Un 11,3% de los residentes del CETI piensa de en la posibilidad del suicidio

Un 11,3 por ciento de los residentes del Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI) ha pensado de forma continuada en la posibilidad del suicidio; de los cuales, un 37,7 por ciento lo ha valorado en alguna ocasión, tal y como asegura el último informe del Grupo de Acción Comunitaria (GAC), en coordinación con el equipo del Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura SIRA, llamado ‘El limbo de la frontera’.

Explican que desde 2020 y hasta finales de 2021, analizaron la situación de las personas atendidas en recursos de Melilla y Canarias, midiendo el impacto que éstos tienen en su sufrimiento psicológico.

En Melilla, el 61,7 por ciento de las 54 personas entrevistadas en Melilla refieren haber sufrido hechos de tortura en su proceso de huida o tránsito, por lo que ingresan en el territorio español con un impacto psicológico, derivado de esta violencia sufrida en origen y tránsito.

Miedo e indefensión

En el informe señalan que dentro de la acogida en Melilla, se evalúa específicamente el entorno fronterizo, donde las personas migrantes sufren, de manera reiterada, ataques a la percepción de control básico sobre la propia y a su seguridad, así como ataques a la identidad. Aseguran que más de la mitad de las personas entrevistadas afirman haber sufrido violencia policial, por parte de las autoridades marroquíes y/o españolas en el cruce de frontera.

También que un alto porcentaje de los testimonios señalan que la policía marroquí realiza de forma sistemática traslados forzosos desde la frontera a otras ciudades del territorio marroquí. En todos los casos, reconocen haber sufrido violencia física y psicológica en este contexto. Explican que algunas de las personas entrevistadas, que habían logrado entrar en territorio español en ocasiones anteriores, refirieron haber sido inmediatamente devueltas a Marruecos sin posibilidad de pedir asilo o asesoría jurídica (devolución “en caliente”) .

Productoras de angustia

El 77,4 por ciento de los entrevistados valoran como muy insuficientes las condiciones de habitabilidad, debido al hacinamiento, que genera una enorme falta de privacidad (75,5 por ciento). Además, se percibe una falta de seguridad (79,2 por ciento), puesto que no existe ningún espacio propio con llave o vigilado para guardar sus pertenencias y están expuestos a robos de manera constante, explican.

Aseguran que hay una percepción generalizada de que las condiciones de acogida atacan la dignidad. “En el CETI, para ir al médico la cola, para ir a la administración la cola… que les escuches o que les trates con respeto, como tratarías a otro ciudadano, ellos lo sienten y lo agradecen muchísimo, lo que indica que no es una práctica habitual en el contexto.”

Solamente cuatro personas que estaban acogidas dentro del CETI, consideraban sentirse seguras, el resto (92,5 por ciento) percibían inseguridad relacionada, además de con el tema ya mencionado de los robos, con las disputas que existen dentro del recinto, sin que exista una intervención por parte del personal de seguridad del centro, aseveran en el informe.

Uno de los testimonios compartidos por el informe señala que “la sensación de que tú estás ahí, pero no es un hogar, porque no es seguro, porque si te vas a duchar y te dejas las chanclas te las roban. Cualquier cosa te la quitan […] Muchos chicos, que las monjas les han dado algunas cosas (ropa, mochilas, material de papelería…) no las usan y les piden a ellas que les guarden las cosas, para poder llevárselo el día de la salida.”

El informe recoge que las personas señalan una fuerte desprotección, refiriendo el 25,9 por ciento “no haber recibido ninguna ayuda por parte de la seguridad del CETI ni de la policía cuando la necesitaba”. Algunos de los entrevistados explican que hay quienes roban la ropa para venderla luego.

Agresiones físicas

Los problemas a los que se enfrentan los resientes del CETI no ocurren solo dentro del centro, sino también en la ciudad. Concretamente, el 58,6 por ciento refieren haber sufrido alguna agresión en Melilla. El 17 por ciento reflejan amenazas de agresión de la policía, guardia civil o personal del CETI, junto a un 11,4 por ciento por parte de la población local y un 30,2 por ciento de otras personas migrantes.

No solo eso, sino que en el 43,7 por ciento de los casos, las amenazas llegan a convertirse en agresiones. Un 15,1 por ciento de las personas entrevistadas afirman haber sido agredidas por la policía, guardia civil o personal del CETI. Un 15,4 por ciento han sido víctimas de agresiones por parte de población de Melilla y un 13,2 por ciento de otras personas migrantes.

Atención sanitaria

Algo más de la mitad, un 52,8 por ciento, evalúa la atención sanitaria como “insuficiente o muy insuficiente”, llegando incluso a señala la falta de información médica de calidad. Explican que durante el estudio se entrevistó a un joven que acudió del servicio sanitario con un sobre cerrado. Al abrirlo, está escrito que tiene VIH, sin que al parecer nadie le haya explicado lo que esto significa y cuál la situación, los cuidados y el pronóstico de la enfermedad.

CAG señala que “España, lejos de garantizar la rehabilitación de las personas, empeora y reaviva las experiencias vividas durante el trayecto migratorio. Teniendo en cuenta las deficientes condiciones de acogida queda en evidencia que esta obligación no se cumple.

El perfil de los encuestados

De las 53 entrevistas realizadas, el 45.3% llevaba entre 1 y 6 meses, el 5.7% entre 6 meses y 1 año, 7.6% entre 1 y 2 años. Además, una persona llevaba 3 años y otra, 5 años. Solo 4 personas se encontraban con familiares en Melilla.

El 70,2% presentan factores de vulnerabilidad, como viajar con un solo progenitor o tener alguna enfermedad física o mental aguda o crónica. El 85,1% eran solicitantes de Protección Internacional. El 61.7% refieren haber sufrido tortura en su proceso de huida o tránsito. La mayoría de las personas ha realizado viajes migratorios de larga duración.

El 68.1% refiere haber viajado durante más de 2 años, siendo la media de los trayectos, de tres años. Varios casos apuntan haber hecho viajes de hasta 5 y 6 años.

En el momento de la evaluación, la Ciudad Autónoma tenía bloqueada la frontera terrestre, lo que produjo una situación de hacinamiento. Una de las agentes clave, explica que el tiempo de retención de las personas migrantes en la ciudad autónoma, ha sido siempre variable, prolongado y arbitrario, independientemente del COVID: “No creo que haya aumentado el tiempo en Melilla ni las condiciones del CETI. Los flujos migratorios son dinámicos. Siempre ha sido muy dispar. Dependiendo de dónde hayas nacido, por ejemplo, te ayuda o no a cruzar antes o después. El cierre de frontera ha afectado mucho a quienes cruzaban de manera libre por tierra, pero el tiempo muy largo en Melilla siempre ha sido un problema.”, dice un residente encuestado.