“Sin jueces independientes que vigilen los abusos de poder no hay Democracia”

El Faro de Melilla entrevista a Fernando Germán Portillo, magistrado, exdecano en Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente, que es una asociación de jueces que nace con el propósito de restablecer la figura del juez desligado de vinculaciones políticas, defender los derechos profesionales de la carrera y luchar por la independencia del poder judicial como pieza esencial de un Estado democrático de Derecho.

-Empezamos por el caso de la pareja de Ayuso. El pueblo llano cree que lo que quieren es cargarse la reputación de la presidenta de Madrid. El fiscal general del Estado... ¿Actuó bien dando supuestamente datos privados y que conoce por su cargo?

-Bueno, si efectivamente hizo eso, desde luego no hizo bien porque es delito. Pero es lo que precisamente se va a investigar por el Tribunal Supremo, que en un auto reciente ha admitido la competencia para investigar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, contra quienes se había interpuesto una querella para ver si existen indicios suficientes de su participación en la filtración de unos correos privados entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal que estaba conociendo del caso que hay contra él. En un primer análisis sí que dice el Supremo que existe un principio de prueba contra ambos fiscales. Por eso ha admitido conocer el asunto y se va a poner a investigar.

-¿Ve usted política como móvil de la acción? O dicho más directo, ¿hay interés político en la filtración?

-En este asunto, efectivamente, está muy metida la política. De hecho, la nota de prensa de la que se hizo responsable el fiscal general del Estado supuso, a mi modo de ver, entrar en la arena política. Pero quede claro que el Supremo no investiga esa nota de prensa sino la filtración de los correos que hubo antes de dicha nota y que, respondiendo a la pregunta, sí se hizo con evidente interés político. No dude nadie, sin embargo, de que las decisiones judiciales al respecto, como la de imputar al fiscal general del Estado, son y serán decisiones técnicas y jurídicas, por más que se utilicen por unos o por otros como arma política.

-El Supremo, por primera vez en democracia, imputa a un fiscal general de Estado.

-Sí, y no es una primera vez de la que debamos sentirnos orgullosos como país. Quede claro, en todo caso, que el fiscal general del Estado, como todas las personas, goza de la presunción de inocencia. La investigación podría archivarse sin abrir juicio o, incluso, abrir juicio y dictarse sentencia absolutoria. Eso desde el punto de vista jurídico-procesal. Otra cosa son las consecuencias políticas, profesionales o de otra índole que quieran extraerse de ello.

-El Supremo lo va a juzgar por revelación de secretos a García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que, supuestamente, le envió al fiscal  general los datos para la elaboración del comunicado emitido por la fiscalía.

-Como ya he dicho, El Supremo no los va a juzgar, solo va a investigar a ambos porque existe un principio de prueba de su implicación en dicha filtración, pero estamos al comienzo de la instrucción. El Supremo aún tendrá que practicar diligencias de investigación para ver si esos indicios primarios se confirman con otros y abre juicio o no, y archiva sin más. Como también he referido, ambos imputados gozan de la presunción de inocencia.

-¿Hasta dónde puede llegar la influencia del Gobierno en los jueces?

-No existe esa influencia. Aunque el poder legislativo y el poder ejecutivo están dominados por los partidos políticos, no pasa eso con el poder judicial, que es independiente respecto del resto de poderes y, por ello, del propio Gobierno, que ni debe ni puede dar instrucciones a los jueces sobre cómo resolver sus juicios, por más que a veces sus ministros no se enteren. De hecho, eso es lo que tiene "mosqueado" a buena parte de nuestros políticos más populistas hoy día, que no pueden domeñar a los jueces. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial sí queda bajo la órbita de influencia de los partidos políticos debido a que todos sus vocales son nombrados por ellos, pero el CGPJ no es poder judicial porque ni hace juicios ni dicta sentencias, y tampoco puede dar instrucciones a los jueces sobre qué hacer en sus asuntos. Los jueces, insisto, somos independientes.

-¿Alguien tendría que dimitir?

-Si hablamos del fiscal general del Estado, la sola pregunta ya incomoda porque parece que nos referimos a él como si fuese un político más, cuando no lo es. Lo cierto es que, siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario, la imagen de la institución que representa queda muy dañada con su imputación. E incluso la misma causa que se sigue contra él, porque el fiscal que la lleve, a la hora de acusar, tendrá aparentemente limitada su labor profesional, porque claro, el fiscal general del Estado es su jefe, cuyas órdenes debe obedecer y eso de dirigir contra su jefe escrito de acusación… complicado. Lo que tengo claro es que si mañana imputasen a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pediría su dimisión, si vale como respuesta a la pregunta.

-Denos, por favor, como persona de a pie (con formación de juez) su opinión sobre este caso.

-Bueno, ciertamente un delito de revelación de secretos como el que nos ocupa es muy complicado de investigar con resultado positivo. La única manera cierta es que se descubran las llamadas o correos electrónicos en los que el filtrador envió a uno o varios periodistas la información reservada. O que el periodista que recibió la filtración diga quién fue la fuente que le envió la información. Fuera de ello, solo podremos extraer indicios más o menos sólidos de una autoría que, me temo, nunca serán lo suficientemente fuertes para sustentar una condena o, siquiera, la apertura del juicio. Pero no anticipemos. Precisamente para buscar esos indicios está la investigación que ha abierto el Supremo. A ver qué resulta de ella.

-¿Alguna valoración de la ley de amnistía, ya que es una realidad?

-La misma que ya he hecho otras veces, una muy mala valoración. Se trata de la más grande corrupción a la que hemos asistido en democracia, porque ha sido realizada por el Parlamento que, sin autorización de la Constitución, se ha inmiscuido en el espacio del poder judicial al decidir a quiénes se condena y a quiénes no. A partir de ahora, cualquier partido o alianza de estos, gracias al juego de las mayorías parlamentarias, podrá hacer lo mismo: aprobar leyes que digan que ellos, sus socios de gobierno o sus amigos pueden ser absueltos o no juzgados por los delitos que cometan. Además, al usar nuestros representantes parlamentarios su función legislativa para excepcionar la ley penal a unos pocos, pero no al resto de ciudadanos que hayan cometido o puedan cometer esos mismos delitos, se están produciendo agravios comparativos. Se está yendo en contra de la igualdad ante la ley: hay privilegiados a los que la ley penal no les alcanza igual que al resto. Eso sí, como ya anticipamos muchos, la mala técnica legislativa empleada para hacer la ley de amnistía y su difícil o imposible encaje constitucional está propiciando diversas soluciones, todas igualmente legítimas, según los jueces a los que les esté tocando resolver sobre ello. La última palabra la tendrán el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

-¿Por qué hay tanto retraso en la Justicia?

-Fundamentalmente, porque cada vez haya más pleitos (estamos a la cabeza de Europa en litigiosidad) y menos jueces para resolverlos (estamos muy por debajo de la media de jueces en nuestro entorno europeo), así que la ecuación sale sola. Urge a corto y medio plazo aumentar exponencialmente el número de jueces en el país. Y luego, también, modificar las leyes procesales para agilizar los procedimientos y apostar de verdad por mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación. En España no se invierte poco en Justicia, pero no se invierte donde está el problema, por lo que seguimos con el retraso endémico de nuestros tribunales. Y una Justicia tardía no es Justicia.

-¿No podrían filtrarse de algún modo las denuncias para evitar que se denuncie cualquier cosa, incluso lo que no debe ser?

-El problema no es que se denuncie o demande mucho o poco. El problema, repito, es que no somos jueces suficientes para atender pronto y bien a todo. Desde luego, si en España hubiese otra cultura, más de conciliación que de pleitear, eso ayudaría. Pero somos un país litigante. La prueba, que desde hace un tiempo incluso los partidos políticos y sus representantes llevan sus cuitas políticas a los tribunales, tratando de amedrentar al contrario por vía de las querellas, casi siempre infundadas. El problema es que los jueces no entramos en política, resolvemos con criterios jurídicos y eso nunca satisface al político.

Como la querella de Pedro Sánchez al juez Peinado ¿no?

-O la que ha presentado el PP contra el PSOE. Se han inadmitido a trámite ambas porque carecían manifiestamente de base. Los magistrados que han resuelto al respecto, como decía, lo han hecho conforme a criterios jurídicos, lo que ha concluido en la inviabilidad de esas querellas planteadas.

Y aún quedan más querellas que se anuncian y otras ya puestas que, posiblemente, corran el mismo camino de inadmisión. Es lamentable todo este espectáculo.

-Porque, al final, quienes reciben los palos son siempre los jueces, claro.

Eso es. Se quiere utilizar la justicia como un brazo armado de la política, pero como la razón jurídica no siempre la tiene el mismo, sino que depende de cada caso, al final cada partido o representante político valora las decisiones judiciales, técnica y jurídicas, según las gafas ideológicas propias, y le parece bien las que le benefician y mal las que no. Con lo que siempre habrá jueces malos, para unos y otros. Con el añadido de que, de un tiempo a esta parte, se han perdido ya las formas y directamente se ataca al poder judicial, por parte incluso de miembros del poder ejecutivo, que no dudan en llamar a los jueces «soldados» de la oposición o decir que forman parte de un complot político. El daño que hacen estos mensajes es devastador, porque están llevando al desprestigio del poder judicial frente a una sociedad cada vez más polarizada que, de esta manera, está dejando de confiar en sus jueces. Y si los ciudadanos no confían en nosotros, nosotros no podremos hacer nuestro trabajo. Y sin jueces independientes que vigilen los abusos de poder, no hay Democracia. Vienen tiempos oscuros.