Protesta del sector de la seguridad privada en la Plaza de España

Decenas de personas se han concentrado este lunes por la mañana, convocados por CCOO, UGT, USO y SIM, en la Plaza de España para solicitar a la patronal mejorar sustancialmente las condiciones laborales y económicas de los vigilantes de seguridad.

La delegada del sector de seguridad de la UGT-Melilla, Belén Guzmán, ha pedido “equiparar los sueldos”, que actualmente se encuentran en torno a los 1.200 euros, pero que en la península se quedan en 900, y eso que ambos llevan incorporado el plus de peligrosidad en función de su puesto. Sin embargo, aun cuando este plus pueda ser algo más elevado para el vigilante armado, quien no lo es tiene un plus que apenas llega a los 30 euros, lo que Guzmán considera “indignante”.

Aparte de esto, el colectivo reclama una jubilación anticipada, habida cuenta de que, en el sector de la seguridad privada, se llega a una edad “en la que ni física ni mentalmente se puede estar en la calle”, según ha indicado la dirigente ugetista, quien ha subrayado que también quieren que se les “mejoren otros puntos del convenio”, pero, sobre todo, “que no les quiten, que es lo que pretende la patronal”.

Entre estos puntos del convenio, se pueden citar la adaptación de las nuevas tecnologías al mercado laboral, el contrato de relevo a cargo de los jóvenes y la formación profesional.

En Melilla, este colectivo está compuesto por más de 400 personas, muchas de las cuales trabajan en “servicios esenciales y estratégicos” como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o en la prisión.

Hace unos días, el secretario general de la FESMC-UGT a nivel nacional, Diego Giráldez, afirmó que estos vigilantes están trabajando en “unas condiciones alarmantes”, ya que, “como en el resto del país”, en Melilla la contratación pública para estos centros sólo tiene en cuenta el precio más barato posible y no apuesta “claramente por garantizar las condiciones de seguridad y, por ende, de la ciudadanía”. “Los vigilantes de estos centros necesitan un mayor reconocimiento, una mayor protección y unas mejores condiciones laborales, sociales y económicas”, prosiguió Giráldez, quien ha lamentado que se están encontrando, por parte de los Gobiernos central y local, “oídos sordos y excusas un día sí y otro también”.