La pandemia del coronavirus ha marcado el año 2020 y como consecuencia, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha visto modificado, en gran medida por las nuevas medidas sanitarias para evitar los contagios y el cierre de la frontera. Asuntos que venían de hace años, como la equiparación salarial entre cuerpos, se les une otros nuevos como la proporción del material higiénico para los agentes o nuevas formas de colar droga a través de la valla. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su responsable en la ciudad, Jesús Barranco, explicó que han tenido un año “muy complicado” y que desde febrero ellos pidieron medidas a las autoridades para proteger a los agentes porque a nivel nacional ya hubo algunos que se vieron afectados por el virus. Barranco señaló que denunciaron la falta de medios de protección, como las mascarillas. Durante el primer confinamiento, trasladaron a los responsables de la Policía de Melilla todas las dificultades a las que se enfrentaban y Barranco denuncia que estuvieron muy desinformados los primeros meses. Pidieron que se les hicieran pruebas PCR y recuerda al agente que recientemente falleció en Málaga después de que tuviese que desplazarse a Canarias y que a la vuelta no se le hizo la prueba de coronavirus correspondiente. También se consiguió que se considerase como baja laboral los contagios por COVID-19 o el contacto estrecho con un contagiado, ya que al principio no se consideraba así. En la segunda ola, expuso que “hubo una relajación” tanto en la vida laboral como en la social y dos plantas de la Jefatura sufrieron un brote y en el que hubo compañeros que sufrieron gravemente el contagio. “Hubo un caso muy fuerte que afectaron a dos plantas, una operativa y otra de gestión” y desde la SUP insistieron en la importancia de usar en todo momento el uso de la mascarilla en el ámbito laboral, ya que hubo compañeros que no la utilizaron, y Barranco reiteró la falta de información que ha tenido el sindicato sobre el número de compañeros contagiados. Les gustaría que diesen mascarillas FFP2 en la Jefatura, porque son más resistentes que las quirúrgicas. Sobre la respuesta de los ciudadanos, valora que ha sido positiva en general y subraya que no han estado poniendo sanciones “a la primera de cambio”, pero que sí que ha habido casos en los que no han tenido otra opción. Otro punto que subrayó es la construcción de una nueva Jefatura de Policía; que no su ampliación, sino la creación de una nueva que se adecue al siglo XXI, ya que la actual, según argumentó, se ha quedado pequeña y no es apropiada para la forma de trabajar en la actualidad. Apuntó a que hay unidades que han tenido que ser llevadas a otras zonas de la ciudad por esta falta de espacio. Un asunto positivo que ha sacado de este año es el cobro del último tramo de equiparación salarial de 560 euros para los agentes de la Policía Nacional. Por su lado, el sindicato también de la PN Jupol Melilla, expresa que ha sido un año “complicado” al principio por la falta de medios, pero que “afortunadamente” en Melilla los medios de protección han ido siendo proporcionados paulatinamente y también recordó al compañero fallecido en Málaga. Gonzalo López, miembro del Comité Ejecutivo de Jupol en Melilla, informó de que una de las peticiones de la organización es que se incluyan a los agentes en los grupos prioritarios de vacunación. “Consideramos que junto a los médicos, nosotros hemos guardado que se cumpla la normativa, la Policía es fundamental para el funcionamiento de los servicios”, dijo. Expuso que ellos están en contacto con todo tipo de personas y que algunas de estas pueden ser asintomáticas, por lo que hay un alto riesgo de contagio si los agentes no están vacunados. Así pues, cree que los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local deberían ser vacunados. Reconoció que hubo miedo cuando surgió el brote en la Jefatura el pasado septiembre, pero que se tomaron medidas y se “va mejorando poco a poco”. Cree que el virus se puede prevenir con la colaboración de todas las partes de la sociedad. Asegura que la ciudadanía suele hacer caso cuando los agentes les llaman la atención sobre el cumplimiento de las normas y que los que no las respetan son una minoría. Por su lado, Sergio Márquez, responsable de la Asociación de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla, quiso recordar en primer lugar a los miembros de la Benemérita que han fallecido y reconoce que ha sido un año difícil para todos. Sobre las condiciones económicas de los agentes, resaltó que se ha mejorado la situación de los agentes gracias a las negociaciones que han llevado las diferentes organizaciones de la PN y la Guardia Civil con el Ministerio del Interior. Aún así, explica que todavía quedan puntos del acuerdo por cumplir como la incorporación al servicio de los guardias civiles que están en reserva sin destino y terminar de completar la equiparación salarial entre todos los cuerpos autonómicos y del Estado. También apuntó a la desigualdad que sigue habiendo dentro de los distintos puestos de la Guardia Civil para, por ejemplo, organizar los turnos o conciliar la vida familiar. La AUGC pide además que se deje de aplicar el código militar a los agentes, ya que, según explicó, por una simple discusión con un compañero o un superior se puede acabar en la cárcel. “No estamos modernizados todavía”, dijo. En cuestión de género, cree hay que trabajar en la igualdad, ya que solo hay un 7% de mujeres en la Guardia Civil. Sobre Melilla, opina que la plantilla está obsoleta y recuerda que constantemente hay un refuerzo de esta con tres unidades, dos de GRS y una de USECIC. Explicó que Melilla tiene en estos momentos en torno a 650 guardias civiles y que lo ideal sería llegar hasta los 1.000. Expuso que hay unos 90 comisionados de la Comandancia, por lo que hay carencia de unidades en la ciudad. Así pues, lo ideal sería consolidar estas plazas, expresó. Acerca de su labor durante la pandemia, apuntó a que se vieron desbordados, ya que aunque se cerraron los controles en frontera, tuvieron que hacerse cargo de la vigilancia en la carpa que se montó en el V Pino o reforzar la vigilancia en el puerto. “Seguimos colapsados por la falta de personal y como hay falta, no hemos resuelto nada”, dijo. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Juan José Muñoz, valora que este año ha sido “un poco caótico” por todas las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras que ha cambiado la forma de trabajar. Muñoz explicó que han pasado de tener que controlar los puestos fronterizos a reforzar la vigilancia en lo que es el perímetro por los intentos de colar droga lanzándola por encima de la valla, controlar las entradas marítimas y el aumento de los intentos de migrantes de viajar como polizones en los dos barcos que salían de la ciudad. Sobre las necesidades de los agentes durante la pandemia, dijo que había que agradecer al jefe de la Comandancia que ha atendido sus peticiones. Por otro lado, cree que habría que aumentar la plantilla en alrededor de unos 150 efectivos más para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Para el 2021 cree que debe controlarse la pandemia y defiende que salgan en el plan de vacunación los agentes de los distintos cuerpos, en especial a aquellos que están en contacto directo con los ciudadanos, como son los agentes que están en los controles del puerto y aeropuerto. Desde la Plataforma de la Policía Local, Francisco Faus, asegura que han trabajado “con escasos medios y despreocupación total de la Administración Local”. Dijo que no les han hecho PCR a los agentes, ni han tenido EPI y que han trabajado con escasos recursos y personal, alegando que han trabajado un 30% más y que valoran que faltan unos 80 agentes más en la Policía Local como mínimo, siendo lo ideal según Faus 110. El coronavirus también ha llegado a la Policía Local, sobre todo en la segunda ola, pero no tienen claro cómo surgieron los contagios, pues aunque cree que la mayoría fueron en el ámbito laboral, no se puede saber a ciencia cierta.