Policías y guardias civiles de Melilla, en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

El sindicato Justicia Policial (JUPOL) ha informado a través de una nota de prensa que agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Melilla acudirán a la manifestación convocada para el próximo 27 de noviembre en Madrid en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos.

En Melilla será este miércoles 24 a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno y los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil animan tanto a compañeros como a la ciudadanía en general, porque “en el fondo esta reforma también le afecta”.

Según analizan desde Jupol, la reforma de esta ley supone “un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”.

Además, consideran que se tratará de una reforma que “no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes”.

La manifestación convocada el próximo sábado 27 de noviembre bajo el lema “No a la inseguridad ciudadana” busca la unión de todos los representantes policiales. "Debemos estar unidos bajo un interés común y en defensa de todos nuestros derechos", enfatizan, "y por ello tendrán cabida todas las siglas, todos los cuerpos policiales, así como miembros de la sociedad civil y de la política que quieran sumarse en contra de este ataque a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Ataque al principio de autoridad

Desde Jupol y otros sindicatos se considera que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ataca directamente al principio de autoridad. En esa línea aseguran que “busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos”, por lo que supone “un ataque sin precedentes al principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en favor de los manifestantes violentos y los delincuentes”.

“La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana nos deja sin principio de autoridad, pero también sin medios para poder frenar la violencia, para evitar el saqueo de la propiedad privada y el destrozo sistemático de las calles en las que se producen manifestaciones violentas”, han añadido.

Integridad de los agentes y sus familias

La modificación de esta Ley “nos deja sin derecho a la intimidad, permitiendo que nuestros enemigos puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias”. Una situación que se produce, resaltan, en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que, según han cuantificado desde Jupol, se incrementa día a día con más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país.

Los reclamos y críticas también van contra el ministro del Interior considerando que, “lejos de ponerse del lado de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, parece que prefiere mostrar su apoyo a los que nos atacan, nos pegan palizas por cumplir con nuestro trabajo, insultan a nuestros hijos en sus colegios, nos lanzan piedras y adoquines o nos embisten con el coche”.

Criminalización de la Policía

Jupol tampoco ven bien el anuncio de la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La propuesta de creación de esta oficina “es un insulto a la labor encomiable que llevan a cabo día a día todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo además las instituciones más valoradas por la ciudadanía”.

Consideran que en España ya existen los mecanismos necesarios para depurar cualquier tipo de responsabilidad ante una hipotética mala praxis policial, por lo que es “muy grave que desde el Gobierno se intente debilitar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“Una situación que confronta con el trabajo de otros gobiernos europeos como por ejemplo el francés que está arropando y protegiendo el trabajo policial, mientras en España se pone el foco criminal sobre el trabajo policial”, concluye la nota del sindicato.