Quevedo: Mohand no ha querido que se escuche en la Asamblea el sobrecoste del laboratorio Covid

El diputado del PP de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, criticó que tras dos años en el Gobierno, los diputados continúen achacando las culpas y responsabilidades de algunos problemas al Ejecutivo anterior. Una vez finalizado el pleno de control, Quevedo indicó que se han encontrado con una serie de problemas “que ya se están haciendo sistemáticos por parte del Gobierno”. Asevera que el Ejecutivo local actual, en dos años, no tienen adecuadas las playas o resuelto el tema de la grúa. Para los populares, este argumento de responsabilizar al Gobierno anterior puede aceptarse en los primeros 100 días o seis meses, pero a partir de allí deben cambiar el discurso.

Por otra parte, criticó que el Ejecutivo se dedique en los plenos de control “a no contestar o a hacerlo con chascarrillos o con gracietas”, dijo Quevedo mientras se refería al consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohand, quien a juicio del popular “ha dado un pleno que a mi me parece vergonzoso”.

Le recuerda que en cada una de sus intervenciones, no solo le habla y responde a los miembros de la oposición sino también a todos los melillenses, que los han elegido para representarlos.

Señaló que hay temas de importancia que se llevaron a pleno y no han sido contestados, como el Hospital Modular, que recordó también se dejó de responder hace dos meses, “y hoy la señora Rojas ha vuelto a no contestar y además lo dice en la cara. ¿Cómo no va a volver a hablar de este tema?”, se preguntó Quevedo quien recordó que la pregunta fue hecha en un Pleno de Control por lo que “está usted obligada a contestar porque usted es consejera, es coordinadora Covid y usted está obligada a contestar a todos los melillenses”.

El diputado del PP también preguntó en el pleno por el coste y el abono de la factura del laboratorio Covid, interrogante que tampoco fue contestada por el consejero de Salud Pública y señaló que lo haría por escrito, aunque el PP no confía en que se haga y de hacerlo será “en un tono jocoso”.

“Lo que no ha querido el señor Mohand y el Partido Socialista es oír en esta sede que ese laboratorio por el cual acordaron con la empresa pagar prácticamente 500.000 euros, cuando entró por el Puerto valía 153.000 euros”, dijo Quevedo quien señaló que sumando el coste de los aforos son 165.000 euros como máximo.

Quevedo dijo a la prensa que en los dos kilómetros entre el Puerto y el Cuartel de Santiago se revalorizó el equipo en 330.000 euros. “Se ha triplicado su precio, de lo que vale en el Puerto declarado, 165.000, y cuando llega a Santiago vale 330.000 euros más y eso no se lo cree nadie”, asevero Quevedo e indicó que por ello los técnicos de la Ciudad no han pagado la factura.

Desde hace un mes, según el popular, han solicitado a la consejería información del inventario y las compras del laboratorio y no se los entregan. “Nuevamente se cargan todo el reglamento de la Asamblea”.

Exigen una investigación

Miguel Marín, diputado del PP de Melilla, también criticó al consejero de Salud Pública quien “ha dado un paso más de reírse de todos los melillenses y de tomarle el pelo”. El popular lo calificó de “irresponsable” y dijo que lo la demostrado en estos meses de pandemia.

Marín tildó de “mentiroso” a Mohand, quien dijo que la denuncia presentada por el PP por infringir las normas sanitarias al asistir a una reunión en la que se le vio comiendo una paella fue archivada. El popular afirmó que la formación política presentó una denuncia ante la Policía Nacional contra Mohand porque los hechos que denunciaban “no tenían relevancia penal y sí tenían relevancia desde el punto de vista administrativo”.

Explicó que la Policía Nacional remite la denuncia al Juzgado y este resuelve la parte penal, que es archivada, pero en la parte administrativa “el juzgado dice que se decreta el sobreseimiento libre y archivo de las presentes actuaciones desde el punto de vista penal, sin perjuicio de que los hechos puedan ser constitutivos de infracción administrativa de las medidas preventivas adoptadas en el decreto número 110 de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

El auto pide que se remita la documentación original y la resolución a la Dirección General de Salud Pública y Consumo “por si los hechos denunciados fueran constitutivos de infracción administrativa”, leyó Marín.

El popular se preguntó “¿qué es lo que tiene el consejero de Salud Pública que no tienen esos de 6.000 melillenses que han sido denunciados?”. El PP exigirá que se investigue si se incumplió la norma.