La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de esta Jefatura Superior de Policía de Melilla tuvo conocimiento de la posible situación de explotación laboral en condiciones extremas de dos ciudadanos marroquíes, ambos de 51 años de edad, que trabajaban de camarero y churrero en un establecimiento comercial, ubicado en la Plaza de las Culturas, quienes incluso dormían en el interior del local.
Tras comprobar los hechos en los días previos a la intervención, se recabó la participación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de llevar a cabo una actuación conjunta de inspección en el mencionado local, la cual tuvo lugar a las 05:30 horas del día de ayer.
Una de las víctimas se encuentra en situación irregular en España careciendo de autorización de residencia y trabajo; la otra cuenta con autorización como Trabajador Transfronterizo, si bien las condiciones de trabajo eran abusivas e ilegales.
En cuanto a las CONDICIONES LABORALES realizaban interminables jornadas laborales de 06:00 a 00:00 horas sin descansos para la comida, viendo restringidos todos sus derechos laborales por el absoluto incumplimiento de las condiciones establecidas en cuanto a jornada laboral y salario mínimo interprofesional, sin derecho a pagas extraordinarias, vacaciones y permisos, ni bajas médicas remuneradas, así como los relativos a la legislación de riesgo laborales, ya que el “empleador” no les proveía de guantes ni mascarillas para su protección y la de los clientes respecto de posibles infecciones por la COVID-19, teniendo que adquirirlas ellos de sus ya exiguos salarios.
El extranjero en situación irregular llevaba trabajando ilegalmente en Melilla desde hace 13 años, y en concreto en el mismo local, como camarero desde hace 6 años, sin contrato, sin alta en Seguridad Social y a cambio de 120 € mensuales, incluso desde que se abrió el local tras el Estado de Alarma trabaja sin cobrar nada.
El Trabajador Transfronterizo aunque cuenta con contrato laboral, está dado de alta en Seguridad Social con un contrato de 20 horas semanales cuando en realidad realiza alrededor de 18 horas diarias, a cambio de unos 600 € mensuales, situación que se ha prolongado desde el año 2005 hasta ahora (15 años).
En ambos casos sufrían de manera cotidiana insultos y agresiones verbales para que realizaran mejor y más rápido su trabajo e incluso amenazas de agresión física cuando solicitaban una mejora en sus condiciones laborales.
En cuanto a su SITUACIÓN PERSONAL los detenidos aprovechaban de manera inhumana la extrema vulnerabilidad de la situación familiar y económica de las víctimas, las cuales son el único sustento para sus familias residentes en Marruecos; dormían en el interior del local en colchones en el suelo y se aseaban en los lavabos de los clientes, en condiciones sanitarias y de ventilación insalubres, las cuales eran un peligro tanto para ellos como para los clientes. Comían por la noche, tras su jornada laboral, los alimentos provenientes de la caridad de los vecinos de las viviendas colindantes.
Los dos DETENIDOS COMO RESPONSABLES DE EXPLOTACIÓN LABORAL (delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros), son de nacionalidad española, padre e hijo, de 60 y 32 años de edad, gerente y encargado del citado establecimiento respectivamente, quienes habrían dejado de abonar a la Seguridad Social en concepto de impago de cuotas por estos dos trabajadores unos 60.000 €.
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