Quevedo dice que ya existe una norma que sanciona a quien arroja basuras

El vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, aseguró este jueves que no entendía cómo el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, ha asegurado estos días que va a realizar un reglamento nuevo para sancionar a quien tire la basura fuera del contenedor o a quien la deposite en él fuera del horario establecido. El popular aseveró que esa norma ya existe y que Mohatar participó en su elaboración en el 2015.

En concreto, destacó que se trata del reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla. Mohatar comentó que la normativa tiene 33 años y Quevedo dijo que en realidad cuenta con cuatro años porque el 12 de mayo se aprobó este reglamento en el que se recoge en su capítulo dos las sanciones por no cumplir con la limpieza de la ciudad.

En este sentido, indicó que se establece que hay multas para quien arroje colillas, quien deje fuera de los contenedores la basura o la baje a la calle fuera del horario establecido. El máximo de las multas es de 750 euros. Por ello, indicó que más que una nueva norma, lo que es necesario es que se apliquen estas sanciones. Pero Quevedo explicó que esto último depende de Seguridad Ciudadana y no cree que consiga nada en este sentido desde dicha área que lleva Eduardo de Castro.

Errores en una licitación

Por otro lado, los vigilantes de seguridad de las instalaciones de la Ciudad podrán recibir su parte de la bonificación de la Seguridad Social porque se incluirá en el pliego de condiciones de la licitación del servicio. Así lo aseguró el vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP de Melilla que indicó que fue su partido el que se dio cuenta de que faltaba esto por añadir. Se trata de un 8% del sueldo base y para estos trabajadores supone unos 80 euros más al mes en su salario.

También subrayó que hubo un error a la hora de hacer las cuentas de este pliego y que se dio cuenta el PP durante la revisión de este asunto en una comisión. Por ello, se quedó sobre la mesa y ahora la Ciudad tendrá que revisar estas cuestiones antes de volver a llevar a dicho órgano este contrato para adjudicar el servicio de vigilancia. Se trata de un coste de 5,5 millones de euros al año y el contrato es de 24 meses, por lo que el gasto total es de 11 millones de euros.