El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, aseguró ayer que la vuelta temporalmente del juez Eloy Velasco a la instrucción de los casos Lezo y Púnica se ha producido dentro de “la absoluta normalidad de funcionamiento de la Administración de Justicia”.
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que Velasco vuelva de forma temporal al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que había dejado al obtener una plaza en la Sala de Apelación de la propia Audiencia.
“Mientras se incorpora el nuevo titular” del número 6, Manuel García Castellón, el Consejo ha entendido, a propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que Eloy Velasco debe continuar temporalmente, según explicó el presidente a los periodistas.
Navarro añadió que el Consejo ha considerado que “ahora mismo el juez Eloy Velasco no tiene una carga de trabajo excesiva, sino al contrario”.
Por ello, ha acordado que “se haga cargo del juzgado para no romper la normalidad de funcionamiento de todos los procedimientos que están en el número 6”.
Algunos de estos procedimientos son los casos de presunta corrupción Lezo, por el que ha sido encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP Ignacio González, y Púnica, por el que ingresó en prisión el antiguo número dos del PP madrileño Francisco Granados.
El presidente de la Audiencia comentó que en función del plazo legal previsto, el nuevo titular del número 6 se incorporará en julio y su intención es hacerlo “tan pronto como pueda”.
Navarro también se refirió al denominado “cártel del fuego”, un caso en el que se investiga la presunta corrupción en la adjudicación de contratos a empresas de extinción aérea de incendios forestales en la Comunidad Valenciana, que ha asumido la Audiencia Nacional y en el que entre otros está procesado el exdelegado del Gobierno en esa región Serafín Castellano, del PP.
“En todas las causas que son complejas”, ya que se investigan posibles ramificaciones en otras comunidades e incluso fuera de España, “las últimas reformas judiciales han permitido la posibilidad de establecer varias piezas para su más fácil instrucción”, manifestó.
También subrayó que “si es necesario, se harán piezas que se desgajen de la principal para que sea la tramitación del procedimiento más rápido y más eficaz”.
José Ramón Navarro hizo alusión además a las denuncias por supuesto fraude recibidas en la Audiencia contra el Banco Popular, por su quiebra y venta al Banco Santander.
El juez “que corresponda por turno” analizará las denuncias, para “ver si se tiene que inmiscuir” o “seguir el procedimiento en su caso”, comentó.
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ofreció ayer una ponencia bajo el título ‘La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo’, que se enmarca dentro de las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo. Navarro señaló que el 85% de los delitos económicos se cometen en el seno de una empresa y por tanto la mejor manera de luchar contra ese tipo de criminalidad es obligar a las empresas a que tengan una cultura de cumplimiento de la norma mediante un sistema de régimen interno en el que se luche contra los delitos que cometan representantes de la propia empresa o cualquier persona que dependa de la organización. El objetivo es trasladar la responsabilidad del delito de una persona que trabaja en una entidad a la propia entidad con sanciones que pueden ir desde multas a la disolución de la sociedad en el caso que se entienda que mantenerla podría llevar a seguir delinquiendo. Señaló que hasta el momento hay poca jurisprudencia sobre este asunto porque sólo se han dictado ocho sentencias. Entre los ejemplos a los que hizo referencia el presidente de la Audiencia Nacional se encuentra el de la consultora del caso Bankia.
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