Sumar para salir de la crisis

Los sindicatos UGT y CCOO han presentado al Gobierno de España y al principal partido de la oposición una propuesta para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social. Este 2013 recién iniciado es, en opinión de los expertos, el que marcará un cambio de rumbo de  esta larga crisis. No significa que al final de este ejercicio las cosas vuelva a estar como antes, pero sí se anuncia que a partir de 2014 el país comenzará a remontar y a salir del pozo en el que se encuentra.
Este pronóstico de expertos es la esperanza de muchos. Sin embargo, no todos tienen la confianza de que eso sea así, habida cuenta de la situación actual y de las medidas que ya se anuncian para los próximos meses o de las que se llevaron a cabo hace algún tiempo.
Tanto oposición como sindicatos fueron los primeros en rechazar la reforma laboral establecida por el Gobierno del PP y en especial los segundos no han dudado en calificarla, a un año de su aplicación, de ‘máquina de destrucción de empleo’.
Como alternativa a ésta, los sindicatos han presentado –y ya lo han hecho al Ejecutivo central y al principal partido de la oposición– una propuesta encaminada a promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social.
Para ello plantean atacar el problema desde tres frentes. Por un lado el europeo, para mejorar la estabilidad con el crecimiento económico; por otro, en el ámbito nacional, para cambiar el modelo productivo, reforzar el Estado de Bienestar y situar el empleo en el centro de las políticas; y por último, desde el reforzamiento de los mecanismos democráticos, recuperando el diálogo social.
UGT y CCOO, los firmantes de esta propuesta, sostienen que los problemas de financiación de los países periféricos de la Zona Euro se han ampliado con el paso del tiempo por las políticas monetarias y fiscales aplicadas que no han sido suficiente para consolidar la credibilidad de la moneda única. Rechazan la austeridad fiscal como única alternativa exigida al conjunto de la zona, así como la escasa política de financiación de la deuda soberana.
Abogan, sin embargo, por una unión fiscal “que procure un marco estructural estable”, un “presupuesto comunitario más amplio y ambicioso”, el desarrollo de directrices “para mejorar la competitividad de los bienes y servicios europeos” o el “mayor control ejercido de forma común en los saldos de las cuentas públicas y en los saldos de las balanzas de pagos”.
Estas actuaciones, en opinión de las dos formaciones sindicales, buscan como objetivo “mejorar la capacidad de crecimiento, que se asentará en la mayor solidez de los fundamentos de la economía europea”, aunque matizan que también “precisa de unos plazos adecuados para no asfixiar las posibilidades de recuperación a corto plazo”.
Asimismo plantean introducir un cambio en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para combinar estabilidad financiera con mayor potencia de crecimiento y defienden el desarrollo de una unión bancaria común.
Los dos sindicatos se muestran convencidos de que para variar el rumbo de la actual crisis se debe crear un “modelo donde se sume la actuación privada y pública en las relaciones económicas y un desarrollo más participativo de la sociedad en el proceso de toma de decisiones”.
Respecto al cambio de modelo participativo apuestan porque la responsabilidad del control de precios no recaiga exclusivamente en los salarios de los trabajadores, “sino que debe incluir la misma proporción de esfuerzo en el resto de las rentas”.
Defiende la intervención de las administraciones públicas sobre los precios, junto con la provisión de bienes básicos a los ciudadanos a precios asequibles.
Así, defienden el acceso a la vivienda e invitan a promover el alquiler “que debe constituir el centro de atención para virar hacia una política que busque convertirla en una fórmula atractiva para las personas”.
También abogan por el aumento de las inversiones en capital productivo en políticas de I+D+i, educación y energía y aplauden el apoyo a las iniciativas de emprendedores.
Otra de sus líneas maestras en la de crear un marco de relaciones labores competitivo con calidad de vida de los trabajadores. Y en esta línea reclaman un mayor equilibrio entre trabajador y empresario.
Asimismo resaltan la importancia de las políticas de formación para el empleo y subrayan que los problemas de cualificación profesional inciden de lleno en la capacidad de ampliación y mejora del tejido productivo.
También hablan de la banca nacionalizada que “constituye una oportunidad para establecer una banca privada, con implantación territorial en toda España, en condiciones, una vez saneada, de contribuir a facilitar el crédito a familias y empresas”.
Demandan un sistema fiscal más potente y justo y sostienen que el español debe ser similar a la media de la Zona Euro, “para lo cual debe mejorar en eficiencia en las políticas de gasto público y en su articulación territorial, aumentando su recaudación”.
Por ello, inciden en la lucha contra el fraude fiscal, “que debe dejar de ser una frase vacía de contenido para convertirse en la clave de la bóveda de la política fiscal con un cambio drástico en la voluntad política de combatirlo”. Así, reclaman que los defraudadores deben sentirse intimidados y castigados duramente por la presión social y legal.
Defienden como “instrumentos determinantes para alcanzar una justa redistribución de la renta y una igualdad de oportunidades para toda la población” los servicios públicos y las transferencias, a través de subvenciones y ayudas a las personas y las familias.
Otra reclamación de los sindicatos es la participación del sector público en la economía española. En este sentido indican que “el empleo público juega un papel principal en el buen funcionamiento de un sector público dirigido a satisfacer las demandas de los ciudadanos” y añaden que las “inversiones del sector público deben colaborar a mejorar la capacidad productiva del país”.
Marcan como prioritaria el mantenimiento de la Renta Activa de Inserción y el Prepara, así como “establecer nuevos mecanismos que permitan a las personas acceder a una prestación económica mínima asociada a un proceso de formación”.
Precisan que “es necesario idear programas para formar y proteger a los desempleados con poca cualificación” y por ello abogan por “buscar fórmulas específicas de contratación en las que juegan un papel los contratos a tiempo parcial, que permitan su asistencia a centros de formación donde adquirir una cualificación en profesiones de futuro”.
Para UGT y CCOO la formación profesional en España cuenta con una sólida base, aunque se pueden “promover mejoras de oferta y diversidad” y en esta línea dicen que podemos fijarnos en modelos de otros países, como Alemania, “para extender la formación en el centro de trabajo, vinculado mediante contrato que regula la actividad laboral en las empresas”.
Otra de sus propuestas y que ha sido centro de muchas de sus anteriores reclamaciones es la de reforzar el Estado de Bienestar, que definen como “pieza irrenunciable de progreso y desarrollo”.
En este marco apuntan sobre la conveniencia de “establecer desde el Estado un sistema de rentas mínimas para atender a situaciones de necesidad, basadas en criterios objetivos, no necesariamente conectados con la pérdida previa del empleo”.
Por último, piden recuperar el diálogo social que, aseveran, es en la línea en la que siempre han trabajado, y como ejemplo recuerdan que han firmado con la CEOE y Cepyme el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). “Un esfuerzo que no ha sido correspondido por el Gobierno” y al que piden que “convoque un referéndum que permita que los ciudadanos expresen su opinión sobre las políticas que se vienen aplicando”.