El PP apunta que se ha priorizado el gasto en atención a los inmigrantes frente a la lucha contra la pandemia

El secretario general de Partido Popular de Melilla, Miguel Marín, criticó que las actuaciones y gastos del Gobierno de la Ciudad a lo largo de los ocho meses de pandemia estén priorizados a la atención de inmigrantes y no a hacer frente a la lucha contra la Covid-19.

En un desglose de actuaciones, el popular señaló que a pocos días de cumplirse ocho meses del primer decreto del estado de alarma, de registrarse 28 fallecidos en la ciudad y de contabilizar 3.491 positivos de coronavirus, la Ciudad anunció hace una semana la creación de un laboratorio en el Cuartel de Santiago.

Afirmó que “en dos días crearon un CETI en la plaza de toros y han tardado ocho meses en crear un laboratorio”. Prosigue afirmando que en un par de días se hizo un Centro de Menores Extranjeros no Acompañados (menas) pero “no han sido capaz de testar” a todos los profesionales que están en la primera línea en la lucha contra el coronavirus. Marín se refiere a los sanitarios, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Bomberos, entre otros.

En rueda de prensa, aseveró que el Gobierno de la Ciudad creó en dos días un Centro Covid en Altos del Real pero en ocho meses no han levantado un hospital de campaña, pese a que en las últimas semanas ha aumentado la presión asistencial en el Comarcal. No dejó de lado la contratación de 60 personas para el centro de Rostrogordo, y en este tiempo no se ha hecho una inversión para la contratación de rastreadores.

Dijo que en dos días han preparado la contratación de 120 trabajadores para la empresa de limpieza, pero no han gastado recursos en los controles en el puerto y en el aeropuerto. “En eso han estado ocupados y preocupados, en cosas que no tienen que ver en la lucha contra el coronavirus (…) con esa actuación, con esa actitud, tenemos los resultados que tenemos”, afirmó.

Administraciones enfrentadas

A juicio del secretario general del PP de Melilla, el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, y la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, siguen enfrentados. Basándose en las últimas ruedas de prensa de ambas autoridades, recordó que De Castro afirmaba que el Gobierno de España había abandonado a Melilla, mientras que la delegada señalaba ayer que el mando único en esta segunda ola de la pandemia recae en el jefe del Ejecutivo local. “Mientras vemos como lamentablemente mueren melillenses y otros se contagian, ellos siguen peleándose”.

Por otra parte, Marín indicó que la Policía Local asistió en una sola oportunidad a las reuniones del Centro de Coordinación (CECOR) creado por Delegación de Gobierno, por lo que Marín lanzó la pregunta a De Castro si ha dado órdenes para que los responsables de la institución dejaran de asistir a estas reuniones. “A ver si nos responde, porque la Delegada de Gobierno dijo que solo asistieron el día en que se constituyó. Esto es una auténtica irresponsabilidad”.

De la misma forma, recordó las posiciones frente a la Covid-19 que mantienen el presidente de la Ciudad y el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohand. Por una parte el jefe del Ejecutivo local pidió a Sanidad, por medio de una carta, valorar la posibilidad de aplicar el confinamiento domiciliario en Melilla; mientras que Mohand inca que con las medidas puestas en marcha los datos están mejorando, “¿a quién le hacemos caso?”. Marín reprochó que De Castro se “vanaglorie” con que fue la primera región de España en solicitar el confinamiento domiciliario; para el popular pedirlo es “la muestra mayor de los fracasos, eso es para estar escondido”.

Marín también cuestionó los criterios que, asegura, se sigue para testar a los cuidadores de las personas mayores de la ciudad. Recordó que esta semana el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, comunicaba de la realización de test de antígenos para este colectivo, por lo que los interesados debían llamar al número 010.

Según Marín, al comunicarse con ese número telefónico no tienen información sobre esos test por lo que derivan la llamada a la Consejería de Distritos, donde toman los datos de las personas “y dicen que se la harán a las primeras 600 que llamen, como si de un concurso de televisión se tratara”, criticó.

Ante ello, el popular se pregunta si Salud Pública conoce de esos criterios, “porque estoy seguro que no están de acuerdo que el criterio sea ese”, de que sean las primeras personas que llamaron. Remarca que la pandemia del coronavirus es un tema muy serio en el que está en riesgo la vida de los melillenses. “Por favor, pongan un poco de orden y criterios a este cúmulo de despropósitos”, pidió.

Dentro de sus cuestionamientos al Ejecutivo local se pregunta “¿por qué no cuentan con el apoyo y colaboración de los especialistas como el Colegio de Farmacéuticos?”, que para el popular pueden desarrollar una “labor extraordinaria” y contribuir en la lucha contra la pandemia. Pero en lugar de hacerlo, “se ponen a hacer anuncios sin sentido ni coordinación ¿en manos de quién estamos”, dijo y aseguró que “estamos en manos de incompetentes de irresponsables, con el presidente a la cabeza y la coordinadora que nunca coordina nada”.

Analizan los “posibles” delitos

En un proceso de análisis de los posibles delitos en lo que pudo incurrir en Ejecutivo local en la gestión de la pandemia se encuentra el Partido Popular de Melilla. Así lo informó el secretario general de la formación política en la ciudad, Miguel Marín.

El pasado 23 de octubre, el presidente del partido en la ciudad, Juan José Imbroda, anunció que preparaban una demanda contra el Gobierno local alegando que hay elementos suficientes que demuestran que este no reaccionó ante las alertas que enviaron distintos sectores sanitarios advirtiendo del colapso sanitario por la crisis sanitaria del coronavirus. En esa oportunidad, también criticó que desde el Gobierno local echen la culpa al Ejecutivo de la nación sobre la situación epidemiológica de Melilla y apuntó a que los únicos responsables son los dirigentes locales.

Carga contra Bussian y lo tilda de ser un "bluf"

El Partido Popular respondió al consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussian, quien achacó al Gobierno del PP los problemas en las obras de la piscina municipal y pedía responsabilidades. El secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, señaló que el consejero más que arremeter, en sus declaraciones, contra el anterior Ejecutivo carga contra los técnicos con los que trabaja y a quienes ha nombrado directores generales.

“Creo que él (Bussian) tiene que preguntarle a sus directores generales si tienen algún tipo de responsabilidad. Estoy convencido de que no hay ningún tipo de responsabilidad, pero ya que él acusa que le pregunte a sus directores generales”, dijo Marín acotando que muchos de ellos estaban en la pasada legislatura.

Para el popular, las declaraciones del consejero “son una muestra más de su incapacidad y de su incompetencia, en anunciar a bombos y platillos numerosas actuaciones que al final quedan en nada”. Marín aseguró que Bussian se ha convertido en un “bluf”, ya que desde que asumió la consejería ha anunciado obras y actuaciones en pabellones, instalaciones deportivas, viviendas sin que estas se materialicen.

Marín puso en una balanza las declaraciones en prensa de los anuncios y la ejecución de las obras, “pues ve que las comunicaciones en prensa están llenas y las actuaciones realizadas están vacías, no hay ninguna”.

Este martes, el consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussian, achacaba al anterior Gobierno de la Ciudad los problemas de la piscina municipal. Aseguró que la pasada Administración “vendió una obra faraónica de 1,5 millones de euros y era simplemente regular la temperatura” y acotó que no hubo mejoras integrales. Por el contrario, aseveró que se han encontrado con filtraciones, pérdidas de aguas, vestuarios “tercermundista”.

Recordó que encontraron un importante defecto de obra en el que los tubos de acero inoxidable que realizaban parte de la canalización de la piscina municipal tenían una “partida defectuosa” por lo que han encontrado “todo tipo de perforaciones”. Esto supone un coste de entre 200.000 y 300.000 euros que la Ciudad “no quiere pagar”, por lo que han solicitado la ejecución de la fianza y esperan no llegar a tribunales. Asimismo pidió responsabilidades.