Promesa acordó en este martes solicitar un informe jurídico a los letrados de esta sociedad pública y también a los servicios jurídicos de la Ciudad para ver las implicaciones que podría haber en que el portavoz del PP en la Asamblea y secretario regional del partido en Melilla, Miguel Marín, recibiera una ayuda pública para una empresa de su propiedad mientras era diputado y miembro del Ejecutivo local.
Este martes se celebró un Consejo de Administración de Promesa monográfico para abordar un tema que plantearon los miembros de Coalición por Melilla (CpM): el cobro de unos 9.000 euros de una subvención por parte de una empresa que pertenecía a Miguel Marín entre 2014 y 2015 y que habría recibido mientras que formaba parte del Gobierno local y era diputado.
El consejero de Infraestructuras y miembro del Consejo de Administración de Promesa, Rachid Bussian, explicó que esta reunión se celebró en los mismos términos que el PP convocó semanas antes para que se analizara en el Consejo de Administración de Promesa la ayuda que habría recibido una empresa vinculada con el anterior consejero de Turismo, Mohamed Mohamed Mohand.
El consejero de Infraestructuras subrayó que, de todas las subvenciones que se han analizado por parte de Promesa vinculadas a diputados o miembros del Gobierno, la “única” que se habría cobrado es la recibió Marín.
Bussian comentó que también se pudo ver en este consejo que es la subvención que podría contar con alguna “irregularidad” y es que dijo que el diputado del PP tendrá que explicar por qué a finales del año 2014 aprobó en un Consejo de Gobierno el plan de ayudas y luego él solicitó una ayuda directa. Aseveró que en este caso, Marín se tendría que haber abstenido si luego iba participar en esta convocatoria.
“No sé si es tráfico de influencias, prevaricación o cohecho y serán las autoridades judiciales las que tendrán determinarlo”, añadió. Y por ello, argumentó que se ha solicitado un informe jurídico a los letrados de Promesa y también a los servicios jurídicos de la Ciudad.
El consejero de Infraestructuras y miembro del Consejo de Administración de Promesa aseveró que si Marín contaba con un 99% de la propiedad de la empresa con la que solicitó la ayuda y lo hizo mientras era vicepresidente de la Ciudad y diputado, “se vulnera parte de la ley de altos cargos y de la ley general de subvenciones”. Es más, dijo que esto se pudo comentar en el Consejo de Administración y se plantearon a los técnicos de esta sociedad pública dichas cuestiones y de ahí que se solicitaran esos dos informes jurídicos.
Por su parte, Miguel Marín ha declarado a El Faro que "esto es falso, yo no era miembro del Consejo de Administración". Además, el diputado del PP ha asegurado que este martes uno de los técnicos de Promesa dijo que "había comprobado el expediente y es correcto".
El pasado 3 de este mes de noviembre, Marín anunció que denunciaría a miembros del Gobierno local y CpM por calumnias.
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