Los funcionarios de los sectores de sanidad, prisiones y educación que trabajan en Melilla no podrán acogerse a la nueva jornada laboral de 35 horas semanales que sí disfrutará el resto de los empleados públicos estatales en la ciudad a partir del mes de marzo. La medida, que entrará en vigor una vez sea aprobada en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, excluye inicialmente a estos colectivos, que necesitarán una instrucción específica para su aplicación.
La comisión permanente de negociación de la Administración General del Estado acordó este pasado martes elevar la propuesta de jornada de 35 horas semanales a la mesa general, que se reunirá en las próximas semanas. El objetivo es que la resolución quede publicada antes de que finalice marzo, lo que permitiría que la reducción horaria se haga efectiva dentro de ese mismo mes para el conjunto del personal incluido en su ámbito de aplicación.
Según la información trasladada por UGT, la jornada de 35 horas se aplicará al personal de la Administración General del Estado y al sector público estatal. No obstante, quedan fuera de esta implantación inmediata Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios destinados en Ceuta y Melilla. En estos casos concretos será necesario un desarrollo adicional mediante una instrucción específica que regule las condiciones de la reducción de jornada, por lo que su aplicación no será automática en marzo.
Desde UGT Servicios Públicos han valorado este paso como un avance dentro de la Administración estatal. Su secretaria general, Isabel Araque, se refirió este miércoles a la cuestión en un encuentro informativo, donde calificó como “una vergüenza” que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas. A su juicio, aquella iniciativa habría tenido impacto en la salud de los trabajadores, en la calidad de la producción y en la estabilidad del empleo.
“Se ha perdido una oportunidad importantísima, histórica”, afirmó Araque, quien también sostuvo que los convenios colectivos que no contemplen esa reducción de jornada “cometerán un error de base”. En relación con la implantación de las 35 horas en la Administración del Estado, defendió que la medida no debe interpretarse como un trato desigual, sino como un avance que puede extenderse a otros ámbitos laborales. “Quienes piensan que es un agravio comparativo y no una punta de lanza están pensando en otra cuestión que no es el bienestar de los trabajadores y la marcha de los sectores”, declaró.
UGT considera que la entrada en vigor de la jornada reducida en la Administración General del Estado puede tener repercusión en otras administraciones autonómicas. Araque señaló que la Comunidad de Madrid había indicado que no aplicaría esta medida hasta que lo hiciera el Gobierno central, por lo que la decisión estatal podría influir en futuros acuerdos en otros territorios.
De este modo, la reducción a 35 horas semanales será una realidad en marzo para buena parte de los empleados públicos estatales, mientras que los profesionales de sanidad, educación y prisiones en Melilla deberán esperar a que se dicte la instrucción específica que determine las condiciones de aplicación en sus respectivos sectores.