El polémico proyecto que busca someter el poder judicial al legislativo

No pinta demasiado bien el paisaje que se cierne, o para ser más preciso, en estas últimas jornadas con la reforma judicial proyectada por el Gobierno del Estado de Israel dirigido por Benjamín Netanyahu (1949-73 años) e integrado por diversas fuerzas ultraderechistas y ultraortodoxas, ha sumergido al país en una crisis constitucional de envergadura. Y es que, la legislación ha promovido las mayores protestas de la historia de Israel con un récord de concurrentes, después de que el primer ministro destituyera al ministro de Defensa, Yoav Galant, por requerir nada más y nada menos, que suspender su tramitación.

La proposición inducida por el ministro de justicia, Yariv Lenin, posee entre sus principales focos entregar al Parlamento más control sobre el aparato judicial, lo que se ha condenado como una tentativa del Gobierno de coalición de explotar su dominio de la Knéset para coartar la administración de justicia.

El Instituto para la Democracia en Israel ha expuesto que el “objetivo explícito” del ofrecimiento es “debilitar la capacidad del aparato judicial al supervisar la acción de las ramas ejecutiva y legislativa”, lo que podría poner en serio aprieto la fórmula democrática y las libertades civiles.

Estaría refiriéndome a uno de los matices que más controversia ha levantado, ya que erigiría los fallos del Tribunal Supremo sobre una legislación sancionada por la Knéset en una “recomendación” que el Parlamento podría saltarse en caso de que la corte se pronunciara que es una ley “inconstitucional”.

Es sabido que Israel no cuenta con una Constitución propiamente formal y aglutina una serie de leyes básicas que sistematizan la separación de poderes, y que el Supremo utiliza como punto de partida a la hora de establecer si las leyes admitidas por el Parlamento se acomodan a este marco legal o son un quebrantamiento o desacato del mismo.

Los que visiblemente se contraponen a esta Ley contemplan esta cláusula como una clara transgresión de la separación de poderes y de la independencia judicial, así como una intimidación para la democracia. Otro de los carices más censurados de la proposición es la puesta en escena de numerosos cambios a la hora de elegir a los componentes del Comité de Nombramientos Judiciales, otorgando al Ejecutivo la autoridad competente para escoger a los integrantes del Tribunal Supremo.

A día de hoy, el comité responsable de encomendar la designación de jueces se compone de nueve miembros, entre magistrados en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados, miembros de la Knéset y del Gobierno, de manera que se demanda un acuerdo entre todos para nominar a los jueces.

Dicho esto, este sistema se constituyó en 1953 cuando el Gobierno y la Knéset transfirieron sus competencias a la hora de designar a jueces, que por aquel entonces obedecía a la recomendación del Ministerio de Justicia y aprobación del Parlamento de la proposición del Gobierno en el caso de los integrantes del Tribunal Supremo.

La reforma pretende aumentar a once los sujetos del comité y variar su hechura: tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición. Esto concedería al Gobierno una mayoría de seis miembros sobre once. La iniciativa ambiciona que los asesores legales de los ministerios sean llamados por las fuerzas políticas. Amén, que hasta este momento eran expertos independientes inspeccionados por el Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo, los criterios de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.

De este modo, los ministros adquirirán total control para designar o apartar a los asesores, lo que para los contrarios de la reforma entraña una evidente politización de las intervenciones judiciales.

“Con el beneplácito cómplice de la primera Ley de reforma judicial y la democracia en juego, esta situación insólita ha provocado un sinfín de protestas como nunca antes habían sucedido en Israel”

Entre tanto, la oposición crítica que este camino convertiría a los asesores en complementos propiamente de las fuerzas que intervengan los ministerios, en lugar de figuras públicas independientes cuyo propósito pasa por procurar opiniones legales sobre las acciones que tomen los ministerios y que están sometidos a la Fiscalía General. Según el Instituto para la Democracia en Israel, este contexto significaría que una vez que se expongan fórmulas por parte de los ministerios, no se podrá admitir que han sido examinadas de forma apropiada y en línea con las legislaciones del país, comprendidas las leyes básicas.

Igualmente, la reforma vislumbra acortar la transcendencia del concepto de ‘razonabilidad’ por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier fallo gubernamental, abarcando la designación de cargos públicos, en base a si contemplan las medidas ‘razonables’ o ‘irrazonables’.

El Tribunal Supremo consideró ‘irrazonable’ la distinción como ministro del Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses más tarde que se le acusara por estafa fiscal y esquivara la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se aventuraba a abandonar la vida política.

Con estos antecedentes preliminares, el Gobierno de coalición israelí encabezado por Netanyahu se ha mostrado dispuesto a atemperar el Proyecto de Ley para la reforma judicial después de la cadena humana de protestas, y posponer su tramitación parlamentaria para procurar llegar a un acuerdo con un cambio de actitud desde sus posicionamientos maximalistas, tras la conversación telefónica mantenida con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (1942-80 años), que le ha invitado a buscar el consenso.

“Le estamos tendiendo una mano a cualquiera que se preocupe genuinamente por la unidad nacional y el deseo de llegar a un acuerdo acordado”, matiza el comunicado gubernamental. Pero el líder de la oposición, el ex primer ministro, Yair Lapid, ha desechado la oferta al afirmar que no han existido cambios importantes. “La propuesta más reciente de la coalición es un borrador para la toma hostil del sistema judicial”, ha señalado Lapid. A su vez, ha comunicado que presentará un recurso ante el Supremo en contra del procedimiento de elección de jueces.

Si bien, “la propuesta supone la corrección de una injusticia histórica: por primera vez, se cancelará el veto automático de los jueces en el comité de selección de jueces para que sea posible el equilibrio y la diversidad en la composición de la Corte Suprema, eliminando a los representantes del Colegio de Abogados”, asevera literalmente la declaración de la coalición.

El comité de selección saltará de nueve a once miembros, como se había diseñado anteriormente, pero se circunscribe el influjo del Gobierno. En el Proyecto de Ley inicial ese panel abarcaría cuantitativamente a tres ministros, dos legisladores de coalición y dos figuras públicas designadas por el Gobierno, con una mayoría de siete votos frente a cuatro.

Con la variación encajada, el comité estará satisfecho por tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición, lo que le concedería al Ejecutivo una mayoría más apretada y otorgaría más margen para el pacto negociado de los candidatos al Supremo.

Entre las aspiraciones legislativas de la reforma que quedarán pendientes de fraguarse, destaca la Ley sobre la “cláusula de anulación”, que permite revestir leyes para que no sean presentadas al registro del Supremo en caso de que contengan caracteres que vulneren la Ley Básica de Israel con rango constitucional; o la Ley que autoriza que los cargos de asesores legales de los ministerios sean tomados por políticos.

El Gobierno israelí ha impugnado una proposición alternativa de reforma judicial del presidente israelí, Isaac Herzog, que exploraba la reconciliación de la nación, inmersa en una quiebra social sin precedentes y al borde de un cataclismo constitucional.

Como inicialmente he expuesto, el ministro de Defensa ha deshecho la posición del Gobierno israelí para demandar una suspensión de la tramitación parlamentaria de la polémica reforma judicial, que anticipa una amenaza para la desmembración de poderes. “Nunca he visto el nivel de odio y dolor que veo ahora. La división en la sociedad llega hasta el ejército y ello supone un peligro inmediato y tangible a la seguridad del Estado. No voy a ceder a esto. Necesitamos cambiar la judicatura, pero los cambios importantes deben hacerse con diálogo. El proceso legislativo debe ser detenido”, ha asegurado al pie de la letra en un discurso emitido por televisión.

Galant, ha puesto énfasis en sus palabras que no ha titubeado a la hora de decir que “la seguridad de Israel es el objetivo de mi vida. Incluso ahora estoy dispuesto a asumir el riesgo y a pagar el precio. Las amenazas que nos rodean son inmensas, cercanas y lejanas”.

Lo cierto es que la disociación política de Israel se hace cada día más insostenible. El controvertible proyecto de reforma judicial que pretende oprimir el poder judicial al legislativo, ha hecho notorio una oposición interna entre las dos voluntades que pugnan: primero, la que desea un estado más religioso y conservador y, segundo, la que anhela una nación laica y liberal. Simultáneamente, las reivindicaciones sobre los departamentos palestinos del Gobierno israelí, se están cobrando una víctima insospechada: el más beneficioso y antiguo socio de Israel, Estados Unidos. Recuérdese, que Israel ha convivido con un refinado contrapeso entre ser o no ser, un estado judío y un estado democrático. Y Netanyahu lo ha agotado optando por un estado judío. De ahí, que los nexos entre Israel y Estados Unidos estén permutando por las inercias nacionalistas y ultraderechistas del ejecutivo reinante.

Curiosamente, antes no incumbía demasiado quién gobernara en Washington, ya fuesen demócratas o republicanos. Ahora se observa que los demócratas se están desligando de Israel.

En las últimas jornadas, secuaces y contrincantes a la reforma judicial han llevado a cabo sendos despliegues de fortaleza. Me explico: primero, la Knéset, ha suscrito una Ley fundamental en el proyecto legislativo de Netanyahu que acaba con la capacidad del Tribunal Supremo para anular los fallos del Ejecutivo. La norma se estableció con las papeletas a favor de la coalición de Gobierno y los votos en contra de la oposición en pleno. Y segundo, la corriente ciudadana opuesta a la reforma judicial, emplazó a manifestaciones multitudinarias.

A resultas de todo ello, cientos por miles de individuos obstaculizaron las principales arterias de Israel, tratando de irrumpir en el aeropuerto de Ben Gurion y las muchas protestas realizadas en ciudades emblemáticas como Jerusalén, Tel Avic, Beersheba o Haifa. Las fuerzas de seguridad hubieron de echar mano de cañones de agua y cargaron a caballo, hiriendo a varias personas.

Además de la Ley que se eligió y que indiscutiblemente debe aprobarse, la reforma judicial aspira a que cualquier máxima confirmada por el Parlamento y anulada por el Tribunal Supremo pueda ratificarse por mayoría absoluta en la Knéset. También quiere reducir la independencia del Supremo, dando mayor protagonismo al Gobierno sobre la designación de los jueces. Sin inmiscuir, terminar con la independencia de los asesores jurídicos del Ejecutivo, un retrato preconcebido para garantizar la transparencia y perseguir la corrupción. En cierta manera, si se da luz verde a la reforma judicial, Israel dejará de ser un estado democrático dentro de su centralidad, con un sistema extenuado de equilibrios entre los tres poderes, con una única cámara legislativa y un engranaje político quebradizo a nivel local. Queda claro, que el único poder que puede hacer frente al Gobierno es el Tribunal Supremo.

Otra Ley del proyecto de reforma judicial indaga tener un as bajo la manga al mismo Netanyahu ante los hechos de corrupción que tiene acumulados. El principio que se sancionó por el Parlamento, está dispuesto a proteger al primer ministro ante la probabilidad de ser ‘recusado’ o declarado ‘no apto’ para ejercitar sus cargos, en caso de ser procesado en sus juicios por soborno, abuso de confianza y fraude.

En este aspecto, la reforma judicial compensa en gran parte los intereses particulares de Netanyahu. Él tiene sus propios inconvenientes con el sistema legítimo. Con anterioridad a estas discordancias estaba en contra de modificar el poder judicial. Y de hecho, emitió su voto en contra de las fórmulas que quisieron pasar de un extremo a otro.

Visto lo anterior, la tendencia que se resiste a la reforma judicial está conformada por la oposición íntegramente, desde centristas a liberales y progresistas y formaciones árabes, y por un conjunto de ilustrados, recursos humanos concernientes a empresas de tecnología, organizaciones civiles y reservistas del ejército. Estos últimos aglutinan las unidades militares más destacadas, además de los ciudadanos que sufragan más impuestos.

Por sí mismos, estos grupos no poseen el ímpetu como para atajar la reforma, pero el apremio que pueden desplegar los reservistas, cerrándose en banda a prestar su servicio y el peso de todos juntos frente a los Estados Unidos y la economía, podrían ponderar en la medida.

Entre los seguidores de la reforma judicial se halla el partido de Netanyahu, el Likud, de corte enteramente conservador, no soslayando a sus socios en esta legislatura: cinco fuerzas de extrema derecha y religiosos. La coalición respalda que la reforma judicial eximirá al ejecutivo y el legislativo de un extremo control de los jueces, al tiempo que acatará la voluntad de la ciudadanía. Los partidos del Gobierno entienden que los comicios de 2022 fueron algo así como un plebiscito que afianzaba la reforma judicial, ya que consiguieron 64 de los 120 diputados del Parlamento.

Pese a todo, el contraste en la cuantificación de votos fue minúscula: 30.000 papeletas. El bloque conservador logró el 49,57% de los votos, mientras que el bloque anti-Netanyahu el 48,94%.

No obstante, según antecedentes del ‘Democracy Index’ 2022 desarrollado por el ‘Israel Democracy Institute’ y editado en los inicios de 2023, es incuestionable que en los últimos trechos Israel ha dado un volteo sustancial hacia la derecha, con un 62% de los residentes definiéndose como conservadores, de cara al 24% que se retrata de centro y el 11% de izquierdas. Esta coyuntura es todavía más acuciante entre los jóvenes y los judíos religiosos: más del 70% de los israelíes de entre 18 y 34 años se encuadran en la derecha y más del 74% de los ultra ortodoxos y el 82% de los nacionalistas religiosos se identifican como conservadores.

Hay que tener en cuenta que los resultados de los últimos comicios fueron adversos para las fuerzas progresistas. El partido laborista que ha facilitado once primeros ministros a Israel, dejó atrás a tres de sus siete diputados y ocupa el último puesto dentro del Parlamento. Y qué decir del partido izquierdista y pacifista Meretz, sorprendentemente pasó de seis a cero escaños, malogrando cualquier representación en la Knéset desde su fundación en 1992.

“El controvertible proyecto de reforma judicial que pretende oprimir el poder judicial al legislativo, ha hecho notorio una oposición interna entre las dos voluntades que pugnan: primero, la que desea un estado más religioso y conservador y, segundo, la que anhela una nación laica y liberal”

En paralelo, la expectación de los israelíes en sus instituciones ha caído en seco, y cada vez más ciudadanos judíos están por la labor que los valores religiosos deberían estar por encima de los democráticos. En atención al ‘Democracy Index’, los organismos del estado perdieron puntos con relación a años anteriores, siendo las fuerzas políticas las peor evaluadas. En 2022, únicamente el 8,3% de los encuestados se fiaba de las formaciones políticas, frente al 21,2% de media en las anteriores publicaciones del análisis. Además, el 43% de los judíos israelíes percibe que el matiz religioso del estado debería ser más primordial que el democrático, frente al 26%, mientras que el 30% considera que es preciso que exista un equilibrio.

Por otro lado, Estados Unidos no ha estado al margen del entorno de fragmentación que se vive en Israel, ni de la radicalización de las políticas del Gobierno con respecto a Palestina. En una entrevista reciente concedida a la CNN, Biden, sostuvo que el Ejecutivo de Netanyahu es “uno de los más extremistas” que ha visto en su recorrido político. Aunque insistió sobre el apoyo a Israel, afirmó que los socios ultraderechistas del primer ministro son “parte del problema” en el entramado árabe israelí, en razón de acreditar miles de nuevos asentamientos colonos “donde les apetece”.

La Unión Europea (UE) ha denotado que la reforma judicial puesta en movimiento condiciona el devenir del Tribunal Supremo y atenúa su poder, demandando al Gobierno un acuerdo de compromiso que sea admisible para la ciudadanía y fuerzas políticas israelíes. Tras la conformidad de la primera Ley de la reforma judicial, la diplomacia europea ha exhibido su inquietud por que esta norma “limite la capacidad del Tribunal Supremo israelí de llevar a cabo revisiones judiciales de las decisiones del Gobierno y debilite así su papel y su supervisión judicial”.

La tesis de reforma judicial mostrada por Netanyahu ha recibido una nueva cresta de movilizaciones en todos los niveles, algo que para la UE es un signo de que una parte notable de la sociedad israelí está agitada por la reforma y de que nos estamos refiriendo a una democracia oscilante.

Los críticos con la reforma atan cabos de que se trata de un ataque en toda regla a la estabilización de poderes de Israel, esencialmente, a los cimientos en las que se sitúa la democracia, ya que confiere al Parlamento una autoridad excepcional para acortar las competencias judiciales. Asimismo, Estados Unidos ha objetado que la primera cláusula emitida en el Parlamento israelí haya sido aceptada por la mínima y ha subrayado que los “cambios importantes de una democracia” deben “tener el mayor consenso posible”. En este rumbo, ha respaldado al presidente israelí, Isaac Herzog, en “su intento por construir un consenso más amplio o a través del diálogo político”.

En consecuencia, con el beneplácito cómplice de la primera Ley de reforma judicial y la democracia en juego, esta situación insólita ha provocado un sinfín de protestas como nunca antes habían sucedido en Israel.

La norma que inhabilita la doctrina de la ‘razonabilidad’ que autorizaba al Tribunal Supremo examinar y revocar decisiones o designaciones gubernamentales, ha inducido a que varios medios de comunicación y empresas se ensamblen a la ciudadanía en los reproches. La reforma otorga al Parlamento una atribución desmedida para acordonar las competencias judiciales, apartándose de un sistema democrático.

Tal es así, que cinco de los principales rotativos israelíes, como el ‘Haaretz’, ‘Yediot Ahronont’, ‘Calcalist’, ‘The Marker’ y hasta el oficialista ‘Israel Hayom’, se han editado con sus portadas en negro enlutado y el recado retórico textual de “un día negro para la democracia israelí”.

Sobraría mencionar en estas líneas, que en las vías y avenidas miles de individuos se han revelado contra la reforma. Hoy por hoy, la ciudad de Tel Aviv es el foco candente de las protestas donde llevan cerca de seis meses aflorando en las críticas. Los grupos del movimiento antirreforma han dicho que van a “luchar hasta el final contra el Gobierno de destrucción”.

Finalmente, el líder de la oposición difundió abiertamente que apelaría ante el Supremo la Ley admitida en el Parlamento y pidió a los manifestantes a “no rendirse porque la batalla no ha terminado”. Por el contrario, Netanyahu, escudó la abolición de la doctrina de la ‘razonabilidad’, replicando que esta permite puntualmente “que el Gobierno electo pueda conducir la política de acuerdo con la decisión de la mayoría de los ciudadanos del país”.