El SEPE quiere evitar que haya parados que se aprovechen del fraude de las notificaciones

• Azancot explica que las reclamaciones tienen que ir acompañadas de una denuncia y un certificado

La directora provincial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) explicó ayer que las reclamaciones de los parados afectados por el problema de la empresa de mensajería que no les hizo llegar las notificaciones tienen que ir acompañadas de denuncia policial y de un certificado de la empresa. Hasta ahora han sido 24 las resoluciones estimatorias. “Lo que no puede admitir es que se apunten al carro de ese fraude ciudadanos que por motivos no achacables al procedimiento de notificación quieran que se les estimen las alegaciones sin motivos justificados”, aseveró.

Esther Azancot subrayó que “el procedimiento de notificación está claramente establecido” y es de carácter “obligatorio” la propuesta de sanción, que no se aplica cuando el demandante fue uno de los perjudicados por este trabajador.

Al respecto, instó a “no alentar el fraude ni propiciar la falsedad” a Coalición por Melilla (CpM), que ayer denunció que el SEPE no atendía estas reclamaciones.

La Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Melilla comunicó en enero que los denunciantes habían podido normalizar su situación, una vez esclarecido el caso

Al menos 24 desempleados se han visto afectados en nuestra ciudad por la supuesta mala praxis del trabajador de una empresa de mensajería, que fue detenido acusado de falsear sus firmas en vez de entregarles notificaciones del SEPE.

Azancot, explicó ayer que en diciembre del año pasado “se detectó la posibilidad de que un trabajador de esa empresa (Unipost) estuviera realizando una mala praxis con los acuses de recibo de las notificaciones de cartas por correo certificado”.

El trabajador fue despedido y denunciado por falsedad documental, antes de ser detenido en enero por la Policía acusado de este delito y también de usurpación de estado civil.

La Policía informó entonces de que se trataba de un joven marroquí con antecedentes policiales, cuya actuación había perjudicado a demandantes con la pérdida de prestaciones, de su antigüedad como solicitantes de trabajo o con sanciones como el ser dados de baja en el servicio.

“Para que los afectados no tuvieran que esperar a resoluciones judiciales, desde el SEPE se procede a estimar las reclamaciones”, indicó la directora.