El Pleno dio luz verde esta mañana a las ayudas para las familias y empresas afectadas por la crisis económica del COVID-19. Se aprobaron los cambios en el presupuesto de la Ciudad y la solicitud de un crédito de 12,7 millones, pero el PP votó en contra de lo primero y, en el resto, se ha abstenido, como también lo ha hecho Vox. El diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, dio su sí a todo lo propuesto por el Ejecutivo local. Pero es que además, el centro de acogida que se ha montado en el Fuerte de Rostrogordo fue, asimismo, otro protagonista del debate de más de dos horas que se celebró en el Salón Dorado para poder guardar los dos metros de distancia social que se establecen como medida de seguridad entre los diputados y también entre los funcionarios que deben estar en estos procesos.
Además, fue un pleno lleno de reproches entre Coalición por Melilla (CpM) y el PP porque el resto de los partidos o diputados no han intervenido o, si lo han hecho, como en el caso del PSOE fue breve para pedir unidad en un par de ocasiones o de Vox una vez para aseverar que no veía la letra pequeña de estas medidas y que se iba a abstener en las votaciones.
La bronca política entre CpM y PP fue tal que se echaron en cara facturas pendientes de pago; la situación de la COA; presuntas acciones corruptas de unos y otros e incluso cómo se gestionaron las ayudas tras el terremoto de 2016.
La sesión comenzó con dos minutos de silencio que guardaron todos los diputados, de pie y sin excepción. Uno de ellos fue por las víctimas de violencia de género y el otro por las personas que han muerto debido al coronavirus.
Por un lado, el PP defendió que es su propuesta de 30 millones de euros en ayudas para familias y empresas era mucho mejor que la que llevaba el Gobierno local a este pleno. El diputado Manuel Ángel Quevedo subrayó que las medidas de ayuda del Ejecutivo melillense eran 11 millones menos que las que propone su partido.
Mientras, la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, indicaba que no entendía la actitud del PP cuando hace una semana le proponía indicarle de dónde sacar la financiación y qué partidas cambiar, y ahora los populares no querían apoyar este proyecto del Ejecutivo local cuando han encontrado esa financiación y tienen elegidas las cuantías que hay que cambiar del presupuesto.
Para la titular de Hacienda, este programa de ayudas es el “más ambicioso” del país al destinar 20 millones para empresas y más de 8 millones para las familias.
Pero en este debate además de las ayudas para familias y empresas hubo otro protagonista y fue el centro de menores que se ha creado en el Fuerte de Rostrogordo.
El PP criticó que se vayan a destinar 3,5 millones de euros a este centro y que se recoja esa medida dentro de todas las dirigidas a combatir la crisis económica derivada del coronavirus. De hecho, el diputado popular Daniel Conesa indicó al Gobierno local que si cambiaba esta partida y se destinaba ese dinero de recursos propios a las ayudas a familias y empresas, así como si retiraban otra partida de prevención social de Distritos y la asignaban a Políticas Sociales, votaría a favor de este punto.
Para Conesa, se trata esto último de una cuestión de eficiencia porque es Políticas Sociales la consejería con estructura para hacer esa prevención social y llegar a las familias necesitadas.
Sin embargo, el Gobierno local ha defendido que ese centro se ha creado por instrucción de la Fiscalía y que no tenía nada que ver el resto de medidas.
Además, Almansouri subrayó que el PP puede sugerir, pero no tienen que hacer las cosas como indican en referencia a que se retire de Distritos una partida de ayudas sociales. La consejera de Hacienda dijo que es potestad del Ejecutivo local determinar cómo es su composición.
Este desacuerdo sobre el destino de los 3,5 millones de euros para el centro de menores llevó al PP a votar en contra de los cambios de partidas en el presupuesto de más de 8 millones de euros y que el Gobierno local aseveró que se va a destinar a ayudas a las familias.
El único diputado de Vox, José Carlos Escoz, como parte del Grupo Mixto integrado también por el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, se abstuvo en todos los puntos. Por otro lado, el diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy dio su voto a favor a todas las medidas propuestas por el Ejecutivo local, como también lo hicieron los partidos que lo conforman, como son PSOE y CpM.
Otro tema llamativo que se coló en este pleno fueron los reproches de CpM al PP por perder más de 2 millones de euros de las ayudas para reformas de daños provocados por el terremoto de 2016. Almansouri echó en cara a Quevedo que no solo tenga que devolver esos 2 millones, sino también intereses. El popular se defendió asegurando que no dio tiempo a gastar cuatro millones que consiguió extra el expresidente Juan José Imbroda del Ministerio de Hacienda porque llegaron en noviembre y había que justificar su gasto en diciembre. Almansouri respondió que esto no hubiera pasado si la Ciudad, en lugar de buscar dinero fuera, hubiera solicitado un crédito. Afirmó que éste hubiera tenido menos condicionantes y las ayudas del terremoto hubieran llegado a la población.
Y otra bronca se desató en el pleno al afear la consejera de Hacienda al PP que use a la COA. Según Almansouri se habría informado a esta empresa de que no iba a recibir ayudas y se habría confundido a la COA con este asunto. Dijo que se está calculando y se tendrá entre estos días, el dinero que se debe a esta empresa y se le hará un plan de pagos. Es más, preguntó la consejera cómo el marido de la diputada del PP, Paz Velázquez, habría conseguido antes de que fuera público un informe que llevó a la COA a realizar protestas estos días.
Por otro lado, el edificio que hay en el interior del parque de La Cañada se destinará para el uso de una asociación de vecinos del barrio. El Pleno de la Asamblea aprobó ayer esta cuestión con los votos a favor del PSOE, CpM y del diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, y con los votos en contra del PP; así como con la abstención del Grupo Mixto, a través de la votación del diputado de Vox, Juan Carlos Escoz.
El diputado del PP, Miguel Marín, afirmó que no iban a apoyar esta propuesta del Gobierno local porque entendían que ese edificio era un bien demanial y no patrimonial de la Ciudad.
Marín indicó que no entendían desde su partido que el director general de Medio Ambiente manifestara en un informe que este edificio era un bien demanial y, al día siguiente, indicara lo contrario.
Aseveró que el PP no comprendía este cambio en el informe del director general y ni tampoco que se hubieran acelerado todos los trámites en un solo día para una asociación de vecinos cuando la oposición lleva esperando meses que se le responda a las preguntas y a las demandas de información.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, respondió a Marín que no hay nada ilegal ni raro en ceder este edificio a una asociación de vecinos.
Afirmó que este inmueble solo se estaba utilizando para guardar herramientas de jardinería en una zona y el resto se estaba desaprovechando, ya que la empresa que mantiene el parque no precisaba de más uso.
Mohatar indicó que no comprendía las reservas del PP en ceder este edificio a una asociación de vecinos y aseguró que estará abierto en el mismo horario que el parque, ya que se encuentra en su interior. Remarcó que es mejor que los vecinos tengan un lugar donde reunirse a dejar que se caiga del desuso este inmueble.
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