El PP, Coalición por Melilla (CPM) y el Grupo Mixto, conformado por el único diputado de Somos Melilla, han firmado este lunes una moción en la Asamblea de la ciudad para rechazar el nuevo sistema de bonificación a la Seguridad Social que ha entrado en vigor en septiembre y que cambia el que se aplicaba desde 2004.
Los tres grupos, que suman 20 de los 25 diputados de la Cámara, han registrado esta moción para instar al Gobierno a que vuelva al anterior sistema de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
El texto de la moción, al que ha tenido acceso Efe, respalda la carta que envió el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para solicitar una moratoria o aplazamiento de la aplicación del Real Decreto por el que se ha producido este cambio de modelo.
Además, insta al Gobierno de España a tomar una serie de medidas con carácter de urgencia, entre ellas, la realización de las modificaciones legales necesarias para volver al sistema anterior de bonificaciones a las cuotas patronales a la Seguridad Social y suspender la aplicación del nuevo sistema.
En la moción, anuncian que si el Gobierno de España no accede a esas peticiones, en un plazo no superior a 6 meses pondrán en marcha las potestades previstas en el Estatuto de Autonomía de Melilla para la elaboración de una iniciativa legislativa para recuperar el sistema de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social que estuvo vigente hasta el 31 de agosto.
Asimismo, se comprometen a que la Asamblea busque el mayor consenso político y social “para articular medidas y acciones encaminadas a la defensa de los intereses de Melilla y el blindaje de nuestro régimen económico y fiscal, a fin de evitar las decisiones unilaterales que ponen en jaque nuestra economía y nuestro futuro”.
Estos grupos dejan claro que el nuevo sistema implantado por el Gobierno es “notablemente dañino para el sector empresarial” de Melilla y Ceuta y sus trabajadores, además de “un agravio” que no soluciona “el problema de fondo y las consecuencias negativas que pueden suponer para nuestro tejido productivo”.
“Además, conseguirá el efecto contrario del objetivo de esta ley, que se supone que es el mantenimiento del empleo existente y la generación de empleo”, advierten estos tres grupos, convencidos de que “el Gobierno de España ha derogado un beneficio económico” que repercutía de manera positiva en empresarios y trabajadores desde 2004.
