Los ministerios del Interior y Sanidad plantearon en julio poner en marcha la figura del interlocutor policial sanitario. Manuel Mellado, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía, se ha hecho cargo de esta competencia en nuestra ciudad. –¿Desde cuándo lleva funcionando la figura del interlocutor sanitario policial en Melilla? –En Melilla empezó a funcionar a mediados de diciembre, cuando tuvo lugar la primera toma de contacto real. Hay un interlocutor nacional y a nivel territorial, somos los jefes de las unidades de seguridad privada los que nos hemos hecho cargo de esta figura. –Uno de los fines es reducir las agresiones al personal sanitario. ¿Qué objetivos más se plantean? –El objetivo primordial es que haya una comunicación fluida y regular, que es el elemento fundamental para la prevención. A través de las organizaciones del personal sanitario, intentaremos conocer cuáles son sus demandas e inquietudes. Eso es esencial para que conozcamos el nivel de riesgo de agresiones a este personal. El reto es establecer medidas en las bandas horarias de mayor conflictividad en los centros. Conocer la situación nos permitirá establecer medidas policiales de protección, de forma personalizada e individualizada según los casos. Esa comunicación fluida y periódica entre el Cuerpo Nacional de Policía, en este caso el interlocutor, y las organizaciones representativas del personal, nos permitirá dar una eficacia en la respuesta a la seguridad del personal sanitario en su labor cotidiana. Vemos en los medios de comunicación que hay un cierto incremento en estas agresiones, tanto verbales como físicas. –¿Cómo se llevará a cabo esa comunicación? –Se realizará de forma periódica, bien porque nos la soliciten ellos o por nosotros por iniciativa propia para responder a sus demandas e inquietudes. Se hará una evaluación y habrá unos periodos anuales de intensificación, en mayo y octubre, cuando las labores preventivas mediante actuaciones con presencia policial se intensificarán. Se realizarán reuniones con los representantes de estas organizaciones de profesionales sanitarios cada quince días. Eso sin perjuicio de que, debido a un incremento de agresiones o a cualquier situación de emergencia, se decida aumentar ese periodo de intensificación. Además, mi intención es celebrar reuniones mensuales, cada treinta o cuarenta días, en circunstancias normales. Pero les escucharé en cualquier momento que me lo requieran. –¿Qué acciones se contemplan? –La propia circular relativa a esta figura le da una importancia bastante grande a la colaboración entre la seguridad pública y privada. En la mayoría de los centros sanitarios hay empresas de seguridad privada prestando labores de protección. Por eso es fundamental esa colaboración, que viene recogida también en el plan estratégico de Policía Nacional 2011-2017. Una de las líneas principales de actuación es afianzar la colaboración y coordinación con el sector de la seguridad privada. Hay un plan integral de colaboración nacional, denominado Red Azul, que está coordinado por la Unidad de Seguridad Privada. Hay una gran colaboración y están integradas varias instituciones. –Se estaría entonces en una fase inicial de diagnóstico. –Lo fundamental es la comunicación para conocer la situación en Melilla. Estamos partiendo de casi cero. La reunión con el Ingesa fue el pistoletazo de salida. Lo primero y dando incumplimiento a la circular, fue hacer un catálogo de centros sanitarios públicos y privados de la ciudad. Se ha remitido al interlocutor policial nacional con el fin de elaborar un catálogo nacional. Después, se incluirá el nivel de riesgo de cada uno. También hemos determinado en cuáles de ellos la atención médica es permanente, es decir, los servicios de urgencias. Nosotros tenemos la información de cuando se formula denuncia en la Comisaría de Policía. A principios de febrero, Ingesa nos facilitará sus datos porque muchas veces los profesionales no quieren venir a denunciar aquí y la tramitan a través de su abogado. Sobre todo son agresiones verbales. También tendremos que determinar las bandas horarias en las que más se producen estas agresiones y también si son solo a persona facultativo o a otro. Esa información se pasará al interlocutor nacional para ver las medidas preventivas que se adoptan en el conjunto del país y a nivel local. –¿Qué datos barajan? –En enero se han producido dos agresiones que han llegado a la Jefatura. En la primera actuó la Policía Local. Fue el 8 de enero, en el centro de salud Alfonso XIII, cuando un detenido que llevaba la policía le dio una patada a una ATS y agredió también a los agentes. Fue condenado por atentado. La otra se produjo el 23, cuando hubo un intento de agresión de un paciente a una ATS y a una auxiliar en el Hospital Comarcal. Por la pericia de estas chicas y de sus compañeros se evitó la agresión. El caso ha pasado al Juzgado de lo Penal número 2. Aparte, están los casos que se tramitan a través del abogado del Ingesa, que serán de tipo verbal. A nosotros también nos interesa incentivar que estas personas denuncien. Eso se trabajará dentro de las acciones formativas que se van a llevar a cabo pronto con el personal sanitario sobre medidas preventivas y de protección. –¿Cuántas reuniones se han mantenido con el Ingesa? –Ha habido dos reuniones con el Ingesa, una en noviembre y otra el 19 de diciembre. Participamos una representación de la Jefatura Policial, directivos del Ingesa y representantes de la junta de personal del área sanitaria. Se dio a conocer la figura del interlocutor policial y nos mostraron sus inquietudes. Antes de mediados de febrero tendremos la próxima reunión. Una de las quejas del personal son las esperas que tienen que hacer para las denuncias, sobre todo cuando son agresiones verbales. Si no denuncian, estos usuarios se estarán envalentonando. Estas agresiones tanto a personal sanitario como docente están reconocidas en el Código Penal como atentado. Es necesario que se conozcan las sentencias y las penas impuestas para que esto haga recapacitar a los usuarios sobre su actitud y comportamiento con el personal sanitario. También tenemos que ver cómo han ido funcionando las primeras medidas preventivas que hemos ido implantando. –¿Cuáles son esas medidas? –Una de las medidas instauradas este año es la presencia policial en los centros sanitarios, en aquellos que nos han demandado y en las bandas horarias más conflictivas. Sin perjuicio de que puedan tener seguridad privada, que eso ya de por sí es disuasorio. La presencia no es permanente y es por el exterior. Sirve, al menos, para disuadir a los usuarios frente a posibles agresiones y que el personal sienta la tranquilidad de que estamos allí nosotros. Se está haciendo en Urgencias del Hospital Comarcal y en el centro de Cabrerizas. También se le ha dado apoyo al nuevo de Polavieja pero no por las agresiones, sino porque por la novedad han tenido más usuarios y actividad. Pero no hay que olvidar los otros centros porque tenemos la agresión en Alfonso XIII. En la próxima reunión vamos a proponer medidas para reducir los tiempos de espera para que no dejen de denunciar. Desde que está la figura del interlocutor, en las dos agresiones producidas, se ha procurado simplificar el trámite y que la espera fuera la mínima. Las medidas formativas son también importantes y las dirigiremos tanto al personal público como privado que quiera asistir. –¿Cuál es el reto? –Agresiones cero. El lema para la ciudadanía sería ‘los profesionales de la salud son nuestros aliados, no nuestros enemigos’.