"Si se imputa por un delito cometido, en razón de su cargo, a la presidenta del CGPJ no tengo ninguna duda en decir que debe dimitir”

La Justicia española se encuentra en el vagón de cola de las instituciones menos valoradas por los españoles y no es de extrañar a tenor de algunas sentencias, algunas no sentencias, y elecciones como la de los miembros del Consejo General del Poder Judicial donde los partidos políticos, finalmente, tienen la palabra. Un sistema que no casa con el concepto de independencia que se presume a la Justicia.

Para colmo de males, esta semana hemos sabido que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado tras la interposición de una querella del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la difusión pública de datos relativos a la investigación por presuntos delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Es la primera vez en la historia de la democracia que se investiga a un Fiscal General del Estado al que el juez de la sala penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la UCO, de la Guardia Civil la incautación y copia de los dispositivos electrónicos del aún Fiscal General. Evidentemente, asuntos tan graves como éste no ayudan a enaltecer la imagen de la Justicia.

El Faro conversa con Fernando Portillo, juez y presidente del Foro Judicial Independiente sobre éste y otros asuntos sobre una de las tres patas del Estado.

“Creo que no afecta para nada a la justicia propiamente dicha. El Ministerio Fiscal forma parte del sistema judicial eso por descontado, pero no se está investigando a una institución, se está investigando a una persona concreta por la posible comisión de delitos. Éste no es el caso de la inmensa mayoría de fiscales, ni siquiera una condena, aunque el hecho de que el caso lo lleve una sala del Tribunal Supremo supone que existe un principio de prueba, de que haya podido estar involucrado en los hechos delictivos que se están investigando porque, en caso contrario, no asume la competencia una sala del Supremo”.

Aún así, Fernando Portillo deja claro que “por el momento goza de la presunción de inocencia. Por tanto habrá que esperar al desarrollo de la investigación, que puede acabar en archivo o en juicio. Como digo no ensombrece el trabajo de forma seria que desarrollan profesionalmente todos los fiscales de España y tampoco desde el punto de vista jurídico procesal. Él mismo está afectado por una investigación que podría acabar pasado mañana, pero desde el punto de vista de la imagen y la institución sí hay un daño puesto que no es sólo el jefe de los fiscales sino el representante de todos los fiscales. Incluso me atrevería a decir, no en mi caso, pero entiendo que a otra persona le pueda generar dudas de cómo se va a llevar a cabo la investigación porque en esa investigación que se tramita ante el Tribunal Supremo hay un fiscal que depende jerárquicamente de la persona investigada. Por ello, ante las posibles “sospechas” que levante la tramitación del caso, la Asociación Independiente de Fiscales se personará en la causa abierta contra García Ortiz".

He aquí otra anomalía. El Fiscal General se niega a dimitir, así que tendrá acceso a todos los secretos del sumario y que a los que otro investigado no podría acceder.

Por lo tanto, este caso se retuerce aún más hasta el surrealismo: “el Fiscal General tendrá información de primera mano y la causa está declarada secreta. Lo cual significa que sólo el juez y el fiscal podrán tener conocimiento de la misma, pero aquí pueden existir razonables sospechas, aunque no digo que esté pasando. Respecto a la dimisión, dado el respeto y cariño que tengo por la carrera hermana que como juez me pronuncie sobre el jefe de los fiscales… prefiero decirlo así. Si mañana se imputa por un delito cometido en razón de su cargo a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tengo ninguna duda en decir que debe dimitir”.

Es la primera vez en democracia que se investiga a un Fiscal General del Estado lo cual lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando en España con la deriva que está tomando la política y la sociedad?: “son malos tiempos para la lírica… como decía Golpes Bajos porque cada vez vemos cómo las instituciones más altas del país, las presiden personas independientemente de sus méritos y capacidad. Lo que, sin duda, han demostrado es una docilidad o cercanía con el poder político que les está nombrando. En todos los ambientes estamos comprobando que vale más estar cerca del poder político que tener un buen currículum, y eso lo pagamos los ciudadanos en general”.

La Constitución Española es flexible, es decir puede ser reformada, pero hay determinados títulos, como por ejemplo el dedicado a la Corona, que implica disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones. En el caso del artículo 122.3 sobre la elección del CGPJ , muchos jueces llevando clamando hace años por un sistema de elección  mixto. En la actualidad, se eligen 20 vocales, escogidos por el Congreso y el Senado. Doce vocales son jueces, y 8 juristas de reconocida competencia. En conclusión, los jueces no toman arte ni parte en estas elecciones.

“Al final, el Parlamento ni pincha ni corta en esta elección. Se limita a ratificar lo que los líderes de los partidos políticos han acordado. Recuerdo la renovación del CGPJ pactado no ya fuera del Parlamento sino fuera del país, en Bruselas donde Bolaños y González Pons pactaron la renovación y después los diputados y senadores votaron lo que sus líderes les dijeron. Es una elección meramente política”.

“Parte del trabajo de los vocales es nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo. La ciudadanía está recibiendo el mensaje de que los jueces del Supremo deben su cargo a los partidos políticos que no es así, pero entiendo que se sospeche cuando un juez es nombrado por unos vocales que han sido puestos por el PP o el PSOE que su trabajo es más político que técnico y jurídico”.

“Siempre voy a defender que el Tribunal Supremo se rige por razonamientos jurídicos y técnicos, pero entiendo la sospecha de que pesa más su supuesta inscripción ideológica que su mérito y su capacidad. Si el Poder Judicial no goza de la confianza de los ciudadanos es débil y un Poder Judicial débil no puede hacer parte de su trabajo que es, precisamente, el control frente a los abusos del poder”.

Fernando Portillo, juez y presidente del Foro Judicial Independiente afirma que desde hace años, la Unión Europea está pidiendo a España que modifique el modelo actual de elección por uno mixto, en el cual los jueces eligirían a los 12 jueces, y Congreso Senado a los 8 juristas de reconocida competencia.

Para que se hagan una idea, sólo España y Polonia, entre todos los países que componen la UE, conservan este sistema. Es más, tras la salida de la extrema derecha en junio del 2024 del Gobierno polaco, se está barajando la posibilidad de implantar el sistema mixto en el país báltico. España se quedaría sola.

A buen entendedor, pocas palabras bastan.