Protestas espontáneas, lo más "alarmante" para policías y guardias civiles en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

La posibilidad de convocar protestas espontáneas es uno de los puntos "significativos y alarmantes" de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esa ha sido la valoración que se ha hecho desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) a El Faro de Melilla sobre el borrador de la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y se han expresado disconformes con esta propuesta de modificación que se hace desde el Gobierno de la Nación.

El próximo miércoles 24 de noviembre, estas entidades de representantes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico, se unen nombre de la plataforma 'No a la España insegura' para organizar una concentración a las 12:00 horas. En Melilla será a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno y los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil animan tanto a compañeros como a la ciudadanía en general, porque "en el fondo esta reforma también le afecta".

El secretario regional de la UFP de Melilla, Luis Jiménez, explicó a este medio que el aspecto más significativo tiene que ver con la convocatoria de reuniones y movilizaciones, en lo que respecta a que se permita que no se dé una comunicación previa a la Delegación del Gobierno. Desde el sindicato policial señalan que es una cuestión "totalmente absurda e ilógica".

Jiménez señaló que el artículo 21 de la Constitución Española recoge el derecho a reunión pero entiende que debe existir un límite en desprotección, "y no solo para policías, sino para los ciudadanos, los ciudadanos que se van a manifestar". Explicó que el motivo para comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de movilizaciones es precisamente para velar por que la realización de las mismas "se realicen conforme a los parámetros de seguridad".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el secretario general de Melilla, Jesús Barranco, dijo que el hecho de que se puedan celebrara movilizaciones sin comunicación previa ni información de los recorridos hará que se produzca "un problema de seguridad todavía más grave".

El delegado provincial de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) de Melilla, Juan José Muñoz, también destacó que el tema más importante es el de las movilizaciones. Explicó que es necesario que se haya una autorización previa para poder realizar una planificación de la actuación de los agentes.

En este sentido, pusieron como como ejemplo que si se producía una manifestación un domingo y no se comunica a la Delegación del Gobierno puede darse el caso de que no haya agentes para asistir a restablecer el orden si se diera el caso porque no se ha tenido en cuenta esa previsión. O puede ocurrir que surja una contramanifestación en el mismo sitio y a la misma hora. "¿Cómo actuamos? Es complicado", expresa, Juan José Muñoz, de la AEGC.

"A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos dota de medios materiales y jurídicos, como es caso de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, para poder actuar y poder restablecer el orden publico que se ha visto alterado, si no nos dotan de los medios materiales adecuados, esto va a ser un caos como es lo que prevemos nosotros, si nos atan de manos", aseveró Jiménez de la delegación de la UFP en Melilla.

Defienden que la Ley de Seguridad Ciudadana está para "proteger al ciudadano, proteger el buen funcionamiento de las instituciones y velar la paz social", y no solamente para los ciudadanos que deciden movilizarse, sino también al funcionamiento de el resto de organismos e instituciones. Consideran que "no todo vale" y el hecho de organizar manifestaciones sin control ninguno "lo único que hace es crear malestar a la ciudadanía".

Otras reivindicaciones

Hay otras cuestiones que aborda esta nueva reforma que también generan cierta controversia como la disminución del material antidisturbios, que hace que los agentes empiecen a sentirse como "un escudo humano", o que las sanciones de consumo y venta de estupefacientes en la vía pública pasen a ser de una sanción grave a leve.  Además, que las sanciones se pongan en función de la renta de quien haya cometido el delito, lo que hará que esa "discriminación positiva" suponga un "agravio comparativo" porque los delincuentes pueden declararse insolventes.

Asimismo, otra de las cuestiones que se quieren cambiar es que se retire la prohibición de grabar las intervenciones de los agentes policiales y que no puedan intervenir el dispositivo en el que se encuentre esa grabación.

Para evitar este tipo de situaciones, y garantizar al Gobierno que los agentes estén realizando su trabajo sin sobrepasar sus fuerzas y sin cometer hechos delictivos, desde la UFP proponen que los agentes dispongan de recursos para poder grabar ellos mismos la intervención policial de forma íntegra y poder ponerla a disposición judicial en caso de que fuese necesario.

Sin contar con los representantes

Lamentan que el boceto de reforma se haya realizado por parte del Gobierno de la Nación sin contar con la opinión de las entidades que representan a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No se ha contado ni con los sindicatos de policía ni con las asociaciones de la Guardia Civil a la hora de hacer este boceto. Ellos lo ya lo han sacado adelante y lo único que les falta es aprobarlo en el Congreso de los Diputados", explicó Muñoz.

Se muestran contrarios con esas propuestas porque sostienen que dificultarán la labor policial y por eso no pueden estar a favor de una normativa que consideran que limita los derechos de la ciudadanía.

"Nosotros hemos trabajando atendiendo a esa ley orgánica con la responsabilidad y profesionalidad que nos toca y con el respeto a los derechos humanos de la personas y no hemos notado que esta ley haya que cambiarla", expresó Barranco.