Los sindicatos urgen a Rojas a cumplir el proceso de estabilización en la Ciudad Autónoma

El plazo para la publicación de las bases de los diferentes procedimientos finaliza el próximo 31 de diciembre

Las secciones sindicales CSIF, UGT, CC.00 Y USTM de la Ciudad Autónoma, han hecho pública una nota para recordarle a la consejera de Administración Pública, la socialista Gloria Rojas, que la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece como fecha límite para la publicación de las bases de los diferentes procedimientos (concurso de méritos y concurso-oposición) el 31 de diciembre de 2022.
Estas secciones sindicales son conscientes de que la elaboración de estas bases conlleva tiempo y trabajo por parte del personal de la Administración, "pero también es cierto que, a pesar de habernos reunido en varias ocasiones durante estos últimos meses para tratar este tema (las bases de uno de los procedimiento están muy avanzadas), el personal afectado (cerca de 200 trabajadores entre personal laboral y funcionario) percibe que desde la Administración no se está haciendo lo necesario" para llevar a cabo el proceso.

Por ello, trasladan a las organizaciones sindicales su "nerviosismo y frustración", ya que previamente a la publicación en BOME antes del 31 de diciembre de este año, las bases deben ser aprobadas primero en una Mesa de Negociación y posteriormente por el Consejo de Gobierno. "Por todo ello le rogamos a la consejera que centre gran parte de sus esfuerzos en tramitar estos procedimientos, comenzando por convocarnos a una Mesa de Negociación para aprobar las mencionadas bases y transmitir así tranquilidad y confianza a los empleados públicos afectados", apuntan en el comunicado que hicieron público este mediodía.

Este proceso de estabilización en el empleo lleva meses encima de la mesa, según ha constatado la plataforma de interinos que se constituyó a ese respecto. De hecho, queda poco más de un mes para que se cumpla el plazo establecido sin que la Consejería de Administración Pública haya llevado las bases a la correspondiente mesa de negociación.

 

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