Por una vivienda digna y saludable

El problema de la vivienda en España tiene dos factores, los salarios actuales, que apenas dan para alquilar o comprar una casa, y el aumento de la demanda de vivienda de alquiler. Por un lado, los españoles dedican al alquiler una media del 40% de la renta disponible. Por otro, el aumento de la demanda, debido principalmente a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral con sueldos más bajos y una alta inestabilidad después de la gran crisis financiera de finales de la década de 2010 y sus efectos durante toda la década posterior, con Gobiernos del PP liberalizando el mercado laboral y manteniendo los salarios bajos.

El porcentaje de propietarios ha decrecido en los últimos 10 años quince puntos, a pesar de que en los últimos años con Gobiernos de Pedro Sánchez el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido más del 60 % y la reforma laboral ha logrado tasas históricas de contratación indefinida que alcanzan casi la mitad de las nuevas contrataciones. El incremento del peso del alquiler es consecuencia directa de la dificultad para comprar vivienda, más que por un cambio de preferencias, como nos quieren hacer creer.

Al aumento de jóvenes inquilinos se le suma la subida de precios, no solo por la demanda, sino por la expansión de pisos turísticos y destinado a oficinas, además del escaso porcentaje de viviendas destinadas al alquiler social, a nivel nacional se dedica un ridículo 1,6% frente al promedio de la UE del 7,5%. En Melilla, estos factores se han visto agravados, además de por la baja oferta de vivienda de alquiler, por el funcionariado temporal con alto poder adquisitivo y a los estudiantes universitarios.

En España la construcción de vivienda decreció considerablemente en la década anterior junto con el práctico abandono de la vivienda de protección oficial, decisión determinante para que el precio de las casas se haya disparado. Para que nos hagamos una idea de esta evolución, durante el periodo de 1982-1987, que coincide con los primeros años de gobierno del PSOE de Felipe González, más de la mitad de las viviendas que se construyeron eran VPO, llegando al récord del 67,2% en 1985. En la década de la burbuja inmobiliaria, al tiempo que se multiplicaba la construcción de viviendas de oferta libre, el porcentaje de VPO bajó el 10%. A principios de esta década, tan solo el 17% de la vivienda son VPO y solo un 25% se destina al alquiler.

Parece claro que si los Gobiernos quieren hacer frente a este problema tienen que tomar medidas de impacto sobre el precio final de la vivienda y en la cantidad de viviendas disponibles tanto para la compra como para la renta. Casi todos los expertos apuntan a que el camino más corto y eficaz apunta a la construcción de VPO para la venta y la creación un parque de viviendas para alquiler de propiedad y gestión privado, y otro público destinado a vivienda social que cubra a las familias en riesgo de exclusión social.

En Melilla el parque de vivienda pública no existe. Por ello, en el programa electoral del PSOE nos comprometimos a dar prioridad desde la Ciudad Autónoma a la consolidación del parque público de la vivienda de alquiler. Para ello, el Gobierno central dejo listas parcelas y una inversión millonaria para poder hacer casi 1.000 viviendas. El Consejo de Ministros de Ministros de mayo de 2023 aprobó destinar suelo del Ministerio de Defensa en desuso para potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible.

También hemos propuesto que la Administración local compre un porcentaje de las casas a edificar para ser adjudicada a través de EMVISMESA. Reutilización de pabellones militares y reserva de un 10% de nueva vivienda en régimen de alquiler para jóvenes, con un precio mensual no superior a 450€.

Frente a lo recomendable, el Gobierno del PP nos avanzaba ya en su programa electoral potenciar el alquiler privado a través de la ayuda pública, que finalmente se ha traducido en pago al alquiler de vivienda de médicos especialistas, en vez de aumentar la partida al alquiler de grupos en riesgo de exclusión. Y todo ello, con el único objetivo de confrontar con el Gobierno central, tras no poder constituir Gobierno tras las Elecciones Generales del 23J.

Desde el PSOE ya hemos alertado que el alquiler de la vivienda en la ciudad se ha vuelto insostenible para los ciudadanos más vulnerables. Mientras el Gobierno autonómico del PP da la espalda a las iniciativas que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando para el acceso y adquisición de vivienda asequible. Entre las últimas medidas anunciadas por la Ministra para aliviar esta situación: aprobar la línea de avales ICO del 20% para facilitar la entrada a una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Avales que estarán disponibles en las entidades financieras a mediados de mayo.