Resumen de la semana: Se levanta el secreto de sumario y empiezan a parecer datos sobre CpM

La semana informativa se ha visto caracterizada por el levantamiento del secreto sumarial sobre una parte de la investigación que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción está realizando desde hace casi un año por lo que empezó siendo un caso de compra de votos por correo y ya incluso plantea la necesidad de extender la acción de la justicia hasta delitos de blanqueo de dinero y sus conexiones con Marruecos.

La parte del sumario que ya se ha conocido corresponde únicamente a la pieza de la operación Santiago-Rusadir. Quedan otras dos piezas más, al menos inicialmente: una sobre el hecho de la compra de votos en sí por la que fue detenido en mayo de 2023 el entonces consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, y una segunda en la que estarían las transcripciones de todos los audios de las escuchas realizadas y demás documentación volcada desde dispositivos informáticos, entre otros.

El caso es que el levantamiento del secreto puso de manifiesto la existencia de un atestado policial según el cual el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, estaría en la cúspide de una organización criminal dedicada presuntamente al fraude continuado en la contratación pública y cuyo sin no era otro que comprar votos en las barriadas más deprimidas de la ciudad y el “enriquecimiento ilícito” de las personas que figuran en el sumario, entre ellos políticos y empresarios locales.

El modus operandi no es otro que la concesión de contratos menores por obras y servicios desde las consejerías adscritas a CpM en el Gobierno de Eduardo de Castro a empresarios afines a los cepemistas (cuando no miembros directamente de la organización política) para desviar parte del dinero a comprar los votos.

El atestado llega a asegurar que en una primera parte de la legislatura 2019-2023 hubo primero que pagar deudas contraídas por CpM con esos empresarios, que habrían financiado la compra de votos en 2019; la segunda parte del mandato sirvió para pagar la siguiente remesa de votos, siempre según lo que refleja el atestado policial. Éste llega a considerar que el “asalto a la democracia” perpetrado por CpM no solo iba a limitarse a las elecciones municipales sino que se planteaba también de cara a los comicios generales que, inicialmente debían celebrarse a finales de año pero que Pedro Sánchez adelantó a últimos del mes de julio.

Otro de los datos llamativos es que el atestado se refiere a “filtraciones” desde la propia Jefatura Superior de Policía a varios de los investigados, a los que se avisó de que habría entrada y registro de sus viviendas no solo en marzo de 2024 sino también en la primera parte de la operación, que se desarrolló en mayo de 2023.

Los propios investigadores califican como “muy graves” estas filtraciones, que seguramente habrán perjudicado las diligencias, según afirma.

Mientras, los exconsejeros Rachid Bussian, Dunia Almansouri, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed, además del líder cepemista, Mustafa Aberchán, continúan en prisión. Si se ha podido saber que todos ellos han presentado los correspondientes recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. En definitiva, se está a la espera de la resolución.

Además, la defensa de la exviceconsejera Yonaida Selam, la única que pudo eludir la prisión mediante una fianza de 5.000 euros, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido que se investigue a la juez que lleva el caso por entender que se ha podido producir discriminación en los autos de prisión preventiva dictados contra estos exmiembros del Gobierno de De Castro.

El hecho de que la juez expusiera en su resolución la existencia de riesgo de fuga como consecuencia de la doble nacionalidad de los detenidos, llevó a CpM a criticar esa decisión por entender que se adopta en función del carácter étnico de las personas, un argumento que ha servido a la defensa de Yonaida Selam para presentar el citado escrito ante el órgano de gobierno de los jueces.

Por último, dos apuntes breves de otras noticias importantes. Por un lado, la Delegación del Gobierno se reitera en que habrá vuelta atrás en el sistema de bonificación de la Seguridad Social. Por el otro, el Colegio de Médicos lamenta que el Gobierno se haya negado a hacer la encomienda de gestión de la sanidad pública a la Ciudad Autónoma y alerta del deterioro progresivo de los servicios por la desatención ministerial.