GRAFCAV1372. PAMPLONA, 06/02/2019.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, atiende a los medios de comunicación antes de inaugurar esta mañana en el Baluarte de Pamplona el II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, en el que se dan cita expertos en legislación y más de 200 congresistas. EFE/ Jesús Diges
El Ministerio de Sanidad abrió ayer a consulta pública el proyecto de ley por el que las mujeres lesbianas y las mujeres sin pareja recuperan el derecho a acceder a los tratamientos gratuitos de reproducción humana asistida, que el PP eliminó en 2013 de la cartera de servicios básicos. Se trata del proyecto de modificación del Real Decreto que regula la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), concretamente la modificación del anexo III, que contempla los tratamientos de reproducción humana asistida.
El trámite de audiencia e información pública, abierto este viernes en el que el Gobierno ha anunciado elecciones para el 28 de abril, se prolongará hasta el próximo 7 de marzo, dos días después de que comiencen a contar plazos para la publicación y proclamación de candidaturas para las próximas elecciones generales. Según las estimaciones de Sanidad, 4.691 mujeres lesbianas y 5.955 mujeres heterosexuales sin pareja serían susceptibles en España de recibir tratamientos de reproducción asistida en el marco de la cartera común de servicios del SNS por lo dispuesto en el nuevo proyecto, si todas decidieran acudir al sistema público.
Si se estima que un 80 % del total de mujeres acudirán al sector público para recibir estos tratamientos, el número final sería de 8.516 mujeres. Pero no todas las mujeres acudirían a tratamiento el año de entrada en vigor de la norma, por lo que se puede calcular que solo el 20 % de las mujeres acudirían el primer año a tratamiento, de manera que serían finalmente unas 1.703 mujeres.
El coste global de los tratamientos de inseminación artificial y de fecundación in vitro para estas mujeres en el marco de la cartera común supondría 3,2 millones de euros. No obstante, gran parte de este gasto ya se está asumiendo por las comunidades autónomas, ya que están facilitando los tratamientos a estos colectivos de mujeres, por lo que puede considerarse que el impacto real económico de aplicar esta norma solo afectaría a la población correspondiente al Ingesa (Ceuta y Melilla) y a las Mutualidades de funcionarios. Según señala el texto sometido a trámite de audiencia, el proyecto va a tener un impacto positivo al "facilitar la creación de familias en aquellos casos que por tratarse de mujeres lesbianas o de mujeres sin pareja masculina no es posible sin recibir por parte de las mujeres tratamientos de reproducción humana asistida".
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