El PP de Melilla ha presentado en la Asamblea una moción contra la Ley Celaá porque aseguran que ha sido aprobada “a espaldas de la comunidad educativa” y sin consenso social. El objetivo de este escrito es instar al Gobierno central a modificar esta normativa para “aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles que vienen recogidos en la Constitución”. La diputada del PP de Melilla, Isabel Moreno, explicó que se suman a la campaña ‘Stop Ley Celaá’ porque subrayó que su partido está defendiendo un “gran pacto” constitucional por la Educación. Aseveró que se trata de un tema muy sensible como es la educación de los hijos y por ello, “no puede llegar a golpe de sectarismo”, sino de un consenso entre todas las fuerzas políticas y todos los colectivos implicados en este asunto. Moreno remarcó que se van a llevar a cabo varias iniciativas, como que ya han presentando una moción en la Asamblea y el próximo domingo se hará una reunión simbólica en la que se leerá un manifiesto. También el lunes habrá una reunión con las asociaciones de madres y padres de los colegios concertados de Melilla y por la tarde, se hará una comisión de Educación dentro del partido. La diputada del PP en la Asamblea también destacó que el martes y el jueves estarán de 10:00 a 13:00 horas para informar a los melillenses sobre esta ley y recoger firmas en su contra. “Esperamos contar con vuestro apoyo y colaboración porque es importante en estos momentos. Desde el PP siempre vamos a defender la libertad”, subrayó.
La moción
En el escrito los populares indican que se inició el trámite de esta ley durante el estado de alarma y el Gobierno central ha utilizado “la situación de la pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige”. En este sentido, el PP destacó que el proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el consejo Escolar del Estado. También se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular en el Congreso para que los expertos informen y asesoren a la Comisión de Educación del Congreso sobre esta normativa, lo que calificó el PP de “un hecho sin precedentes”. Asimismo, subrayó que se votó a las enmiendas en una única sesión de la Comisión de Educación. Para el PP, esta normativa tiene “falta de diálogo, consenso y transparencia”. Es más, impone un “modelo caduco, anticuado y superado, como es el de la LOE de José Luis Rodríguez Zapatero”. Subrayó que ese modelo llevó a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30% y añadió que esta ley representa “un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”. Por todo ello, los populares en Melilla indicaron que tanto el texto original como las enmiendas pactadas con “partidos separatistas” llevan a sea una norma que provoque una “ruptura del pacto constitucional en materia educativa”. Pero, ¿por qué el PP está en contra de esta ley? El partido destacó que “suprimen” las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución Española y con ello, impide a las familias elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. También destacó que “ignora” las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución por el que se regulan las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de en la obtención, expedición y homologación de los títulos. Asimismo, “se elimina”, según el PP de Melilla, la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Es más, califican esta normativa de “un ataque frontal” a nuestra democracia y “un freno” para que el sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de otros sistemas más modernos e innovadores.
Las propuestas
Tras este argumentario, el PP destacó en esta moción diez puntos en los que presenta su acuerdo de moción. El primero es “instar” al Gobierno central a volver al pacto constitucional en materia educativa y respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada, como una opción pedagógica más. En un segundo punto se demanda que se respete y cumpla el artículo 27.3. de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa. Otro de los puntos es adoptar medidas para que la enseñanza de la lengua castellana y las cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. También se demanda extender la gratuidad a las etapas post obligatorias, como son Bachillerato, Formación Profesional y la primera etapa de Educación Infantil de cero a 3 años, garantizando que ningún alumno se quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. El quinto punto de esta moción es que se garantiza la existencia y gratuidad en los centros de Educación Especial tanto en la red pública como privada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural. Además, demanda incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativo en el marco europeo. Dentro de la moción se añade que hay que implantar medidas que aumenten la cohesión del sistema educativo, como la creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una mejor financiación de las autonomías; el refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades; implantar una prueba general de Bachillerato; así como un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo; y por último, diseñar un currículo común en toda España. El punto nueve de este documento presentado en la Asamblea es avanzar en la modernización del sistema, por ejemplo, desarrollando un plan integral para la transformación digital; incorporar la obligatoriedad del sistema educativo del aprendizaje de una segunda lengua extranjera; reforzar la Formación Profesional Dual; e incorporando la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes o crisis sanitarias. Por último, el punto diez de la moción del PP indica que se apoyará el recurso de inconstitucionalidad que se ha anunciado por este partido. Y finalmente que esta moción se traslade al presidente del Gobierno central y a la ministra de Educación.