El PP denuncia que el Gobierno sabía lo que ocurriría con Correos

El Partido Popular ha denunciado este jueves que el Gobierno local sabía lo que iba a ocurrir con la tarifa impuesta por Correos a los melillenses y lo acusa de "faltar a la verdad" porque fue él el que obliga a la sociedad pública a intermediar en la liquidación del IPSI de todos los paquetes de entre 0.1 y 150 euros. El Decreto en cuestión, publicado el 31 de enero, dedicado a la ordenanza fiscal definitiva, establece literamente: "La Sociedad Pública Correos y Telégrafos S.A. colaborará obligatoriamente para liquidar el IPSI con la Ciudadf Autónoma de Melilla".

"El Gobierno falta a la verdad por incompetencia y por desidia porque sabía perfectamente lo que iba a pasar, la repercusión que tendría en el ciudadano, el coste adicional que supondría y les dio igual. No han hecho absolutamente nada para solucionar el problema", explicó al respecto la senadora Sofía Acedo.

El no haber tomado medidas previas ha provocado "un coste absolutamente desorbitado, injusto para el ciudadano". "Y hay que señalar a los responsables. Primero, el Gobierno central que, a través de la sociedad pública, ha puesto un coste desorbitado. Segundo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma que sabía perfectamente lo que iba a pasar", insistió.

Medidas

Según Acedo, el PP tiene claras las medidas que habría establecido para impedir que se produjera ese sobrecoste a la hora de retirar la paquetería de las oficinas de Correos. De este modo, apunta a la oportunidad de haber preparado un despacho de autoliquidación del IPSI. "Habría que haber puesto un despacho de autoliquidación para que el melillense pague directamente su IPSI sin que nadie se lo gestione ni intermedie. Eso no se ha hecho y está mal porque se está provocando que haya costes adicionales por liquidar el impuesto".

La otra medida es haber previsto en los presupuestos de la ciudad una partida destinada a compensar ese IPSI a través de los agentes de aduanas. Esta medida, según explicó la senadora popular, ya se tomó en ocasiones anteriores bajo gobiernos del PP.

En definitiva, el partido se ha manifestado en contra de lo que considera un "agravio comparativo" con el resto de los españoles peninsulares. "Hay que trabajar para impedir esos agravios", recalcó para añadir que "no se pueden estar defendiendo rebajas fiscales para atraer empresas y luego gravar al ciudadano con gastos adicionales a los impuestos. Eso es incapacidad y desidia y nadie del Gobierno puede eximirse de responsabilidades".