Una de las partes personadas como acusación particular recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial
La jueza del ‘caso Salander’ dictó hace una semana el sobreseimiento provisional para siete de las personas investigadas en esta causa. Como señaló la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla en el auto judicial, al que pudo acceder El Faro, se considera innecesaria la práctica de nuevas pruebas. Pese a que la Fiscalía coincide con esta decisión, desde las acusaciones particulares no están de acuerdo con este punto. Es por ello que, al menos una de las partes, ha recurrido este sobreseimiento provisional ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en nuestra ciudad.
Vulnerada la tutela judicial
En el recurso de apelación, al que ha podido acceder este periódico, este letrado de la acusación particular pone de manifiesto que se ha producido una “vulneración de la tutela judicial efectiva”, puesto que la jueza ha pedido el archivo provisional de la causa “sin practicar diversas pruebas” que esta parte consideraba esenciales. Asimismo, apela a una vulneración del mismo tipo por el hecho de que la investigación se haya centrado en los presuntos delitos de descubrimiento o de revelación de secretos, sin incluir otros “delitos conexos”, como el de las calumnias o las injurias.
Además, esta acusación insiste en su recurso en que todavía no se ha practicado la ratificación de los atestados elaborados por la Guardia Civil. Por este motivo, lamenta también que la postura del Ministerio Público haya sido la de solicitar el sobreseimiento provisional de este caso ya que, al parecer de este letrado, existen indicios más que suficientes para continuar con el procedimiento judicial.
Por otro lado, el abogado insiste en que, a su parecer, está probado que hubo “un episodio” en el que se revelaron documentos administrativos. Se refiere al correo que la actual consejera de Salud Pública, Paz Velázquez, mandó el 9 de mayo de 2014 a su padre, ex presidente de la Ciudad y fundador del partido extinto Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez.
Este contenía documentación relativa a la abogada que, en esa fecha, era personal eventual y cargo de confianza del jefe del Gobierno local, Juan José Imbroda. Esta información fue a su vez trasmitida al perfil de Salander, siendo publicada en las redes sociales.
Otro de los argumentos que esta acusación esgrime en el recurso con el que pretende evitar el sobreseimiento del caso es que no se han practicado las diligencias solicitadas por la Guardia Civil, pese a que se pidieron en más de una ocasión.
“Ante el silencio judicial, se vuelven a reiterar con el mismo resultado. Es decir, no se pronuncia el juzgado instructor”, se apunta en el mismo recurso. “Esto genera indefensión, toda vez que las partes tienen derecho a la prueba que avale sus pretensiones”, incide.
Nuevas declaraciones
En base a este criterio, esta acusación ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial que tome declaración en calidad “de investigados” a varias personas, en relación con los presuntos delitos de revelación de secretos y de organización criminal. De este modo, pide que se tomen testimonio a dos agentes de la Guardia Civil; a un cabo, actualmente destinado en la Unidad Central Operativa (UCO); a los agentes de la Policía Local investigados por la Guardia Civil o al ex presidente de PPL, Ignacio Velázquez, entre otras personas.
Este abogado también ha solicitado que se tome declaración a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 para “que aclare lo relativo a los autos de la ‘operación Ópera’ y ‘Tosca’, que fueron circulando por las redes sociales”.
