La diputada del PP de Melilla, Paz Velázquez, ha informado hoy de varias “irregularidades” en el contrato de emergencia de la grúa municipal. Cree que se pueden estar cometiendo presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por parte de la Administración local. Explicó que el contrato de emergencia que se hizo hace un año porque no se había resuelto aún la licitación de este servicio no se publicó, no recoge la coste, se adjudicó a dos empresas diferentes y decayó al mes de vigencia pero se sigue utilizando desde hace más de un año por lo que es “ilegal”. Además, aseveró que se adeudan 4 millones de euros por la conservación y vigilancia del depósito de vehículos de la anterior empresa adjudicataria. Resumió que se está destinado unos 5 millones de euros a una cuestión, que si hubiera sido licitada y adjudicada costaría 750.000 euro al año.
Velázquez subrayó que fue en septiembre del pasado años cuando finalizó el contrato de grúa municipal con una empresa de la ciudad y en ese periodo aún seguían los trámites para adjudicar el nuevo a otra. Desde entonces no se cuenta con el servicio de grúa municipal, sino que hay un contrato de emergencia, que para la popular es de “baja calidad” y supone “un problema de seguridad” porque asegura que la Policía Local ha denunciado esta cuestión. Indicó que esta situación es culpa, no de las empresas, sino de la “pésima gestión” del Gobierno local.
La dirigente del PP remarcó que hay “tantas irregularidades” en ese contrato de emergencia que le llevan a pensar que hay presuntos delitos de “malversación de caudales públicos y de prevaricación”.
Es más, en cuanto tengan toda la documentación que precisan de este expediente, enviarán un informe al respecto al Tribunal de Cuentas. Además, espera que el interventor, que conoce esta situación, también actúe a nivel interno en la Ciudad.
En primer lugar, Velázquez comentó que la empresa que tenía el contrato de la grúa mantiene aún un depósito de vehículos que cuesta cuatro millones de euros y que se adeudan a este negocio. Aseveró que esto ocurre ante la “inactividad” de la que fue consejera de Administraciones públicas, Paula Villalobos, de la actual, Gloria Rojas, y del presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, que recuperó estas competencias. Aseveró que se está generando por esta “mala gestión” un “agujero” en las cuentas públicas.
En cuanto al contrato de emergencia que hubo que sacar al no estar adjudicado el servicio de grúa al finalizar el anterior, la diputada del PP explicó que se firmó el 21 de octubre por el consejero de Hacienda del pasado año, Julio Liarte. La popular argumentó que aunque se firmó el 21, era con carácter retroactivo hasta el 3 de octubre. Además, se adjudicó a dos empresas a la vez sin que formen una UTE, algo que nunca había visto Velázquez en la Administración, según afirmó. Una de las empresas hace la retirada de los vehículos y la otra tres servicios diferentes como tener un aparcamiento para 150 plazas.
El coste de todo esto es “muy superior” a si se hubiera adjudicado el contrato de grúa y además, remarcó que son deficitarios estos servicios. Por ello, Velázquez habla de que hay “una malversación de fondos”.
Además, argumentó que todo esto lo saben tras solicitar expedientes y ver las facturas porque en el contrato de emergencia no se recoge el coste del servicio. Esto lo calificó de “barbaridad” administrativa. Asimismo, indicó que no se llegó a publicar nunca este contrato de emergencia, vulnerando la ley de contratación pública.
Otra “irregularidad”, según el PP, es que hay facturas del 22 de septiembre de estas empresas por valor de 10.000 euros. Por lo que insistió en que es una “chapuza”.
Y lo que Velázquez calificó de “lo más gordo” es que el contrato de emergencia recogía que solo iba a estar vigente mientras que la licitación del otro contrato se resolviera. Ésta fue desistida por la Ciudad el 20 de noviembre, con lo que la diputada del PP entiende que debía decaer también este contrato de emergencia. Debió durar un mes y finalmente está en vigor desde hace más de un año.
Ese contrato tiene un gasto ya de 750.000 euros por lo que Velázquez insistió en que “esto es corrupción”. Se preguntó a quién se beneficia con esta inacción de la Administración.
Por último, dijo que avisó de esta cuestión a De Castro y Rojas. La popular cree que desconocían que el contrato estuviera así y, la popular añadió que mientras Rojas se cruzaba de manos, De Castro intentó justificarse con que no podían dejar sin grúa la ciudad.
Polémica. Paz Velázquez, diputada del PP en la Asamblea, aseveró que las declaraciones en Twitter del director general de Interculturalidad, Rafael Roble, le parecen una falta de respeto. Lamentó que no guste en redes sociales la decoración de la plaza Menéndez Pelayo. Además, dijo que Robles ha sido nombrado director gerente del Instituto de las Culturas, pero no es oficial porque no se ha publicado ni aprobado por el Consejo Rector. Velázquez dijo que es “ilegal” este nombramiento.
Empleo. La diputada del PP, Paz Velázquez, tildó de “mala gestión” que se haya tenido que cerrar el matadero por falta de personal. Aseveró que si no hay bolsa de trabajo, se tendría que haber externalizado el servicio. Indicó que el matadero es un servicio imprescindible en la ciudad, sobre todo, para la comunidad hebrea y musulmana. Y también lamentó que los mercados de abasto no se hayan decorado este año.
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