Somos Melilla se ha reunido con los representantes sindicales de los vigilantes de seguridad en nuestra ciudad. Un encuentro para abordar los problemas derivados del concurso público, que ha quedado desierto, para adjudicar el servicio de vigilancia de las dependencias de la Ciudad Autónoma.
Amín Azmani, diputado y presidente de Somos Melilla, ha asegurado que ha ocurrido lo esperable, ya que la formación lleva meses denunciando que es “un contrato malo hecho a espaldas de los trabajadores”.
El diputado ha dicho no entender el empeño del Gobierno de Juan José Imbroda de redactar, diseñar y licitar contratos a espaldas de las partes implicadas, algo que ha hecho también con el servicio de limpieza viaria, el servicio de parques y jardines y el contrato del centro de menores.
Desde la formación aseguran que el contrato de vigilancia ha quedado desierto porque no da garantías ni tampoco un margen de beneficio. Además, ha criticado Azmani, dejaría desamparados a más de 50 vigilantes de seguridad que serían despedidos. “Los representantes sindicales han dejado claro que sus reivindicaciones son sensatas, han pedido que no se despida a nadie y se mantenga el empleo”.
Azmani ha defendido las reivindicaciones de los trabajadores, entre las que destacan que se cumpla la bonificación del 8% que se acordó recibieran los empleados y un refuerzo en el servicio del Parque Forestal y el Parque Hernández, ya que solo está previsto un solo vigilante para cada uno de los recintos.
Por todo ello, desde la formación exigirán al Gobierno de la ciudad, a través de la Asamblea, que se modifique el pliego del contrato, que se sienten con los representantes de los trabajadores, que se redacte un pliego que sea atractivo para las empresas y que se tengan en cuenta todas las reivindicaciones de los trabajadores de vigilancia privada.
Además, desde Somos Melilla denuncian que la Administración nunca ha sancionado a la actual empresa adjudicataria, a pesar de que se han tirado cuatro años sin renovar la uniformidad de los trabajadores cuando el convenio dice que debe renovarse cada dos años, entre otros incumplimientos.
“La Ciudad Autónoma demuestra una y otra vez que no inspecciona los servicios que licita públicamente”, ha finalizado Azmani.
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