“Se incidirá en considerar autoridad pública a los funcionarios de prisiones”

• Dueñas informa a CSIF, UGT, CCOO y Acaip de la intención del Gobierno de revisar la Ley Penitenciaria

La parlamentaria por Melilla en el Congreso de los Diputados, María del Carmen Dueñas (PP) mantuvo ayer una reunión con los representantes en nuestra ciudad de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). En este encuentro, les informó de que el Gobierno central pretende impulsar una revisión de la Ley General Penitenciaria. Esa reforma a emprender debe “incidir” en el “reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad”, manifestó Dueñas a los dirigentes sindicales.
Según la diputada, esa modificación “les daría una mayor seguridad en el ejercicio de su profesión, ya que su labor, como la de cualquier funcionario público, es crucial para el respeto de los derechos y libertades”.

Tasa de reposición
Además, Dueñas hizo saber a los sindicatos que “el Gobierno del Partido Popular, apuesta por incrementos de la tasa de reposición muy superiores a las jubilaciones que se producen”.
En esta reunión, que Dueñas calificó de “constructiva” y que se desarrolló en un ambiente cordial, ambas partes coincidieron en que “las mejoras laborales se deben enmarcar dentro de una negociación global, donde se aborde el incremento de nivel y la unificación de categorías”.

Reivindicaciones sindicales
Los sindicatos representativos en este ámbito han trasladaron a la diputada nacional del PP sus reivindicaciones e inquietudes, que tanto en lo que les afecta a nivel local como nacional, han sido atendidas desde el convencimiento de establecer canales de comunicación entre las Instituciones Penitenciarias y los sindicatos.
Aparte, los sindicalistas informaron a Dueñas de que el próximo sábado acudirán a Madrid a una manifestación exigiendo que se acabe con la “brecha salarial existente dentro de Instituciones Penitenciarias”.
“La necesidad del reconocimiento de la deuda contraída con los empleados públicos penitenciarios, que desde 2010 han sufrido una notable pérdida del poder adquisitivo, conlleva la necesidad de acordar un pacto que elimine las injustas y brutales diferencias salariales existentes dentro del propio departamento, que pueden alcanzar más de 6.000 euros anuales para la misma categoría en función del centro donde se preste el servicio”, apuntaron los sindicatos Acaip, CCOO y UGT en un comunicado conjunto enviado a los medios.
Entre esas diferencias salariales explican algunas como “que un funcionario de vigilancia que custodie al mismo número de internos, o un funcionario de oficinas que lleve el mismo número de expedientes, cobren complementos específicos distintos según el centro donde estén destinados”.

Reinserción
El comunicado subraya que la función principal de estos trabajadores es “la reeducación y la reinserción”, además de “la observación y el seguimiento continuo de los internos” en los centros penitenciarios.