Randa Mohamed achaca los impagos de las ludotecas a la herencia del anterior Gobierno

Consejera de Políticas Sociales: “No pedimos gratitud, pero hemos garantizado que no pierdan sus puestos”

Los trabajadores de las ludotecas municipales de Melilla han denunciado públicamente que llevan hasta dos meses sin cobrar sus salarios. La situación afecta a decenas de empleados, algunos de los cuales arrastran impagos desde finales de 2024. Ante esta denuncia colectiva, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha atribuido el problema a la gestión del anterior Ejecutivo, al que culpa de haber dejado caducar el contrato del servicio sin una alternativa lista para su renovación.

En declaraciones recientes, Mohamed ha defendido que su departamento se encontró con un único contrato vencido y que ha tenido que dividirlo en 32 nuevos lotes para poder sacar el servicio a licitación. “Nos hemos visto obligados, donde había un solo contrato, a sacar 32”, explicó. La consejera aseguró que esta reorganización busca mantener la continuidad laboral del personal afectado. “No pedimos gratitud por parte de ellos, porque entendemos de todas formas la situación que están viviendo, que es muy complicada, muy límite”, añadió.

En el comunicado difundido por los trabajadores el pasado 24 de julio, denuncian que la falta de pago les ha dejado en una situación de precariedad económica grave. Alquileres sin pagar, hipotecas en riesgo de impago y facturas acumuladas son algunas de las consecuencias directas que describen. “Trabajamos sin cobrar, y nadie da la cara”, afirman en el documento, que también señala la falta de respuesta institucional.

Uno de los puntos más señalados es la continuidad de Alvalop —antes llamada Prosem— como empresa responsable del servicio. Los trabajadores recuerdan que esta entidad ya ha protagonizado episodios de impagos en otros territorios y consideran que la administración debió haberlo tenido en cuenta. “Cambió de nombre, pero no de prácticas”, denuncian, criticando además la supuesta falta de control por parte de la Consejería.

Mohamed aseguró que su departamento ha iniciado los trámites para imponer penalizaciones a la empresa por cada uno de los ocho lotes actuales de ludotecas. “Es un trámite que lleva tiempo. Hasta que no se resuelva, no se puede resolver el contrato”, explicó. Aun así, reconoció que “lo que está haciendo la empresa es brutal con ellos”, en referencia al trato a los trabajadores, y aseguró que la Consejería está utilizando todas las herramientas legales a su alcance para abordar el problema.

Algunos trabajadores, como los de la ludoteca de Cañada de Hidum, ya han pasado a estar contratados por otra empresa que sí paga con regularidad. Sin embargo, las deudas generadas durante los meses que estuvieron bajo la gestión de Alvalop siguen sin saldarse. Esta situación se suma a las denuncias previas de condiciones insostenibles en el centro, ya manifestadas en noviembre de 2024.

Randa Mohamed explicó también que ha mantenido reuniones con coordinadores de las ludotecas para informarles sobre las gestiones en curso. “Le trasladamos lo mismo: que entendemos la situación, que sentimos mucho la situación porque es grave y límite, y que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos de forma legal”, dijo.

El conflicto no es exclusivo de las ludotecas. En el comunicado, los trabajadores señalan que otros servicios sociales bajo la misma consejería, como el centro de menores La Purísima —gestionado por Tragsa— y el Gámez Morón —operado por Salzillo— también atraviesan problemas similares. Los firmantes interpretan esta situación como una muestra de una crisis más amplia en el modelo de gestión de los servicios públicos externalizados.

Además del pago inmediato de los salarios, los empleados reclaman que se rescinda el contrato con Alvalop y se depuren responsabilidades políticas. Advierten de que no aceptarán más demoras y que su trabajo diario, centrado en la atención a niños y familias, merece respeto y estabilidad laboral. Desde la administración, por el momento, se insiste en que la vía legal es la única opción posible, aunque no inmediata.

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