Sentencias, competencias... personas

Haya o no disputa entre administraciones, con sus distintas formas de calibrar la solución a un problema enquistado, la polémica sobre las ya famosas cédulas de habitabilidad corre el riesgo de perderse en una maraña legal que oculte lo más trascendente: tras cada expediente hay una familia que espera, y necesita, soluciones urgentes.

Ni el suministro de agua ni el de luz son caprichos. Las infraviviendas están ahí, el problema está creado –podemos desperdiciar tiempo culpado a unos y a otros, pero eso no lo hará esfumarse– y es tiempo de encontrarles salidas. La Delegación del Gobierno parece tener razón, y así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en que las competencias urbanísticas son propiedad exclusiva del Estado, y ninguna otra Administración puede por tanto inmiscuirse en ordenanza alguna que regule cuándo, dónde y de qué modo se puede dar marco de legalidad a lo que, también hay que reconocerlo, no la tiene porque los ladrillos fueron colocados ajenos a toda autorización reglada. Asumiendo que las construcciones están fuera de urbanismo, la Ciudad extendió sobre ellas una especie de manto protector. Bienvenida la intención humanitaria, pero la fórmula, parecen determinar los tribunales, pisaba  territorio ajeno, llámese competencia estatal o cualquier otra etiqueta. Con razón en la Plaza de los Reyes, y con principios también bienhechores en los despachos de Gran Vía, ese choque de trenes –sin ruido, sin accidentados, pero con toques de atención de unos a otros– no debe relegar a su particular isla de soledad a esas 200 familias que un día confiaron en que la Administración les sacaría del laberinto burocrático en el que se encuentran inmersos. El Príncipe, denuncia hoy su presidente en las páginas de El Faro, también es ciudad. Quizás sus habitantes vulneraron las ordenanzas al levantar sus viviendas, pero las autoridades que durante décadas miraron hacia otro lado podrían alcanzar algún tipo de consenso, entre articulados legales y humanidad, para que la exclusión no se cebe más con ellos.