La portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Melilla, Gloria Rojas, pidió ayer el cumplimiento de la ley y, por tanto, la dimisión inmediata de María Antonia Garbín, como diputada de la Asamblea de la Ciudad, tal y como explicó la líder socialista, basándose en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, respondió a Rojas por Twitter y le indicó: “Debería leer el fallo antes de exigir nada. No la inhabilita de diputada, la respeta”.
“No entramos en una cuestión moral, sino de legalidad. Garbín ha sido condenada a diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada en el llamado Caso Abogados y, por lo tanto, debe dejar su acta de diputada”, subrayó en referencia a las declaraciones de la propia Garbín, que aseguró que no va a dejar su escaño en la Asamblea de Melilla.
La LOREG recoge que son inelegibles los condenados por sentencia, “aunque no sea firme”, por delitos contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal, como es el caso de la popular Garbín.
Años de contratos menores
Rojas recordó que el Tribunal de Cuentas y el propio PSOE habían advertido en varias ocasiones a Garbín de que no se podía concatenar contratos menores durante años y años para contratar a unos abogados concretos.
“Nadie duda de la calidad de los abogados que han estado trabajando para la Ciudad durante estos años, pero no se ha cumplido la igualdad de oportunidades en el acceso a dichos trabajos”, expuso la máxima dirigente del PSOE.
De hecho, la sentencia judicial señala que Garbín llevó a cabo un sistema de contratación “arbitrario” que permitió designar de manera directa y “caprichosa” a los letrados en perjuicio del resto de profesionales del ramo y esquivar la fiscalización previa de manera que el fraccionamiento de los contratos pasara inadvertido al propio interventor.
“Hay muchos abogados en Melilla, de probada valía y calidad, que seguramente también hubieran querido acceder a esos trabajos y a los que se les negó esa posibilidad”, argumentó.
Cumplimiento de la ley
La líder socialista también se refirió al hecho de que, junto a Garbín, se ha condenado a ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social. Rojas cree que han podido ser víctimas del sentimiento de impunidad en el que se habían establecido los miembros del Gobierno.
En cualquier caso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los funcionarios de la Administración local. “No podemos permitir que los empleados públicos de Melilla se vean inmersos de nuevo en una situación así y, por ello, tienen mi compromiso de que, en un gobierno presidido por mí o en el que participe el PSOE, siempre ejercerán sus funciones de acuerdo a su criterio profesional y a la ley”.
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