SATE-STEs denuncia "desigualdades" en las ayudas para uniformes escolares

El sindicato docente SATE-STEs ha denunciado la existencia de “desigualdades intolerables” en el reparto de las ayudas públicas destinadas a la compra de uniformes escolares en Melilla, señalando que el actual sistema perjudica precisamente a los centros con mayor alumnado en situación vulnerable.

A través de un comunicado, el sindicato alerta de que los datos publicados por la Consejería de Educación, correspondientes a la Orden 1604, reflejan una distribución "profundamente injusta" de los fondos públicos. Mientras que algunos centros públicos reciben apenas 28 euros por alumno, otros centros llegan a percibir hasta 240 euros por estudiante, todo dentro del mismo programa de ayudas. “No hay criterio técnico que justifique esto. No hay normativa que lo explique. Simplemente ocurre”, critica la organización sindical.

SATE-STEs señala como principal causa de esta desigualdad el límite de 14.999 euros por centro educativo. Este tope, aplicado sin considerar el volumen de alumnado necesitado, provoca que centros con muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad reciban menos dinero por cabeza que otros con menor demanda.

Como ejemplo, el sindicato cita el caso del CEIP Anselmo Pardo, que atiende a 200 menores con necesidades económicas. Aunque recibe el máximo permitido, la ayuda se reduce a 75 euros por alumno. En contraste, el Liceo Sefardí, con menos alumnos solicitantes, puede otorgar 240 euros por cada beneficiario. “Es un absurdo administrativo que traiciona la intención misma de estas ayudas”, denuncia el colectivo.

La crítica de SATE-STEs también alcanza a la rigidez del sistema, que ha rechazado propuestas pedagógicas que buscaban evitar la estigmatización del alumnado vulnerable. Uno de los centros, por ejemplo, sugirió entregar una sudadera común a todo el alumnado, para impedir la diferenciación entre quienes reciben ayuda y quienes no. La propuesta fue denegada, lo que dejó sin ningún tipo de ayuda a cientos de menores, según denuncia el sindicato, que considera que esa negativa refuerza barreras sociales y no atiende a la equidad.

El proceso administrativo para acceder a estas ayudas es calificado por el sindicato como “kafkiano”. Los equipos directivos deben localizar y documentar individualmente al alumnado solicitante, justificar el gasto, entregar memorias, recabar acuerdos del Consejo Escolar y detallar hasta el último componente del uniforme. Todo esto, en apenas siete días hábiles.

Además, deben hacer seguimiento, justificación y entrega documental de cada prenda adquirida. Si las necesidades superan el techo de 14.999 euros, los directores se ven obligados a hacer recortes que consideran injustos, como dejar fuera a parte del alumnado o reducir las partidas previstas.

La organización docente recuerda que una Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, del 11 de mayo de 2025, establece que la respuesta educativa debe garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, afirman que en Melilla ocurre lo contrario. “Los que más lo necesitan reciben menos”.

Por ello, reclaman una revisión profunda del sistema y proponen que el reparto se haga de forma proporcional al número de alumnos necesitados. Además, piden que se permita la presentación de proyectos alternativos, como la distribución de sudaderas comunes, aunque se salgan del marco literal de la convocatoria, siempre que tengan un enfoque inclusivo y pedagógicamente justificable.

También exigen que se simplifiquen los trámites administrativos, que se aplique coherencia en los criterios entre centros y que se publique de forma detallada y transparente cuántos fondos ha recibido cada colegio, cuántos beneficiarios ha tenido y a cuánto ha ascendido la ayuda individual. Estas críticas se producen después de que la Ciudad Autónoma aprobara el pasado octubre una partida de 270.000 euros para financiar ayudas destinadas a uniformes escolares, según informó este medio.

“El sistema actual no garantiza derechos; los obstaculiza”, concluye el sindicato en un mensaje que apunta directamente a la responsabilidad de la administración y que reclama, con urgencia, una revisión profunda del modelo de ayudas para no seguir penalizando a los que más lo necesitan.