La Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad de los Territorios Extrapeninsulares ha arrojado una declaración institucional cargada de peticiones que benefician a la ciudad. Además de solicitar que se fiscalice el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados, se pedirá que se analicen las rutas por si pueden convertirse en obligación de servicio público (OSP).
Uno de los puntos indica que hay que reclamar al Estado la compensación de los costes efectivos del transporte de mercancías para abastecimiento de Melilla y Ceuta. Y también se destaca que se debe ampliar la bonificación al transporte marítimo de pasajeros residentes al vehículo embarcado como parte de su equipaje en los desplazamientos a la península.
El presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, agradeció a las autoridades de Canarias la puesta en marcha de esta cumbre y aseveró que se había desarrollado en estos dos días “un trabajo concienzudo y arduo”.
De Castro remarcó que, aunque Melilla no sea una isla, sí que hay esa sensación por estar “apartados un poco de la civilización, entre comillas, y eso nos hace posicionarnos en esa cumbre por necesidad, dignidad y equidad”. Destacó que los acuerdos se habían alcanzado sin discusiones y se había logrado un consenso. Además, puso sobre la mesa que para las cuatro autonomías que han participado sus territorios están por encima de intereses partidistas.
El presidente de Melillense destacó que no están en contra del libre mercado, sino que están para “cooperar con el Gobierno de la Nación para que haya competitividad porque estamos en un mercado libre, pero hay que frenar aquellas posibles salidas que puedan terminar en monopolios u oligopolios, que es lo que nos preocupa”. Insistió en que son 600 millones de euros los que pone el Estado para garantizar el 75% de bonificación y hay que garantizar que se usa de forma correcta.
Además, invitó a todos los presentes en la cumbre a venir al año que viene a Melilla, ya que será la autonomía que acoja esta reunión.
En la declaración institucional se indica que se instará al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a asumir los acuerdos de esta cumbre. Uno de ellos es establecer obligaciones de servicio público para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas y refuerzos estacionales.
Un punto de este documento es que se reclame el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas, independientemente del operador.
Otra reclamación es que el residente indique esta condición al final de la compra del billete y se refleje esto en los PGE.
También se solicita crear una mesa permanente integrada por el Estado y estas cuatro regiones para hacer el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla. Y añaden que se tienen que dar a conocer los estudios sobre este tema.
Las cuatro regiones remarca que deben participar en los órganos de decisión de AENA y proponen reducir las tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad.
Se pide al Gobierno que haga un seguimiento de la compra del Grupo IAG de Air Europa porque la concentración empresarial puede suponer una reestructuración de las rutas que operan.
Además, los firmantes indican que trabajarán en el establecimiento de medidas a fin de iniciar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente; y colaborarán con el Gobierno central en la tramitación de una propuesta legislativa para elaborar una Ley Estatal de Movilidad Sostenible, que deberá contemplar las singularidades de estas regiones.
Otros puntos que se recogen en este documento son implantar mecanismos que garanticen el adecuado traslado de mercancías peligrosas y de residuos, así como la mejora de las ayudas que igualen el coste del transporte de las mismas al resto de las mercancías.
También se reclama a las autoridades que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en dichas regiones.
Asimismo, solicitan que el Gobierno central inste a la UE a que las ayudas al transporte, tengan o no la consideración de región ultraperiférica, no queden sujetas al régimen de mínimos.
Y añaden que hay que asegurar que la situación derivada del Brexit no suponga un incremento de las tasas de navegación.
Ahora se solicitará una reunión con el Ministerio de Transporte para remitirle este documento y presentar de forma conjunta las iniciativas políticas oportunas.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina a cerca de 80 compañías que vuelan en España, advirtió ayer Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares del "riesgo" que pueden correr en su conectividad si se establecen límites a sus operaciones, entre los que cita su propuesta de fijar precios máximos a los billetes.
ALA resaltó la relevancia del transporte aéreo para la conectividad, la cohesión territorial, intercambios comerciales y desarrollo económico y social de los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas del norte de África.
Tras la finalización de la Cumbre de Transporte celebrada en Gran Canaria, ALA subrayó que cualquier medida que se valore implementar en el sector debe tener en cuenta que el transporte aéreo es el posibilitador de la actividad turística, principal motor de crecimiento y generador de empleo de los archipiélagos canario (supone el 35% PIB) y balear (45% del PIB),generando más del 40% del empleo de ambas regiones, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
"Cualquier medida que pueda afectar o limitar a la conectividad de estas regiones supone serios riesgos para estas zonas", señaló Javier Gándara, presidente de ALA, que recordó lo que señala la Comisión Europea al respecto al advertir del posible efecto contraproducente de la reducción de la oferta de servicios aéreos por la imposición de precios máximos en sus billetes.
“El incremento de las subvenciones a residentes en estos territorios al 75% no sólo ha mejorado la conectividad de estas regiones, sino que ha posibilitado el acceso a más y mejores servicios aéreos para los residentes”, indicó ALA en un comunicado.
Añadió la entidad que, desde su entrada en vigor, las compañías aéreas han aumentado la capacidad, especialmente en los archipiélagos, y se ha observado tanto un incremento de la demanda como un cambio en los hábitos de compra de los residentes hacia tarifas más flexibles y con más servicios.
"El sistema de comercialización de los billetes aéreos es totalmente transparente y comprobable en tiempo real a través de las páginas web de las compañías", señaló Gándara.
Además insistió en que "la normativa que regula el sistema de las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo para los ciudadanos residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla ha sido decidida, diseñada y aprobada por los distintos Gobiernos".
"Las compañías aéreas nos limitamos a aplicar lo que establece dicha normativa", y argumentó que las compañías aéreas ya se someten al control que ejerce el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que efectúa las respectivas comprobaciones en relación con las subvenciones de residentes.
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