SATE-STEs pide otorgar de inmediato los permisos de embarazo pagados

El pasado 29 de octubre, los Presupuestos Generales del Estado establecían una modificación del Estatuto del Empleado Público en la que cada administración podía conceder a las funcionarias embarazadas un permiso pagado, a partir de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto.

Este derecho ya se disfruta en algunas comunidades de España y, desde SATE- STEs, solicitan que se haga extensible a las funcionarias melillenses, para así eliminar el agravio comparativo existente.
Así lo explicaba ayer Elvira Sánchez en la sede de la organización. La representante del sindicato de los empleados públicos aclaró que, por su parte, ya han remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Dirección Provincial de Melilla sendos escritos reclamando que se adopten las medidas necesarias para su aplicación inmediata.

“Ya debería funcionar”
De hecho, la ley establecía que dicho permiso de gestación sería de aplicación desde la entrada en vigor de la norma (48/2015); es decir, desde enero de 2016, pero el funcionariado melillense, dependiente directamente del Ejecutivo central, aún no ha sido notificado a este respecto.
Hasta el momento, esta medida se ha puesto en funcionamiento en otras regiones del estado español, como lo son las islas Baleares, las Canarias, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
En un principio, unas 8.500 funcionarias iban a acogerse a este derecho, pero el Gobierno decidió en febrero ampliar el permiso al resto de las empleadas de la Administración General del Estado.

Permiso de paternidad
Asimismo, no dejaron pasar la oportunidad de solicitar una medida que vienen reclamando muchos trabajadores públicos: el reconocimiento del permiso de paternidad durante dieciséis semanas “como derecho intransferible, personal y obligatorio”, en sustitución del “actual e insuficiente” permiso concedido a los progenitores.
Desde SATE-STEs consideran que ésta es una medida imprescindible para la consecución de una conciliación familiar más efectiva, y que redunde en la lucha por una igualdad fehaciente entre hombres y mujeres, intentando equiparar así las oportunidades de unos y otras ante el mercado laboral.