La Unión Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha lanzado este martes un duro comunicado en el que denuncia que llevan los 15 años sin mejoras económicas ni laborales y advierten de que "sin respeto" a la dignidad de los trabajadores "no hay Merced".
En señal de protesta ante la falta de personal; las promesas incumplidas de reconocimiento profesional como agentes de autoridad o la falta de incentivos económicos, la organización sindical pide a los funcionarios a los que representa que se abstengan de participar en los actos oficiales por el Día de la Patrona de Instituciones Penitenciarias este 24 de septiembre ante una situación "insostenible", como es la falta de expectativas en la carrera administrativa de los trabajadores de prisiones, sin reclasificación al Grupo B.
En opinión de APFP, en estos momentos se está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra los funcionarios de prisiones por parte de la Administración Penitenciaria y el Ministerio del Interior, que son quienes deberían proteger al colectivo.
Lo han hecho, insisten, vulnerando su presunción de inocencia, criminalizando sus actuaciones y condenándolos a prisión tras recibir denuncias de un director o desde la Subdirección General de Análisis e Inspección, basándose en quejas o declaraciones de internos y al margen de prueba alguna.
"No somos ni maltratadores ni verdugos, por mucho que se empeñen el Sr. Ortiz (Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias) y el ministro Marlaska en ello. Somos servidores públicos que merecemos respeto a nuestra dignidad y profesión", señalan.
La organización sindical añade, además, que se está abusando del régimen disciplinario, aplicando sin contemplaciones la suspensión de empleo y sueldo como escarnio público.
Por ello, recalcan, este año no tienen nada que celebrar con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced.
"El respeto por uno mismo, por nuestra profesión, nos lleva desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones APFP a denunciar un año más que los trabajadores de Prisiones no tenemos nada que celebrar el próximo 24 de septiembre, día de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Ejercemos nuestro derecho a decir ¡Basta!", apuntan.
En este sentido, piden el fin de la tiranía de Marlaska y Ortiz en nombre de los 24.000 funcionarios que representan, pese a que APFP no disfruta de liberaciones, ni subvenciones públicas.
"Ellos se irán y nosotros, vosotros, ejemplo de profesionalidad seguiréis demostrando con vuestros valores cuál es el camino que debe seguir el servicio público penitenciario, degradado durante esta legislatura como nadie podría imaginar", afirman en el comunicado.
En resumen, desde APFP creen que no deben celebrar La Merced mientras continúen las agresiones de internos (una cada 36 horas) y se queden impunes.
Al respecto consideran que el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios (Peafa) solo ha servido para "blanquear" al Gobierno, ocultando las cifras reales de agresiones a funcionarios.
Según la APFP, la conflictividad en las cárceles va en aumento hasta el punto de que se producen cinco incidentes graves cada hora lo que supone un riesgo real para la vida de los funcionarios que tienen que mediar no solo en peleas sino también en ajustes de cuentas, sobredosis de drogas, intentos de suicidios e incluso apagando fuegos provocados.
En las estadísticas de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones faltan 2.700 plazas por cubrir, lo que representa, de media, el 15% de los puestos de funcionarios.
"A junio de 2022, faltan 1.701 plazas para puestos C1; 339 para C1/A2; 342 para A2 y 394 para A1. Mención especial es la situación que padece el personal sanitario penitenciario, especialmente la falta de facultativos (médicos) con el 67% de las plazas de facultativos sin cubrir. Entre 2021 y 2022 se ofertó un total de 80 plazas, de las que solo se han cubierto 11"., insisten.
Desde APFP reivindican un estatuto propio de prisiones y rechazan frontalmente la Ley de Cuerpos, que ellos llaman eufemísticamente "ley de cuentos".
También exigen que los funcionarios de Prisiones sean considerados agentes de autoridad; se les respete el derecho al principio de indemnidad y tengan un marco retributivo propio, que incorpore el plus de turnicidad como se hace en la Policía Nacional, donde los agentes cobran de media 120 euros extra por realizar servicios de mañana, tarde y noche.
En esta misma línea reclaman el pago de los festivos, domingos y nocturnos, con el ánimo de adaptar el sueldo a la responsabilidad social que tienen desempeñando un servicio esencial que entienden que debe ejercerse con funcionarios de nivel 18 y no 15 como ocurre en la actualidad.
Los reclamos van más allá y piden además una equiparación salarial con Cataluña, con una productividad mensual dividida en tres tramos en función de la peligrosidad de los internos que están a su cargo.
Asimismo, piden que la productividad por absentismo se adapte a la de los ministerios con un importe de 107 euros mensuales para todos los puestos y la exigen adecuar el importe de la productividad por servicios extraordinarios (las peonadas) a la par que la de los funcionarios destinados actualmente en los servicios centrales.
Entre las exigencias de APFP entran asimismo la formación universal; la reclasificación al Grupo B; la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo; la ampliación de la dotación de jefes de servicio o de oficinas y de los Centros de Inserción Social, aparte de exigir la adaptación de los horarios de trabajo a la subida del IPC.
Por último, señalan la adaptación de los horarios de trabajo a todos los funcionarios de segunda actividad, con horarios de lunes a viernes que, de forma voluntaria y con independencia del puesto que ocupen, quieran realizar el dos y medio a la semana.
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