Rechazo en frontera

Era cuestión de tiempo que se reanudaran los saltos a la valla de Melilla. La grave situación que vive la población civil en Malí, Burkina Faso y Níger se ha saldado ya con medio millón de desplazados y era previsible que nos afectara y que nos siga afectando en el futuro más o menos inmediato.

El yihadismo está implantando la violencia en Mopti (centro de Malí) y en la zona norte de Burkina Faso. La sequía enfrenta a ganaderos dogones y agricultores peúles y aunque desde la Unión Europea destinaron la semana pasada 138 millones de euros a la lucha antiterrorista en el Sahel, la partida presupuestaria de 534 millones que Naciones Unidas ha asignado a ayuda humanitaria en la zona está llegando con cuentagotas.

Ese dinero es a estas alturas insuficiente para cubrir las necesidades elementales de los 5,1 millones de desplazados que ha provocado el conflicto, de los cuales, casi 1,8 millones de personas están pasando hambre, según publicó hace unos días El País.

Más de 3.000 escuelas han cerrado en Burkina Faso y también lo ha hecho un número indeterminado de centros médicos. La situación es de emergencia total.

¿A dónde creen que huirán esos refugiados de libro? Los que se decidan a abandonar los campamentos subirán hacia el norte de África y aquí tienen al menos cinco salidas: morir en el camino, quedarse en Marruecos o Argelia y cruzar a Europa por Libia o por Melilla.

Aunque ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas ni Frontex tienen estudiado el perfil del migrante que salta la valla de Melilla, casi con total certeza podemos dar por hecho que serán los más jóvenes y fuertes, pero también los más pobres. Saltan la doble alambrada los subsaharianos que no tienen dinero para pagarse el trayecto en patera hasta las costas españolas o italianas.

De este lado de la frontera les espera la Ley de Extranjería 4/2000 que no contempla la posibilidad de que el migrante que salta la valla pueda pedir asilo al guardia civil que le recibe en el momento en que lo intercepta al intentar sortear los elementos de contención fronteriza de manera ilegal.

Lo que establece la Disposición Adicional Décima de la Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana, es que los solicitantes de asilo se dirijan hacia el puesto fronterizo de Beni Enzar y pidan protección internacional en España, siempre y cuando puedan evadir el control de la Policía marroquí. Eso para una persona de piel negra es prácticamente imposible.

Y aquí es donde está uno de los puntos débiles de nuestra legislación: no garantiza el derecho a asilo de quienes intentan entrar irregularmente en España a través de la valla. La Disposición Adicional Décima está recurrida en el Constitucional por el PSOE, aunque ahora es quien lo aplica en Melilla.

Ayer hubo rechazos en frontera y eso es legal... de momento. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sigue sin pronunciarse sobre dos devoluciones en caliente que tuvieron lugar en Melilla en el verano de 2014. Pero la sentencia, recurrida por el Gobierno español, es meridianamente clara cuando incide en que con esas devoluciones automáticas (hoy reguladas por la Ley Mordaza) España vulneró el artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (que sufren en Marruecos los inmigrantes devueltos); el artículo 13, que consagra el derecho al recurso judicial efectivo y el artículo 4 del Protocolo 4 que prohíbe las devoluciones colectivas.

La devolución es una figura jurídica simple, pero con una mínimas garantías. Al no ser una sanción administrativa, no se le puede aplicar el artículo 24 de la Constitución Española que garantiza el derecho al recurso. Pero el artículo 20.2 de la propia Ley de Extranjería obliga a respetar la normativa general de procedimiento administrativo, lo que significa que los inmigrantes objeto de devolución tienen derecho a recurrir esa decisión administrativa.

Es contradictorio, sí, pero para aclarar cualquier tipo duda está el Reglamento de Extranjería 557/2011, que en su artículo 23.2 marca el protocolo a seguir para devolver inmigrantes que saltan la valla: la Guardia Civil no tiene competencias de Extranjería por lo que debe trasladar a los infractores a la Policía Nacional, donde tienen derecho a abogado de oficio, intérprete e interponer recurso antes de ser expulsados y a solicitar asilo.

Esa posibilidad no la da el rechazo en frontera y por eso choca con la normativa jurídica internacional de respeto a los derechos humanos. Ningún acto administrativo puede quedar fuera de control. Pero para ello es necesario que los inmigrantes sean identificados, algo que no ocurre por lo que se hace muy difícil, si no hay grabaciones de ONGs y prensa, como las que existen del salto del 13 de agosto de 2014, recurrir el rechazo en frontera en los juzgados.

La situación es delicada porque ni entre los mismos jueces hay unanimidad a la hora de buscar una solución alternativa a este tipo de devolución en caliente.

Hay quienes se preguntan por qué hay que respetar derechos a personas que violentan las fronteras de un país y dejan heridos a su paso. Creen que si quienes entran por la fuerza tienen todas las garantías jurídicas que ofrece nuestro Estado de Derecho no habrá incentivos para que los extranjeros intenten acceder a España por puestos fronterizos habilitados, donde en caso de denegación de entrada, sí tienen derecho a abogado, intérprete y asilo.

No nos corresponde a los periodistas decidir quién entra o no en nuestro país. Pero tenemos la capacidad y la posibilidad de exigir respeto por los derechos humanos. Devoluciones, sí, pero cumpliendo con todas las garantías legales que establecen nuestras leyes y los compromisos internacionales que hemos suscrito.

Creo, sinceramente, que el coste de imagen de devolver inmigrantes por las bravas es infinitamente superior a lo que nos cuesta identificarlos y entregarlos a Marruecos en un máximo de 72 horas.

Que conste que los inmigrantes que se rechazan en frontera son entregados a Marruecos en nombre de la buena voluntad del país vecino. Las autoridades marroquíes no están obligadas a aceptarlos porque el Tratado de Readmisión firmado en 1991 y ratificado en 2012 no sólo exige la identificación de las personas sino además, demostrar que han llegado a España procedentes de Marruecos. Algo absurdo porque a Melilla, por tierra, sólo se llega desde Nador.

Con esto quiero decir que urge buscar una solución al rechazo en frontera porque si un día Marruecos dice basta, nos va a faltar sitio en Melilla para montar campamentos de refugiados como los del Líbano. Y digo refugiados porque las devoluciones legales que ejecuta el PSOE han desembocado en un abuso de la figura del asilo, aunque como he dicho, la mayoría de los subsaharianos que llegarán en los próximos meses huyendo del Sahel son refugiados de libro.