Salvar a la democracia

EL Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de España sale a flote como un iceberg y avisa de lo enorme y profundo que puede llegar a ser el menoscabo de nuestras instituciones democráticas. Además, no asoma aislado en la noche fría del Atlántico. Más bien, es un iceberg del Ártico. Todas las democracias del planeta, incluso las más apuntaladas, han mostrado indicativos de fragilidad y de estar a merced de cualquier iluminado que no acepta los resultados electorales y pretende impedir la alternancia.

El asalto al Capitolio por parte de Trump y, poco después, el asalto a los edificios federales de Brasilia por parte de Bolsonaro, nos muestran la variedad de regímenes democráticos afectados cuya base del iceberg es imposible vislumbrar hasta que los acontecimientos se precipitan.

En España, esa base del iceberg antidemocrático tiene su máximo exponente en la política de oposición destructiva de las derechas contra el Gobierno que, no solo se expresa en el Parlamento, en los Tribunales, en la calle (especialmente en la Calle Ferraz), sino también, y más profundamente si cabe, en esa capacidad demostrada del uso de la desinformación, la crítica hiperbólica y la estrategia populista de bulo-escándalo, a fin de forzar la caída del Gobierno constitucional y democráticamente elegido por todos los españoles.

Pero, como decíamos con el símil del iceberg en el Ártico, nuestro país, ni está solo, ni es una experiencia aislada. La UE ya había vislumbrado un Plan de Acción para la Democracia Europea en 2020 y la Comisión presentó el paquete de Defensa de la Democracia en 2023. El Consejo de Ministros ha seguido la senda europea aprobando un Plan que aspira a aumentar la calidad de la democracia mediante la reforma de la legislación de secretos oficiales, la regulación de los grupos de interés, la rendición de cuentas por parte de las Administraciones Públicas, la exigencia de debates electorales obligatorios (de los que se suele escapar Feijóo), una mayor protección al derecho al honor y a la transparencia en los medios de comunicación social.

Se trata de un Plan que, por un lado, refleja las verdaderas debilidades de nuestra democracia (similares a las que vemos a nivel global) y, por otro, es una buena respuesta a la campaña deslegitimadora de la derecha. Los españoles tenemos derecho a saber quién financia los medios de comunicación que elegimos para informarnos. No es una concesión. No se trata de algo que debamos obtener con la oposición de partidos políticos como el PP. En la decisión que tomamos cuando optamos por un periódico u otro, es necesario que sepamos quién paga el papel y las nóminas. Cualquier intento de parar este empoderamiento de los ciudadanos es de una gravedad incalificable. Denota que hay algo que nos quieren ocultar y, precisamente por eso las medidas del Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno de España son más necesarias que nunca.

La Constitución nos garantiza a los españoles y españolas el derecho a recibir información vez. No hay que ser un lince para haberse dado cuenta de que hace ya unos años hay serios problemas con pseudomedios y pseudoperiodistas que, al amparo de los derechos que asisten a la profesión periodística, han entrado por la puerta de atrás en el panorama mediático disfrazados de prensa libre, como le gusta llamarlos Isabel Díaz Ayuso y su discípulo Feifóo. Páginas web plagadas de bulos, insultos y publicidad institucional de los gobiernos autonómicos del Partido Popular han practicado un intrusismo que está haciendo un daño irreparable al periodismo.

De la culpa de por qué hemos llegado a esta situación habría mucho que escribir y ya cada uno sabe, grupos de poder mediático y partidos políticos beneficiados directa e indirectamente, qué parte le toca en esa tarta. La cuestión ahora es cómo ponemos remedio a una estrategia calculada y meditada, importada desde los Estados Unidos, para que los medios de comunicación tradicionales se vean superados por panfletos y canales de Telegram.