Sabrina Moh: “Si la gente quiere ducharse, tendrá que ir al supermercado a por una garrafa”

En pleno mes de junio, con temperaturas que superan los 30 grados, Melilla sigue padeciendo numerosos cortes de agua. Mientras tanto, la infraestructura que debía poner fin al problema (la desaladora ampliada con una inversión de más de 30 millones de euros) continúa sin ofrecer resultados palpables. La situación ha escalado un nivel más, tras las declaraciones de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que ha acusado al Gobierno Autonómico de “incoherencia” y de “esconderse detrás de excusas” para eludir su responsabilidad.

“Es cierto que tenemos agua mineral porque si la gente quiere ducharse tendrá que ir al supermercado a comprar una garrafa”, ha ironizado Moh en declaraciones a los medios, poniendo voz al malestar de una ciudadanía cansada de soluciones provisionales y reproches políticos. La frase, cargada de sarcasmo, refleja la frustración ante lo que considera una campaña sistemática del PP melillense para desviar la atención hacia la Delegación del Gobierno.

Lejos de tratarse de un cruce puntual de declaraciones, el enfrentamiento entre administraciones evidencia el verdadero conflicto de fondo: el desacuerdo sobre quién debe asumir la responsabilidad de una crisis que se arrastra desde hace años. El Gobierno de la Ciudad Autónoma, encabezado por el popular Juan José Imbroda, ha acusado repetidamente al Ejecutivo central y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de no garantizar el suministro. Moh, sin embargo, ha rechazado esta visión y ha recordado que las competencias en materia de abastecimiento están transferidas desde hace años.

“No se puede criticar al Gobierno central mientras se organizan reuniones sobre el agua y se excluye a la Delegación”, ha afirmado la delegada, visiblemente molesta. “Me enteré por la prensa de que había una reunión convocada por la Ciudad para tratar la situación. Si me culpan de todo, lo lógico sería que al menos me incluyeran en la solución”, ha añadido.

La desaladora de Melilla, cuya ampliación fue financiada por el Estado, fue presentada como la solución estructural a los problemas de suministro. Sin embargo, a día de hoy, el servicio sigue siendo inestable. Moh ha subrayado que el traspaso de competencias se hizo “con todas las garantías” y que el problema no está en la infraestructura, sino en su gestión. “Una obra de 30 millones de euros no puede seguir dejando a miles de personas sin agua. En pleno siglo XXI, esto es inadmisible”, ha recalcado.

El choque entre administraciones ha ido acompañado de un cruce de reproches históricos. La delegada ha recordado que cuando el PP estaba en la oposición “pedían la dimisión del consejero de Medio Ambiente por los cortes y prometían agua mineral en un mes y medio”. Ahora, dijo, “hemos pasado del minuto de Marín que va de 60 segundos a siete meses, al mes y medio de Quevedo que ya lleva dos años y no sabemos cuándo finaliza para tener agua”.

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aclara que su papel es técnico y que la gestión directa corresponde a la Ciudad Autónoma. Moh ha respaldado esa posición, defendiendo que la “cordura” debe imponerse al ruido político y ha pedido al Gobierno autonómico que asuma su papel con responsabilidad.

La ciudadanía, sin embargo, asiste a este pulso político con una mezcla de hastío y resignación. En barrios enteros de la ciudad los cortes de agua se han convertido en rutina, obligando a muchas familias a abastecerse con bidones y garrafas. “Los melillenses pagan sus impuestos a la Ciudad Autónoma y lo mínimo que esperan es que el agua llegue a sus casas”, ha zanjado Moh.

El conflicto entre el Gobierno central y el autonómico parece lejos de resolverse. Pero en las casas melillenses, lo urgente no es aclarar de quién es la culpa, sino cuándo dejará de haber cortes agua.