Robles critica las "cifras inventadas" de Imbroda respecto al reparto de menores

El Partido Socialista niega que hasta la fecha haya cifras concretas de menores no acompañados para cada autonomía

El diputado y portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Melilla, Rafael Robles, ha criticado las "cifras inventadas" del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, respecto al número de menores no acompañados que deberá acoger Melilla.

Robles ha negado que en estos momentos existan cifras concretas de menores no acompañados que deberán ser acogidos por Melilla, tras la reforma de la Ley de Extranjería que ha llevado a cabo el Gobierno central después de un pacto alcanzado con la formación independentista Junts.

Estas declaraciones se producen en respuesta al presidente Imbroda, quien ayer en rueda de prensa junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; denunció que Melilla fuera a acoger 34 menores frente a los 26, que según dijo, irían a Cataluña. Por este motivo, Imbroda pidió la dimisión del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Desde el PSOE hablan de "cifras inventadas" del presidente de la Ciudad, hilándolas con otras declaraciones de Imbroda respecto a la aduana comercial.

"Recuerda a cuando el presidente Imbroda decía que por la aduana comercial sólo pasarían productos fabricados en Melilla. La misma mentira y confusión a la ciudadanía que suelen hacer el presidente y el Gobierno de la Ciudad. Nadie ha hablado de cifras todavía".

Robles ha destacado que, en estos momentos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se mantiene a la espera de que cada autonomía le certifique los niveles de ocupación en los respectivos territorios.

En este sentido, el socialista ha aplaudido la labor del Gobierno central en cuestión migratoria y de alivio para la presión que sufren algunas autonomías, como Canarias.

"El Gobierno está dando una respuesta que dignifica a las personas, defiende los derechos humanos y protege a los menores. Se ha planteado una distribución justa para todos los territorios".

Caso de Ceuta

Rafael Robles ha puesto sobre la mesa la respuesta positiva del Gobierno de la ciudad hermana de Ceuta a esta reforma. Una respuesta que se contrapone, dijo, con las críticas del Gobierno Imbroda a una medida que beneficia a Melilla.

"Esta medida establece una serie de criterios de distribución para los menores para que seana cogidos en todo el territorio nacional. En dichos criterios, Melilla sale beneficiada, al igual que Ceuta, porque somos las autonomías con mayor presión migratoria".

Si bien sugirió que la ecuación puede resultar deficitaria para Melilla en estos momentos, aseguró que llegará el momento en el que la ciudad autónoma pueda verse beneficiada, cuando el número de menores no acompañados supere el límite de ocupación.

"Aquí hemos tenido a más de 1.200 menores, pero la ocupación actual no llega a 200. Llegará el momento en el que nos veremos beneficiados de esta reforma".

Problema sin solución

La polémica sobre la redistribución de menores migrantes en España sigue abierta y sin una solución clara a corto plazo. Mientras el Gobierno central insiste en que su política busca equilibrar la carga entre todas las comunidades, desde Melilla se advierte que sin una dotación adecuada de recursos y una planificación justa, la situación seguirá siendo insostenible.

La presión migratoria sobre ciudades como Melilla es un desafío que se ha agravado en los últimos años, y la falta de consenso entre las administraciones pone en riesgo la atención y el bienestar de los menores extranjeros no acompañados. La Ciudad Autónoma reclama una solución integral y equitativa, mientras que el Gobierno sigue adelante con su plan de reparto, generando tensiones en el ámbito político y territorial.

La polémica por el reparto de los menores migrantes refleja una vez más las dificultades de España para gestionar la inmigración de forma coordinada y solidaria. Mientras el Ejecutivo defiende su estrategia, desde territorios como Melilla se sigue reclamando un sistema más justo y con recursos suficientes para garantizar una acogida digna y equitativa de estos menores en todo el país.

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