, dice, “sin ninguna duda por cuestiones simplemente electoralistas de estos partidos (CPM, PSOE y Cs)”.
En esa línea, Ventura interpreta que lo que la oposición “pretende es que los menores sigan hacinados en la ciudad, ya que no están dispuestos a que salgan para la península, prefieren que vivan en macrocentros de protección donde no hace más que aumentar su número por la gran permeabilidad de las fronteras, permitiendo que sigan poniendo sus vidas en peligro”.
El comunicado del consejero llega una semana después de que, el pasado sábado, el titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitara Melilla, acto de agenda sobre el que dice querer hacer “algunas aclaraciones”.
El día escogido resulta “particularmente sorprendente” para el consejero, al ser el sábado, dice, una jornada en la que “la presión fronteriza por los porteadores, así como los trabajadores fronterizos es inexistente”. Así las cosas, Ventura entiende que Grande-Marlaska “opta por desconocer la situación del tránsito fronterizo en los días laborables, donde el tránsito alcanza aproximadamente 30.000 personas solo en Melilla”.
En lo que respecta a los menas, el consejero de Bienestar Social de la Ciudad argumenta que “la discusión” sobre el tratamiento de los mismos “no se centra en la minoría de edad de los mismos”, sino que “la cuestión molar es si tales menores son sujetos del sistema de protección o si los mismos requieren un tratamiento específico, como recoge la normativa internacional y europea, o países de nuestro entorno como Bélgica, al tratarse en términos generales de menores migrantes económicos –circunstancias que ellos mismos declaran abiertamente- y no sujetos de protección internacional (asilo y refugio)”.
Ventura critica que el ministro señalara en sus declaraciones que “se precisa establecer una metodología a consensuar entre ambos países para proceder a la repatriación de los menores marroquíes”, un modelo que, explica el consejero, “se estableció en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, hecho ad referendum en Rabat el 6 de marzo de 2007”.
“Habrá querido decir el señor ministro ponerlas en práctica”, apunta el consejero, para quien “es de suponer que en la actualidad, tal y como señala el referido Acuerdo, la autoridad española estará dando conocimiento, en el plazo de un mes, de la llegada de estos menores a la autoridad marroquí. Por tanto, por higiene democrática y por la trasparencia que predica este Gobierno, es de suponer que se estará dando cumplimiento a las notificaciones.
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