STEs-i y SATE-STEs presentan un recurso contra el decreto que establece límites temporales “discriminatorios” en la antigüedad docente

La Confederación de STEs-i, de la que forma parte SATE-STEs, ha presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo contra el Real Decreto 270/2022, debido a que considera que este establece unos límites temporales “discriminatorios” en el reconocimiento de la antigüedad docente (solo se puntúan 10 años como máximo).

A través de ese RD -que aplica la Ley Iceta a la enseñanza- se modifica el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes y también se regula el régimen transitorio de ingreso. De acuerdo con el sindicato, la norma “va en contra” de la directiva europea 1999/70 por abuso de temporalidad de los funcionarios interinos en España.

Además de ello, enfatizó que otro elemento que ahonda esa discriminación es el hecho de puntuar oposiciones aprobadas a partir de 2012, sobre todo porque en varias comunidades hace más de veinte años que no se convocan oposiciones de numerosas especialidades.

La entidad señaló que en esa legislación la experiencia en el mismo cuerpo no se valora de igual manera en distintas especialidades y, por otro lado, tampoco concede a los territorios la posibilidad de introducir méritos propios, algo “habitual en los concursos oposición”.

A su juicio, “todo esto va en contra de los derechos de las personas en abuso de temporalidad en educación”, puesto que lejos de mejorar, parece que la situación va contraria a profesionales que llevan años ofreciendo sus servicios en las administraciones, a quienes se “les limita el derecho a la estabilización”.

Finalmente, aseveró que desde STEs-i y SATE-STEs usarán todas las vías posibles para lograr un “acceso adecuado” y que no vulnere los derechos de los trabajadores.

A inicios de mayo, SATE-STEs convocó a todos los interinos docentes de la ciudad que se encontraran en situación de abuso de la temporalidad a concentrarse frente a la Delegación de Gobierno de Melilla. Esa movilización tuvo el objetivo de denunciar la “clara asimetría” y “desigualdad” existente en cuanto a lo normado en ese sentido.