Somos Melilla ha denunciado públicamente que el Gobierno de Juan José Imbroda ha permitido que la empresa Alvalop, adjudicataria de servicios públicos como las ludotecas, el punto de encuentro familiar, las aulas matinales y de conciliación entre otros servicios, no pague en tiempo y forma las nóminas de sus trabajadoras. Se trata de más de un centenar de empleados afectados. Jadu Driss, secretaria de Economía y Política Institucional, ha asegurado que esta situación es insoportable para las familias, ya que algunas se han tirado hasta tres meses para cobrar sus nóminas. “Nos lo han contado las propias trabajadoras de la empresa, eso sí, de forma anónima porque temen represalias por parte de Alvalop”. De hecho, detalla Driss, dos empleadas fueron despedidas justo antes de sus periodos de prueba por preguntar sobre los días que le correspondían de asuntos propios para poder conciliar su vida laboral y personal. “Es una vergüenza sobre todo porque el Partido Popular fue muy crítico en la oposición con la gestión de las ludotecas. Desde que han llegado no han hecho más que poner parches”, ha criticado Driss, quien ha explicado que el PP ha firmado numerosos contratos menores con Alvalop y ahora se encuentra en proceso de licitación mayor del contrato para las ludotecas. “El pliego del concurso para las ludotecas tiene muchos puntos cuestionables. Se reduce el número de usuarios, el número de horas de servicio, el número de horas de contratos de los trabajadores, pero se aumenta el precio en más de un millón y medio de euros”.
Aulas de conciliación
En cuanto a las aulas de conciliación, desde Somos Melilla critican que la empresa Alvalop está aplicando un convenio laboral para las empleadas que es menos favorable para ellas. Desde la formación califican como “intolerable” que, una vez adjudicados los servicios públicos a empresas privadas, la Administración no fiscalice la ejecución de los contratos. “Es intolerable que una vez adjudicado el servicio el Gobierno de turno se olvide de fiscalizar, vigilar o inspeccionar y que permita y consienta todo este tipo de abusos”. Desde Somos Melilla exigen al Gobierno de la Ciudad Autónoma que sea vigilante ante este y otros contratos para evitar el maltrato de trabajadores que prestan servicios públicos que favorecen al conjunto de la ciudadanía.