El Boletín Oficial del Congreso publicó ayer dos respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Socialista y Amaiur sobre el caso de la ciudadana siria Manar Almustafa, que fue trasladada a la península para tratarse las quemaduras causadas por armas químicas en la guerra de Siria.
Ambos grupos parlamentarios se interesaron por la atención sanitaria que recibió Almustafa, pero el Ejecutivo central recuerda que este tipo de información está bajo la Ley de Protección de Datos. No obstante, el Gobierno recuerda que fue el 7 de noviembre del año pasado cuando “la Jefatura Superior de Policía de Melilla tuvo conocimiento de la presencia de Almustafa, quien manifestó su deseo de pedir asilo en España, dado que había huido de Siria”.
La solicitud se realizó un día después y se incluyó a su hija menor de edad. “A la vista de la acuciente situación humanitaria de la solicitante, el Ministerio del Interior hizo un gran esfuerzo por agilizar esta solicitud”, explica el Gobierno. Fue el 20 de diciembre cuando la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) resolvió la petición de manera favorable y ocho días después Almustafa fue trasladada a Málaga junto con “su grupo familiar, constituido por 13 personas”..
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